LUNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Un anciano falleció después de ser dado de alta
En hospital de La Paz, tercera demanda por negligencia
Ť De las querellas, rechazan dos y está en proceso la última
Pedro Juárez Mejía, corresponsal, La Paz, BCS, 5 de noviembre Ť El pasado 30 de agosto Antonio Juárez Hirales, de 78 años, sufrió un golpe en la cabeza por el cual ingresó al área de Urgencias del Hospital General Juan María de Salvatierra, en La Paz.
Ahí lo atendió el médico Gerardo Morales, quien después de hacerle una curación lo dio de alta, al considerar que la herida no era de gravedad. Pero casi dos horas después que salió del nosocomio el anciano murió en su domicilio.
El deceso de Juárez Hirales, que según el médico legista Sergio Carrillo Isaías se debió precisamente al citado golpe, fue el tercero atribuido a supuestos errores médicos registrado en el hospital en menos de 30 días, sumándose a casos que involucraron a un bebé nonato y una niña recién nacida, cuyos deudos han sostenido desde hace más de dos meses disparejas luchas en tribunales contra galenos del nosocomio, fundado en 1890.
Por separado, las familias Juárez Hirales, Mendoza Cervantes y Simental Briones presentaron ante el Ministerio Público demandas penales referentes a negligencia médica, de las cuales la única ahora en proceso es la que presentaron parientes del anciano en contra de Gerardo Morales, responsable del área de Urgencias del Juan María de Salvatierra.
Una vez que trascendió la querella en contra del doctor Morales, Josué Estrada Flores, principal autoridad del policlínico, le "sugirió" al director de la Policía Judicial del Estado, Luis Angel González Rubio, que investigara la posibilidad de que Juárez Hirales hubiera sufrido un segundo golpe después de salir de la clínica.
Pocos días después, a principios de septiembre, González Rubio declaró a medios locales: "La muerte del señor Juárez Hirales se debió a un incorrecto manejo médico en el área de Urgencias del hospital; pudo haber sobrevivido si el doctor (Morales) hubiera actuado en forma adecuada".
De manera contraria, no han prosperado las demandas penales que presentaron Karla Edith Mendoza Cervantes, que perdió a un bebé que gestaba, y Silvia Simental Briones, cuya hija murió horas después de nacer, ya que de acuerdo con las autoridades judiciales, en ninguno de estos casos se han presentado suficientes pruebas de la negligencia médica en que habría incurrido el personal del hospital mencionado.
"Son unos asesinos de batas blancas, es una mafia en donde se cubren unos a otros", sostuvo Mendoza Cervantes, quien el 6 de agosto perdió al bebé que llevaba en el vientre, luego de 20 horas de estar internada en el hospital sin recibir atención alguna.
En su momento, Mendoza Cervantes denunció ante el agente del Ministerio Público Omar Barajas, que los encargados del área de Ginecobstetricia del nosocomio "extraviaron", sin razón aparente, el respectivo partograma -hoja de registro de la última etapa de un embarazo-, que sería una prueba contundente de su omisión, y el cual requirió la autoridad judicial para darle seguimiento a la demanda penal.
Silvia Simental Briones también carece de pruebas para confirmar que su hija murió el 27 de agosto de broncoaspiración, a las 12 horas de nacida, lo que atribuyó a un descuido del personal de Pediatría del hospital.
La muerte por negligencia médica del producto nonato, de la recién nacida y del anciano, en un lapso menor a 30 días provocó indignación entre algunos sectores de la población sudcaliforniana.
El enfado aumentó ante declaraciones del secretario estatal de Salud, Raúl Osuna Peralta, hechas a una radiodifusora local, en el sentido de que "todos los hospitales del mundo están sujetos a errores médicos".
Además, el secretario estatal de Salud Raúl Osuna Peralta reconoció que no era la primera vez que se daban casos similares en el citado nosocomio.
Los supuestos errores en los que habrían caído personal del hospital han tomado relevancia a nivel local, luego que los dirigentes estatales de los partidos Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, Mario Vargas Aguiar y Alfredo García Green, respectivamente, abrieron un espacio en sus conferencias de prensa para opinar respecto de las víctimas de la negligencia médica.
Además, los dirigentes de esos partidos han exigido, por separado, la destitución inmediata del secretario de Salud de la entidad, Osuna Peralta.
A partir de los decesos ocurridos en el Juan María de Salvatierra, la fracción del PAN en la Legislatura estatal elaboró una iniciativa, misma que presentará al pleno antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones en diciembre próximo, para que se instituya la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Baja California Sur, con lo cual se pretende evitar que queden impunes las malas prácticas de médicos.
Por su parte, el gobernador Leonel Cota Montaño sólo ha dicho al respecto que es responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado investigar los hechos y, en su caso, castigar a quienes hayan incurrido en malos manejos o negligencia.