VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Carlos Montemayor Ť
ƑHay grupos paramilitares en Chiapas?
La reciente detención de algunos integrantes del grupo Paz y Justicia ha vuelto a poner sobre la mesa de discusión nacional el papel de los grupos paramilitares en la guerra de Chiapas. Particularmente, ha vuelto a poner al día la necesidad de aclarar por qué surgieron y por qué forma parte de una estrategia militar.
Para explicarlo recordemos primero el análisis de la composición del EZLN, que en los primeros días de 1994 dio a conocer a diversos periodistas el entonces comandante de la Séptima Zona Militar de Chiapas, el general Miguel Angel Godínez:
"Pienso que es un grupo de individuos preparados en cuestiones de guerra, bien entrenados y bien armados. Sin embargo, creo que el grupo con estas características es pequeño. Hay después otro grupo, al cual estas personas han tratado de arbitrear y llevado a lugares cercanos a las poblaciones o dentro de la selva para darles instrucción militar; este grupo es más numeroso que el primero y cuenta con armas, creo yo, de bajo calibre. Y hay otros grupos que realmente son los simpatizantes, los vecinos de las localidades alrededor de donde se encuentran estas personas y que en su mayoría no cuentan con armas directamente, aunque tienen simpatía por estos individuos".
Esta descripción se propuso deslindar el núcleo militar entrenado y bien armado y los diversos círculos o anillos que lo protegen. El primer anillo es de milicianos mal armados y mal entrenados. El segundo es de bases sociales simpatizantes. Aunque el general no lo afirmó en ese momento, el ejército consideró otro círculo invisible: la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Por lo tanto, la guerra contra el núcleo armado implicaba una estrategia de combate para desactivar el anillo invisible de la diócesis y los círculos de las bases sociales y de los milicianos.
Así pues, primero se propusieron desactivar el anillo invisible: la Conai y la diócesis, que eran las puertas abiertas hacia un amplio corredor de observadores, periodistas y organizaciones de defensa de derechos humanos internacionales y nacionales. Esta parte de la estrategia no requirió de intervención militar, pero permite hoy la privacidad necesaria para los siguientes operativos.
Para desarticular las bases sociales de apoyo zapatista no recurrieron tampoco a contingentes militares: emplearon a otros grupos indígenas armados. Desde el norte de Chiapas, desde la región chol, desde la matriz de Socama, los grupos armados extendieron su actividad en más de 70 municipios a los tres años de su formación. Estas fuerzas paramilitares entrenadas, armadas y protegidas por el ejército y la policía han producido ya millares de familias desplazadas en las Cañadas, en los Altos y en el norte; el incendio de millares de viviendas, parcelas y cosechas; la muerte de centenares de simpatizantes zapatistas. El segundo cordón de protección visible es neutralizado, pues, vía grupos paramilitares.
El siguiente círculo de protección se desintegra con un cerco militar cada vez más exitoso, que está perfectamente documentado en numerosos reportajes de diarios nacionales e internacionales, como lo sabe todo lector de La Jornada. Además del cerco militar, se ha echado mano de otro elemento estratégico: el derrame presupuestal para proyectos de desarrollo regional con una lógica selectiva, en zonas donde se fortalecen los grupos paramilitares. Igualmente, se han abierto carreteras y caminos de terracería, útiles para el mejor desplazamiento del equipo pesado militar.
Ahora bien, esta guerra empezó en fecha temprana, como lo demuestro en la novela Los informes secretos. No afirmo que el documento militar que aparece en la novela sea el que aplica actualmente el Ejército Mexicano, pero sí que se trata de uno de los documentos que sirvieron de base para la estrategia finalmente acordada. El documento quedó elaborado entre los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre de 1994, y empezó a aplicarse cuando se celebraban las primeras reuniones de San Andrés, en 1995.
En la sección llamada "Plan General de Maniobra Estratégica Operacional para destruir la estructura política y militar del EZLN y mantener la paz" se describe un apartado de Asesoramiento para grupos paramilitares que el documento designó "fuerzas de autodefensa civil". Se trataba de conseguir el apoyo de comunidades no zapatistas a proyectos de desarrollo social impulsados por ejército y las autoridades políticas bajo una estrategia de guerra. Según el documento, correspondía al ejército adiestrar y apoyar a las fuerzas de autodefensa o grupos paramilitares. El final de la sección es contundente: "en caso de no existir fuerzas de autodefensa civil, es necesario crearlas".
En otro apartado titulado "Segunda Fase de la Campaña Ofensiva" se enlistaron varios procedimientos en cuatro principales bloques. Estos son los objetivos del primer bloque: "el desplazamiento forzado de la población que simpatiza con el zapatismo; la neutralización de actividades de la diócesis de San Cristóbal de las Casas; la captura y expulsión de extranjeros perniciosos; la muerte o control de ganado equino y vacuno; la destrucción de siembras y cosechas; el empleo de grupos paramilitares o de autodefensa civil".
Es claro que en el lenguaje oficial no existen grupos paramilitares, pues sólo se reconocen grupos de autodefensa civil, designación temprana que, lógicamente, el grupo Paz y Justicia se aplicó a sí mismo. Es claro también que estamos hablando de una estrategia de guerra que desde finales de 1997 y abiertamente desde principios de 1998 fue anulando, primero, la diócesis; después, las bases sociales de simpatizantes; luego los grupos milicianos, preparando el camino para un golpe de mano. En otras palabras, es una guerra. No una guerra de baja intensidad, porque no es un problema de teorización sociológica. Es el momento de comprender que tenemos que frenar una guerra. No de creer que el diálogo se ha interrumpido, no, sino de entender que debemos frenar una guerra.
Y esto se conseguirá, de manera esencial, con el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Tal desmantelamiento debe corresponder al ejército, antes de su eventual retiro. Y será necesaria también una compleja negociación con estos grupos y las comunidades que los protegen. Es otro diálogo pendiente, que tampoco podrá resolverse en 15 minutos.