JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Nueva ley de amparo, insisten los juristas

La Corte: el Poder Judicial no busca suplantar al Legislativo

Ť Clausuran trabajos del congreso nacional Ť Plantean que la iniciativa sea enriquecida por el Congreso y el Presidente

Jesús Aranda y Gustavo Castillo, enviados, Mérida, Yuc., 8 de noviembre Ť El Poder Judicial de la Federación no ha invadido nunca, ni lo hará, la esfera de atribuciones del Legislativo, porque sería atentar contra su propia esencia, afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, al clausurar los trabajos del Congreso Nacional de Juristas.

Al término del acto, en el cual se analizaron y discutieron propuestas de la Corte sobre un proyecto de reforma a la Ley de Amparo, juristas de todo el país se manifestaron "en lo general" a favor de que, "una vez enriquecido con ideas por parte del Congreso de la Unión, se convierta en el nuevo marco jurídico que norme el juicio de garantías".

Entre las propuestas que mayor consenso lograron, destacan: derogar la fórmula Otero, es decir, que si una ley se considera inconstitucional, tenga efectos generales para la sociedad, no sólo para quienes promovieron un amparo; negar la protección de la justicia federal a presuntos delincuentes acusados de haber cometido delitos graves y/o estén bajo arraigo por esa causa; en materia administrativa, no conceder suspensiones cuando se presuma que el promovente tiene un negocio ilícito o de los llamados giros negros.

El ministro Juan Silva Meza reconoció que, ante el abuso en el recurso del juicio de amparo, creado en 1840 y cuya ley normativa data de hace más de 60 años, las 289 ponencias de los asistentes coincidieron en "imponerle un sello" a la iniciativa, para evitar su abuso. "No hay un artículo en especial, sino que dentro de la filosofía de este proyecto está el evitar el abuso, facilitar el acceso y ampliar su objeto de protección; extender también la cobertura de los actos de autoridad, para que la mayor parte de éstos tengan control constitucional". Subrayó que el máximo tribunal "no pretende, no ha podido, y no se atribuirá facultades que la Constitución no le ha otorgado, como lo es el hecho de presentar iniciativas de ley".

Recuérdese que la Suprema Corte, dijo, tiene como función el dirimir controversias entre diferentes poderes y otros órganos, por lo que sería una incongruencia invadir las facultades del Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, respaldó la posición del máximo tribunal de presentar una propuesta de nueva ley de amparo al Congreso de la Unión y al presidente de la República, para que ellos decidan "si la toman o la dejan; la estudian y la razonan, que esa es su atribución".

Indicó que, en épocas anteriores, las propuestas de la Corte sobre reformas de ley han "llegado felizmente a buen término, pero se han tardado años, aunque en esta ocasión los ministros han trabajado con base en el respeto de las atribuciones de cada poder, y con la intención de trabajar juntos para llevar a buen término los cambios a la Ley de Amparo". Dijo que no hay situación "de choque, de confrontación, en el sentido de que pudiera desviarse la intención de la propuesta".

Presencia de los partidos

El ministro destacó la participación y presencia de diputados y senadores de PRI, PAN y PRD, pues al haber estado presentes en los trabajos del congreso, "ya llevan toda la sensibilidad de lo que podría ser un proyecto sometido a su conocimiento, además que eso les ayudará en caso que sus legisladores decidan retomar esta propuesta de iniciativa".

La SCJN, apuntó, enviará por su parte al Congreso y al Presidente un documento que, además de tener solidez legal, va a contar con el respaldo de toda la comunidad jurídica que participó en su elaboración. Este proceso requerirá de tiempo, dijo, por lo que evitó especificar fecha en que la iniciativa sea aprobada en definitiva por el pleno de la Corte, para ser enviada a los órganos correspondientes.

Arturo Zaldívar y Héctor Fix Zamudio, integrantes del Poder Judicial de la Federación, así como el magistrado César Esquinca, y representantes de barras de abogados, mencionaron que "lo expuesto en las mesas de análisis permitirá superar defectos, corregir errores, colmar lagunas y suprimir excesos del proyecto".

En relación con el controvertido tema de la derogación de la fórmula Otero, el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Alejandro Ogarrio, destacó que aquélla constituye "una vieja aspiración" de sus representados, toda vez que "no puede hablarse de estado de derecho mientras sobrevivan leyes inconstitucionales, que se aplican a todos aquellos que no pudieron acudir al juicio de constitucionalidad".

Coincidió con los participantes en las sesiones privadas de días anteriores, y en la reunión plenaria de este miércoles, en que "la reciente" democracia mexicana exige un juicio de amparo moderno, ya que es un mecanismo de la mayor importancia en la consolidación de la democracia y del estado de derecho, pues se combate la arbitrariedad de las autoridades.

Conclusiones

Pese a que los juristas aquí reunidos coincidieron en la necesidad de derogar la fórmula Otero, los legisladores de PAN y PRI que participaron en el congreso evitaron hacer una definición al respecto; es más, dejaron en claro -como el priísta José Elías Romero Apis, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados- que la reforma al amparo llevará tiempo y debe estudiarse "detenidamente".

Unicamente el coordinador del PRD en el Senado, Jesús Ortega, declaró abiertamente que es injusto el sistema actual, en el que sólo reciben el beneficio del amparo los que interponen el juicio, mientras que el grueso de la población, que no puede gastar en un abogado, debe seguir cumpliendo con esas leyes que ya fueron declaradas inconstitucionales por el máximo tribunal del país. Para el perredista esta situación de desigualdad sí es urgente modificarla.

Aun cuando hubo consenso respecto de la derogación de este instrumento, los asistentes dejaron pendiente establecer si la inaplicación de la ley tiene que dictaminarse en una sola sentencia, o en tres consecutivas, y el sustituir la declaratoria general de inconstitucionalidad, por parte de la Corte, por la facultad que tiene el Poder Judicial de pedir al Legislativo deje sin efectos la mencionada ley.

También queda pendiente la inclusión de los derechos humanos dentro del ámbito de protección del juicio constitucional y, en su caso, hacerlo en forma general o acotada. Es decir, que se haga explícito el alcance de los instrumentos internacionales comprendidos en los tratados y convenciones ratificados por el Estado mexicano.

Sanciones a jueces y abogados

Igualmente coincidieron en la necesidad de modificar todo el capítulo relativo a las sanciones que se proponen en el título quinto del proyecto, y que incluyen desde multas económicas hasta penas carcelarias, para jueces y abogados que incurran en errores de procedimiento e incumplimiento de sentencia.

Los juristas pidieron se estudie "la posibilidad de que los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas puedan resolver, en última y definitiva instancia, aspectos de legalidad". Pero también se cuestionó el que la Suprema Corte pueda "realizar la consignación directa de una autoridad cuando incurra en el incumplimiento de sentencia", además que se criticó la participación del Ministerio Público en el juicio de amparo.

Asimismo, se propuso la ampliación de plazos para "hacerlos razonables", y la reducción de otros para no entorpecer la pronta y expedita impartición de justicia; respecto del amparo directo en materia penal, se planteó extender a 180 días su término, o bien que no haya plazo alguno para la interposición del recurso.

Una vez que la comisión redactora de la nueva ley de amparo incorpore las más de cien propuestas, el documento se entregará al pleno de la Corte, para que elabore la exposición de motivos correspondiente y esté en condiciones de entregar el proyecto, de manera simultánea, a las cámaras de Diputados y Senadores, así como al presidente electo Vicente Fox.