LUNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť León Bendesky Ť
Legalidad e instituciones
Durante mucho tiempo las instituciones, las normas y la ley fueron artículos de segunda categoría en México. Por décadas las cosas solían arreglarse mediante acuerdos e influencias y en estrecha asociación con el poder. Así se construyó una elite del poder dentro del PRI y asociada con él controlaron no sólo el gobierno sino el Estado; así se hicieron grandes negocios y fortunas; así se estableció una red de control corporativo de los sindicatos, las organizaciones populares y la mayoría de los medios de comunicación. Así se estableció un modo de crecimiento económico que llegó jadeando y agotado al inicio de 1980. Así se mantuvo una sociedad cuya característica más sobresaliente es la desigualdad.
El aparato sucumbe ahora en lo que ha sido un largo desgaste político y con enormes costos sociales que se extiende en el lapso de los tres últimos sexenios priístas. Ese aparato debe ser empujado para que llegue a su fin, sabiendo que no lo hará sin fuertes resistencias. La llegada de un nuevo gobierno puede contribuir a ese fin, es una condición necesaria, pero no suficiente.
Hoy es causa vez más evidente el significado de vivir en una sociedad donde la ley es, cuando menos, flexible, donde las instituciones aún son frágiles y donde se resisten las reglas y se trata, todavía con éxito, de eludirlas. En México sigue siendo muy grande la concentración del poder económico y la influencia que ejercen los grupos que lo controlan. Esta no es una economía competitiva, y persiste de modo pernicioso la falta de claridad con respecto a un asunto esencial: la relación entre el Estado, el gobierno y la sociedad.
Esta situación puede describirse de modo general como la debilidad institucional y tiene efectos adversos en varias dimensiones. Por un lado, compromete las posibilidades del proceso de crecimiento económico, ya que éste requiere de un mínimo de certidumbre, desde la asociada con la gestión de la economía hasta el cumplimiento de los contratos. Por otro lado, expone a los ciudadanos y a los grupos sociales a situaciones que comprometen sus niveles de bienestar, el acceso a las oportunidades y su misma seguridad.
La fractura institucional se está manifestando de modo abierto y consistente en el desmoronamiento de un régimen político añoso e inservible armado en torno al PRI. El quiebre de este modo de quehacer político ocurre cuando las fuerzas en discordia tienen aún ante sí a la figura del Presidente. Pero lo que anuncia el resquebrajamiento político es lo que puede agravarse desde el 2 de diciembre. Para contenerlo se va a requerir de mucho manejo político por parte de todos los involucrados, desde aquéllos que operen en el gobierno hasta los que pretendan dirigir los sindicatos y todos los grupos que quieran ejercer sus demandas, sean legítimas o cuestionables.
Tan sólo en los días recientes hemos presenciado las elecciones en Tabasco que aparecen como una vuelta prematura al pasado que se imaginaba superado. Se enseñaron las formas locales de ejercicio del poder y las diferencias que podríamos llamar cívicas que existen en el país. La dimensión política de estas elecciones no se limita al ámbito de ese estado y tiene resonancias nacionales por la manera en que se decida la sucesión a la cabeza del PRI.
Tan sólo unos días después le estalló al presidente Zedillo un petardo en su propia casa con el reclamo de la burocracia por el pago de un bono sexenal. Esta es una figura "laboral" bastante extraña, de corte patrimonial y casi feudal. La situación expone varias cosas: el charrismo sindical, la manipulación de los trabajadores, el papel de los favores en las relaciones de trabajo y la ausencia de una política laboral y salarial por parte del Estado frente a sus trabajadores. Un efecto positivo de este conflicto es que los trabajadores se manifiestan abiertamente y exponen a voz en cuello sus demandas. Pero el asunto ha sido planteado en relación con la ley del presupuesto federal de este año, y lo que sería muy negativo es satisfacer la demanda de los trabajadores violando o dándole la vuelta a la ley. Esa señal sería perversa en un momento en que el fortalecimiento de la legalidad es impostergable.
Restablecer la legalidad en un país en el que la corrupción ha dominado por tanto tiempo no es un proceso fácil y no admite retrocesos una vez que se empieza. Por eso el caso de Punta Banda, en Ensenada, es también sobresaliente, y tal vez no hubiera ocurrido de no haber cambiado el entorno político. El conflicto que provoca la decisión del juez de devolver los predios en disputa a sus dueños después de 15 años de litigio es muy claro y afecta muchos intereses que se crearon en ese tiempo y que pueden ser de buena fe y hasta producto de un engaño.
Como sociedad no queda más que sostener el proceso de legalización y de construcción de instituciones fuertes y confiables como una forma de autodefensa y de fortalecimiento de los derechos y las libertades. En ese marco de legalidad e institucionalidad es en el que se deben redefinir, también, los espacios de lo que corresponde a lo público y a lo privado, cuestión necesaria para acceder a las reformas que hoy se demandan, desde el ámbito fiscal hasta el de la educación y todo lo demás.