JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť No podrán salir de Chile por 60 días
Orden de arraigo a Pinochet y seis de sus ex colaboradores
Ť La carta póstuma de Salazar no exculpa a sus subordinados
Ť Presentan otras dos querellas contra el ex dictador; van 179
Enrique Gutiérrez, corresponsal, Santiago, 8 de noviembre Ť El juez de la Corte Suprema de Chile Luis Correa Bulo dictó hoy una orden de arraigo o impedimento de salida por 60 días contra el ex dictador Augusto Pinochet y seis de sus colaboradores, que enfrentan un pedido de extradición de la justicia argentina por su vinculación con el asesinato del ex comandante en jefe del ejército Carlos Prats y su esposa.
Además de Pinochet, no podrán salir del país Manuel Contreras, Raúl Iturriaga, el ex brigadier Pedro Espinoza, el ex coronel José Zara, y los civiles Jorge Iturriaga y Mariana Callejas.
La orden de arraigo fue solicitada por el juez argentino Juan José Galeano, que basó su petición en las sospechas de la presunta participación de Pinochet como jefe de una asociación ilícita que organizó y ejecutó el asesinato del general Carlos Prats y de su esposa Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1974.
Ambos murieron al estallar una bomba colocada en su auto por el agente estadunidense Michael Townley, y detonada por la entonces esposa de éste, Mariana Callejas.
El juez Correa Bulo, designado para el caso, deberá ahora investigar si existen antecedentes fundados para acceder al pedido de extradición enviado por la cancillería argentina.
Por lo pronto, en Chile fueron presentadas dos nuevas querellas contra el ex dictador por los delitos de asesinato, secuestros y torturas, con lo que las demandas llegan ya a 179.
En tanto, el abogado Héctor Salazar advirtió que la carta-confesión póstuma del general Humberto Gordon, en la que éste presuntamente admite su culpabilidad en crímenes políticos bajo la dictadura pinochetista (1973-90), no exculpa a sus subordinados.
La misiva del ex director de la Central Nacional de Informaciones, dirigida al presidente de la Corte Suprema, Hernán Alvarez, fue entregada el pasado 20 de junio a una notaría, cinco días después del sorpresivo infarto cardiaco que provocó la muerte a Gordon.
"Lamentablemente murió o lo murieron", dijo Salazar, abogado de familiares de víctimas de la dictadura.