VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Exigen aplicar al caso la jurisdicción universal

Un fraude, la estrategia de la defensa de Cavallo: abogados

Ť Impunidad detrás del "principio de territorialidad", sostienen Ť Maniobra para eludir la justicia, dice ombudsman

Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 9 de noviembre Ť Carlos Slepoy, abogado de la acusación popular en el proceso contra los militares represores argentinos, entre ellos Ricardo Miguel Cavallo, aseguró hoy que la pretensión de la defensa de Cavallo de que sea extraditado a Argentina, apelando al "principio de territorialidad", es una "antigualla" que busca encubrir en realidad la impunidad vigente en el país sudamericano.

El equipo jurídico que representa a las víctimas de la dictadura militar (1976-1983) ante la Audiencia Nacional de España exigió el cumplimiento de la "jurisdicción universal", para evitar que a través de "apelaciones fraudulentas" se evite la entrega de Cavallo a la justicia española, donde está acusado de los delitos de genocidio, terrorismo y tortura.

Ya fueron entregados a los tribunales mexicanos los testimonios y las pruebas que documentan la participación del ex director del Registro Nacional de Vehículos (Renave) en 350 actos delictivos en su época de capitán de corbeta de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), uno de los centros de exterminio más activos de la dictadura de los generales Jorge Videla y Emilio Massera.

José Scelzi, representante de Cavallo, anunció que la defensa pidió al juez argentino Adolfo Bagnasco que su defendido sea trasladado a Argentina, en "oposición al requerimiento de detención y extradición que el juez español Baltasar Garzón pidió ante las autoridades federales de México".

La defensa del militar represor, también conocido como Marcelo y Sérpico, apeló a los principios de territorialidad, nacionalidad, reciprocidad y defensa.

Al respecto, Slepoy señaló a La Jornada que "el hecho de que la defensa apele a los principios de territorialidad y nacionalidad es una antigualla".

Agregó: "Es algo que en su momento fue objeto de una gran polémica, pero a partir del avance de este procedimiento, de la detención de Pinochet, de la resolución que dictó el pleno de la Audiencia Nacional de España, de la resolución de los lores británicos, queda claro que hay crímenes para los cuales no existe el principio de territorialidad; o, si existe, pero no aplica, debe existir otro criterio, que es de la jurisdicción universal. Por tanto, esta es una alegación y una defensa absolutamente insostenibles, y lo que encubre es alegar el principio de impunidad y no el de territorialidad".

No obstante, dijo el jurista argentino, "a nosotros nos parecería maravilloso que si efectivamente va a ser juzgado por los delitos por los que le acusa Garzón, que sea extraditado a Argentina. Por ende, si este caso lo que hace es lograr abrir la posibilidad de que Cavallo sea juzgado por genocidio en Argentina, bienvenida sea la extradición a Argentina. Lo que pasa es que en este momento, y tal y como están las cosas en Argentina, esto no parece viable. Entonces esto suena más a un intento de impedir la extradición a España y el juzgamiento".

Legitimidad de tribunales españoles

Slepoy explicó que los tribunales españoles tienen "toda la legitimidad" para juzgar a Cavallo por los delitos que se le imputan, pero que "sería deseable que si en un momento llegáramos en Argentina al punto de que se ignoraran las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y se juzgara por los delitos de genocidio, habríamos logrado el objetivo final que tienen estos procedimientos en el mundo, que es que se juzguen estos delitos en Argentina. No hay obstáculos insalvables para el juzgamiento en Argentina, ya que desde luego son aberraciones jurídicas las que lo impiden, y que lamentablemente la impunidad es la regla vigente también en Argentina".

Para el representante judicial de las Madres de la Plaza de Mayo, Manuel Olle, la estrategia de la defensa de Cavallo "es absolutamente fraudulenta, y la única finalidad que tiene es el fraude de ley; intentar vulnerar el convenio bilateral de extradición entre España y México. Se busca eludir con una artimaña legal, y por tanto en fraude de ley, la legítima extradición solicitada por las autoridades españolas".

Olle, un experto en materia de extradición, explicó que "cualquier demanda de extradición se basa en la confianza recíproca entre dos estados, por tanto, si España ha enviado toda la documentación necesaria para decir que es competente, entendemos que México no tiene incluso por qué entrar a valorar y, en segundo lugar, respecto del principio de reciprocidad, recordar a las autoridades mexicanas que España ha concedido muchísimas extradiciones, incluso de propios nacionales españoles, con base en el principio de justicia universal".

Olle explicó que las posibilidades que tiene Cavallo de evitar la extradición a España "son nulas" y que, aun en el caso de que la justicia argentina presentase una petición de extradición a los tribunales mexicanos, "entendemos que tiene plena preferencia la solicitada por España, con base en que la pidió primero; a que son delitos de lesa humanidad, y a que están regulados en el tratado internacional para la prevención y la sanción del delito de genocidio".

Por ultimo, la presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de Argentina en Madrid, Mónica Cabaña, afirmó que "es una situación absolutamente anómala", pues se trata de "una maniobra para garantizar la impunidad por los delitos por los que está acusado, puesto que en Argentina existen las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, si bien es una maniobra que creemos que no puede prosperar".