LUNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Precario, el marco institucional y legal para atender el problema: PGJDF
Definen estrategias para combatir el tráfico de drogas en escuelas
Ť Adicciones y distribución de estupefacientes, las principales fuentes de criminalidad juvenil
Ť Consideran planes específicos de seguridad, prevención y persecución del delito en planteles
Raúl Llanos Samaniego Ť Cada mes elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ponen a disposición del Ministerio Público a aproximadamente 100 personas acusadas de distribuir drogas en las inmediaciones de las escuelas de esta ciudad, revela un informe de esa dependencia entregado a la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el documento, "los narcotraficantes tienen un interés muy especial en integrar a mayor número de usuarios al mercado de las drogas, y ellos están justamente entre la población escolares de secundarias y preparatorias, pues es la etapa en que los jóvenes se hacen adictos a algún tipo de estupefacientes".
Precisa el texto que la PGJDF es incompetente para perseguir la distribución de drogas, toda vez que está dentro de las facultades de la Procuraduría General de la República, no obstante alrededor de 20 por ciento de las puestas a disposición de personas al Ministerio Público ha sido por consumir o vender estupefacientes al menudeo.
La cuestión, indica, es que "la drogadicción y la distribución de drogas ha sido la mayor fuente de criminalidad juvenil, de relajamiento de la disciplina y de inseguridad en los ocho mil centros escolares que se localizan en esta ciudad". Añade que los detenidos y la averiguación previa correspondiente se remiten a la PGR, la que a su vez los remite a los Centros de Integración Juvenil (CIJ).
Se precisa que "la insuficiencia de estos (CIJ) hace que los sujetos detenidos vuelvan a la calle y sus adicciones los induzcan al delito para satisfacerlas. La precariedad del marco institucional del sistema de salud para tratar adictos, el costo del tratamiento, el vacío de la reglamentación del orden en vía pública y las deficiencias de la legislación penal han producido que la sociedad capitalina se mantenga prácticamente indefensa frente a este grave círculo vicioso de criminalidad".
Frente a ese panorama, agrega el informe, la PGR, la Secretaría de Educación Pública, el Instituto de Salud, la PGJDF, los Centros de Integración Juvenil y organizaciones no gubernamentales especializadas definieron una estrategia que entre otros puntos considera:
Que dentro de los programas de seguridad delegacional se incluya un plan específico de seguridad, prevención y persecución de los delitos en los centros escolares de cada delegación. La SEP coordina los programas de difusión, y la SSP y la PGJDF los programas de mantenimiento del orden público y persecutorio.
También, programas específicos para la seguridad de los planteles de la UNAM y el IPN; combate, en coordinación con la PGR y la SSP, de los centros de distribución y consumo de estupefacientes; desarrollo de un marco institucional más amplio y efectivo para el tratamiento de las adicciones, y desarrollo de la normatividad necesaria para la prevención, persecución y sanción efectiva de la distribución y consumo de estupefacientes en la vía pública, en los centros de educación y de entretenimiento.
Durante su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Legislativa, efectuada la semana pasada, el procurador Samuel del Villar se refirió al tema, y expuso que "un problema general que hemos encontrado en el Programa de Seguridad de las Escuelas es que los directores de esos planteles no tienen poderes legales para representar a sus centros escolares en los delitos que se denuncian".
Es decir, dijo, cuando alguien con violencia distribuye drogas o bien se mete indebidamente a la escuela y hay un despojo, tiene que venir el representante jurídico de la SEP para presentar la denuncia e iniciar la averiguación previa correspondiente.
"Creo que es fundamental revisar la titularidad jurídica y la correspondiente entre la autoridad escolar y los poderes que tienen los directores de las escuelas para presentar querellas" y con ello atenuar la incidencia delictiva y el fenómeno de las drogas.