JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Paz y Justicia planea "revancha", denuncian campesinos

Alertan sobre posible levantamiento armado de grupos paramilitares

Ť Agrupaciones indígenas piden a Fox la reubicación de tropas

José Gil Olmos Ť El reacomodo inmediato de las tropas militares a las posiciones que tenían antes de 1994, respeto a los acuerdos de San Andrés, una ley de biodiversidad para evitar el saqueo de la selva Lacandona y de otras regiones naturales de Chiapas, así como la construcción de un acuerdo político para que emerja un nuevo pacto social en el estado demandaron al presidente y gobernador electos, Vicente Fox y Pablo Salazar, respectivamente, unas 20 agrupaciones que participaron en el foro Desmilitarización, pueblos indios, desarrollo y biodiversidad.

A escasas tres semanas del comienzo del nuevo gobierno federal, la agrupaciones se sumaron a la exigencia de los habitantes de la comunidad Amador Hernández para que Fox anule de inmediato el decreto de expropiación del pasado 18 de octubre, firmado por el actual presidente Ernesto Zedillo, mediante el cual el Ejército se apropió de 8 hectáreas del ejido para instalar un cuartel, a pesar de las protestas de los indígenas.

Los campesinos y agrupaciones que participaron en el foro -efectuado en Chiapas el 6 y 7 de noviembre- advirtieron que son víctimas de un despojo y una provocación, pues la apropiación se hizo sin fundamentos y a pesar de que interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en agosto del año pasado y un amparo agrario el 20 del mismo mes ante el juez primero de distrito en Tuxtla Gutiérrez.

Agrupaciones como la ARIC Independiente, Unorca, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, CIOAC, COAO, OPEZ y las Organizaciones de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (OPEACH), y Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP), entre otras, manifestaron su apoyo al próximo gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, "siempre y cuando atienda las causas y demandas sociales, la paz y que tome en cuenta la representación indígena y campesina en su gobierno".

En un largo documento lanzaron un manifiesto denunciando el olvido, opresión, racismo y represión militar que sufren los pueblos indios de Chiapas y otras entidades del país.

"Cuando reclamamos justicia, democracia y solución a los rezagos sociales, nos responden con la implementación de la política militar represiva, violación a nuestros derechos humanos, asesinatos a indígenas y mestizos, encarcelamientos sin delitos reales, masacres como la de Acteal, desaparición de líderes, desalojos y expulsiones de tierras, órdenes de aprehensión y guerra de baja intensidad", plantearon en el documento.

Señalaron que la presencia de las fuerzas armadas obedece al control del territorio, mediante el cual se trata de imponer un cerco político, económico y social.

"La militarización la entendemos como la presencia e influencia del aparato del Estado bajo el pretexto de la seguridad nacional; el combate al narcotráfico, al terrorismo y la ingobernabilidad(...) Entendemos que es el interés por el control territorial, la biodiversidad, el agua, petróleo, electricidad, uranio y que los indígenas somos un obstáculo para la explotación, industrialización, la bioprospección de estas riquezas naturales", expusieron los campesinos e indígenas chiapanecos.

Preocupados por sus derechos preguntaron dónde éstos han quedado ante la creciente presencia castrense, ya que calcularon que en todo Chiapas existen 655 puntos "geográficos policiaco-militares en absolutamente el cien por ciento de los municipios".

Criticaron la excesiva presencia de las tropas armadas, que según algunas agrupaciones sociales y de derechos humanos puede ser de entre 60 y 70 mil efectivos en la entidad. La Secretaría de la Defensa "es una de las instituciones que cuentan con mayor presupuesto de 1994 a 1999, (pues) gastó 46 mil 600 millones de pesos", informaron.

Luego expusieron un manifiesto entre cuyos puntos destacan: alto a la política neoliberal y a la globalización que sólo provoca miseria; establecer una política justa en el campo e implementar una ley sobre el desarrollo rural; que se elabore una ley en materia de bioseguridad y de biodiversidad, consensuada con los pueblos y comunidades para evitar la apropiación de las plantas, especies y microorganismos por parte de cualquier grupo o empresa trasnacional.

Asimismo, que se cumplan los acuerdos de San Andrés y se adicionen a la Constitución retomando la iniciativa sobre derechos y cultura indígenas elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Pidieron la solución a fondo de las demandas sociales, porque "no puede haber paz ni desarrollo sin justicia, democracia y libertad"; además de la planeación y organización de una nueva política económica más justa y con una visión de desarrollo sustentable.

Exigieron la reubicación del Ejército; que el gobierno cumpla con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto al derecho de los pueblos y comunidades a disfrutar de los recursos naturales de sus respectivos territorios; que el gobierno reconozca el concepto de "pueblos indígenas, autonomía, libre determinación y territorio"; y ratifican el acuerdo de San Gregorio en cuanto a que los indígenas son los "guardianes y defensores de la reserva de la biosfera de Montes Azules".

Hicieron un llamado para que la sociedad chiapaneca establezca un nuevo pacto social y convocan a todas las fuerzas políticas de la entidad a construir de nuevo una alianza para las elecciones locales para diputaciones y presidencias municipales en el 2001.

Exigieron al presidente electo, Vicente Fox Quesada, que ordene el retiro al Ejército de sus comunidades, nulifique el decreto presidencial de expropiación de tierras del ejido Amador Hernández, reduzca el número de efectivos militares y redistribuya el aumento presupuestal de la Sedena hacia el desarrollo de las comunidades.

De la misma manera demandaron, tanto al gobierno federal como al local, cancelar los programas asistencialistas y que se establezca un programa emergente para los caficultores de Chiapas.

Finalmente rechazaron cualquier intento de desalojo de los poblados de Montes Azules o de un incremento de impuestos a los alimentos y medicinas; exigieron al actual gobernador, Roberto Albores Guillén, crear las condiciones necesarias para la transición pacífica y democrática sin violencia en Chiapas el próximo 8 de diciembre.