VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Reunión de mandatarios perredistas con diputados

Programas sociales al fuero estatal, piden gobernadores

Ť Evitaría que sean empleados con fines electorales, señala la jefa del GDF Ť Plantean además repartición equitativa de los excedentes de la extracción petrolera, incremento del fondo de apoyo a las entidades y potestades tributarias en IVA e ISR

David Aponte y Ciro Pérez Silva Ť La Asociación Nacional de Gobernadores (Anago) solicitó a la Cámara de Diputados que en el presupuesto federal del 2001 se trasfieran los recursos de los programas de combate la pobreza, entre ellos el Progresa, a los gobiernos municipales y estatales, a fin de evitar que sean utilizados con fines políticos y partidistas.

La jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga, propuso además que el gobierno federal reparta de forma equitativa los excedentes de la extracción petrolera entre los gobiernos locales.

En una reunión con los diputados que integran la Comisión de Programación y Cuenta Pública, la Anago presentó un proyecto para incrementar en el próximo ejercicio el fondo de apoyo a las entidades, creado en el presupuesto federal del 2000, de 9 mil millones de pesos a 11 mil 190 millones.

La jefa de Gobierno del Distrito Federal y los gobernadores de Baja California Sur, Leonel Cota; de Nayarit, Antonio Echevarría; de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, y de Zacatecas, Ricardo Monreal, comenzaron el cabildeo para la Ley de Egresos de la Federación del próximo año.

Los integrantes de la Anago dialogaron con los diputados encargados de la negociación del presupuesto del 2001 y con los coordinadores parlamentarios del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, y del PRD, Martí Batres Guadarrama, sobre las necesidades de los gobiernos estatales.

Robles Berlanga hizo una presentación de la propuesta de la Anago, con el argumento de que la Cámara de Diputados tiene que ayudar a fortalecer económicamente a los gobiernos locales más allá de posiciones partidistas.

Al respecto, planteó un incremento del fondo general de participaciones de 20 a 23 por ciento de la recaudación federal; que se trasfiera a los gobiernos estatales 23 centavos de cada peso recaudado, y que se incluyan en la recaudación federal de los derechos extraordinarios y el adicional sobre la extracción de petróleo.

Los recursos del fondo estatal, 11 mil 190 millones de pesos, podrían ser distribuidos de la siguiente manera: 40 por ciento de acuerdo con la población, 40 por ciento en proporción directa al producto interno bruto y 20 por ciento en partes iguales.

Los gobernadores plantearon que el gobierno federal determine el costo para la conclusión del proceso de descentralización en los sectores educativo y salud, a fin de incluirlo en el presupuesto de egresos federal.

Monreal advirtió que las autoridades de Zacatecas romperían estos acuerdos, porque los estados no tienen recursos para homologar a los servidores públicos, profesores, médicos y enfermeras, que han sido trasferidos a las localidades y que ahora también están solicitando el pago de bono sexenal.

La jefa de Gobierno del Distrito Federal expuso la necesidad de incluir a la ciudad de México en el fondo para el fortalecimiento de los municipios, porque los capitalinos ''no somos ciudadanos de segunda''.

En materia de potestades tributarias, los mandatarios estatales pidieron que la autoridad federal ceda a las entidades la recaudación de los impuestos sobre la renta y de valor agregado de los contribuyentes, personas físicas con actividades empresariales, que en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido sus ingresos al millón de pesos

Robles Berlanga pidió que la Cámara de Diputados trasfiera los recursos de los programas contra la pobreza, entre ellos el Progresa, a los gobiernos estatales y municipales, para que las autoridades elaboren los criterios y los padrones de los beneficiarios. De esta forma, las autoridades locales acabarían con la discrecionalidad y el manejo político de los subsidios, indicó.

Calderón Hinojosa y Batres Guadarrama comentaron que los diputados están en la mejor disposición de analizar la propuesta de la Anago y en la aplicación de reglas claras para la distribución de los recursos federales hacia las entidades.