MIERCOLES 8 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Emilio Pradilla Cobos Ť

Protesta de trabajadores públicos

Durante varios días, los empleados federales afiliados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) bloquearon decenas de arterias viales del Distrito Federal y desquiciaron su tránsito, como parte de su lucha por obtener el pago del bono sexenal, que les había otorgado el Ejecutivo federal durante los tres periodos anteriores.

Como en otras muchas ocasiones, los ciudadanos y el Gobierno del DF tuvieron que sufrir las consecuencias de un problema de índole federal. Pero el arreglo parcial logrado por la FSTSE y el gobierno federal, introduce un nuevo factor de intranquilidad en la ciudad.

Los trabajadores al servicio del gobierno local, cuando éste formaba parte del federal como dependencia administrativa, también recibieron su bono y, por ello, el Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal --afiliado a la FSTSE-- también lo ha solicitado. Como era evidente, quien tenía que resolver esta demanda era el gobierno federal y así lo planteó el local, pero el acuerdo logrado, aunque incluyó a los maestros del país, que son empleados estatales, excluyó a los trabajadores locales en un nuevo acto de hostigamiento hacia el gobierno perredista del DF.

La demanda del bono sexenal se justifica como compensación mínima no integrada al salario por la brutal caída que han tenido en 24 años los salarios de los burócratas y del resto de los trabajadores mexicanos. Sin embargo, esa compensación no puede otorgarla el GDF, por tres razones: los primeros tres años del sexenio, los trabajadores del GDF laboraron para el gobierno federal, antes de que la ciudad obtuviera su autonomía relativa actual; en el Presupuesto de Egresos, presentado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso de la Unión, no se incluyeron partidas para cubrirlo; y estos mismos poderes mantuvieron durante el trienio la disminución drástica de las transferencias federales al DF y lo dejaron en una difícil situación presupuestal. Por ello, el GDF, que a diferencia del federal ha venido aumentando los salarios a sus trabajadores en porcentajes superiores al de la inflación registrada, carece de recursos para cubrir ese bono compensatorio. Por todo ello, la ciudadanía espera que el sindicato dirija sus acciones reivindicativas hacia el Ejecutivo federal y que no paralice las calles o las actividades esenciales para el funcionamiento de la ciudad.

En lo que no podemos estar de acuerdo es en que los medios de comunicación y algunos analistas aprovechen la ocasión para lanzarse en contra de los trabajadores del sector público con el discurso general e ideologizado de que "hay un exceso de burócratas" en el gobierno. Puede ser que los haya en unas dependencias, que haya algunas dependencias que perdieron su razón de ser con el correr del tiempo, que sus sindicatos operen corporativa y clientelarmente como herencia del régimen priísta, que muchos empleados no tengan la calificación adecuada o mantengan prácticas ineficientes, pero lo real es que se necesitarán más y mejores empleados públicos, si los ciudadanos desean más y mejores servicios (agua, educación, salud, recreación, cultura, limpieza), atención eficiente en los trámites públicos, y que los gobiernos respondan estrictamente a las múltiples reglas administrativas, en muchos casos introducidas para evitar en el papel, con papel, la corrupción enraizada en la cultura social y tan difícil de combatir en la práctica, pues muchos servicios esenciales para la población tienen como factor fundamental la capacidad y la fuerza laborales.

Sólo un cuidadoso proceso de cambio administrativo que tenga en cuenta cada caso particular, que profesionalice el servicio público, que califique a los trabajadores y que eleve los salarios reales hasta que recuperen lo perdido, podrá establecer el número mínimo de trabajadores requeridos y avanzar hacia la erradicación de la corrupción.