DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť La detención de miembros de Paz y Justicia enrarece el ambiente en los Altos
Renovada beligerancia de paramilitares
Ť Las Abejas y los autónomos reportan actitudes amenazantes de ese grupo contrainsurgente
Ť Los desplazados de Tierra y Libertad, en Yajalón, temen venganzas por las aprehensiones
Hermann Bellinghausen, enviado, San Cristóbal de las Casas, Chis., 4 de noviembre Ť Las aguas paramilitares se están moviendo peligrosamente en el estado, a pocas semanas del cambio de gobierno que convertirá al PRI en minoría opositora. En Chenalhó, Yajalón, Tila, Venustiano Carranza y Ocosingo los mensajes son elocuentes. La sorpresiva y quizás ''pactada'' aprehensión de un grupo de dirigentes de Paz y Justicia, que aparentemente habrían caído en desgracia, ha calentado el ambiente en la zona norte y los Altos, con una renovada beligerancia de los distintos grupos armados que se vinculan al oficialismo.
Este fin de semana aumentaron los temores de un posible operativo policiaco en el municipio de Chenalhó y eventualmente en el municipio autónomo de Polhó. Tanto la organización Las Abejas como los autónomos han reportado actitudes amenazantes y reivindicatorias de los paramilitares, quienes invocan las aprehensiones de algunos dirigentes de Paz y Justicia como justificación para una ''venganza''.
Al mismo tiempo, y de manera más directa, los desplazados de Tierra y Libertad, en Yajalón, han recibido amenazas de Paz y Justicia. Como se sabe, la aprehensión de Samuel Sánchez, Marcos Albino Torres y otros líderes de esa agrupación vinculada a la contrainsurgencia armada, se basa en el violento desalojo que ellos auspiciaron en ese predio a mediados de este año.
En los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla y Salto de Agua, las bases de apoyo del EZLN y la organización A'buxú (Arriera Nocturna) viven un ambiente de amedrentamiento, debido a las amenazas de Paz y Justicia. A pocos días de que el gobernador electo Pablo Salazar Mendiguchía realice una gira por la zona norte, los indígenas en resistencia no se atreven a circular por los caminos. La actual directiva de la organización priísta se ha deslindado de los detenidos y sus seguidores, que fueron expulsados de Paz y Justicia desde el año pasado, precisamente por sus prácticas violentas.
Incluso fuera de la zona de conflicto, la organización paramilitar Alianza San Bartolomé de los Llanos ha desatado una ofensiva contra la Casa del Pueblo y la OCEZ. Según Federico Sánchez Gómez, vocero de la OCEZ, los paramilitares vinculados a los Orantes (caciques hitóricos de la región) participan, junto con la policía estatal, en operativos intimidatorios a comunidades ocezistas.
Los organismos defensores de derechos humanos en tierras indígenas han celebrado como un buen síntoma que se proceda con los paramilitares de la zona norte, pero a la vez temen, como declaró el abogado Miguel Angel de los Santos, que el gobierno de Roberto Albores esté cocinando una amnistía de último momento que dejaría libres e impunes a los paramilitares actualmente bajo proceso.
En lo que se comprueba que estas aprehensiones anuncian que se hará justicia y se desmantelarán los grupos armados, o si sólo es una maniobra para eludir el verdadero castigo, la PGJE y la PGR podrían aplicar decenas de órdenes de aprehensión existentes contra autónomos de Chenalhó y miembros de Casa del Pueblo, en Venustiano Carranza. La que pareciera decisión salomónica sencillamente anularía los aparentes avances en materia de justicia, y enrarecería mucho el clima político de Chiapas a la hora del relevo sexenal que diversos grupos priístas se han manifestado dispuestos a sabotear.
En tanto, 10 miembros de los Chinchulines actualmente presos se declararon ayer en huelga de hambre, exigiendo su liberación. Ellos, y también los paramilitares presos por la masacre de Acteal, podrían beneficiarse con la eventual amnistía. Mientras, los desplazados de Las Abejas que intentan regresar a sus comunidades y dejaron su campamento en Xo'yep para acercarse un poco más a sus comunidades, no han recibido suficientes garantías, y los paramilitares de las tierras bajas, en especial Los Chorros, mantienen su amenaza de no permitir el retorno de los desplazados.
Desmentido de enfermeras
Enfermeras de la clínica IMSS-Solidaridad de Guadalupe Tepeyac desmintieron el 28 de octubre que los cuartos edificados en tierras comunales a espaldas del hospital sean utilizados como burdeles, como denunciaron ante La Jornada representantes del municipio autónomo San Pedro de Michoacán. Sin desmentir que ocupan sin autorización tierras patrimonio de tres comunidades (Guadalupe Tepeyac, El Carmen y La Esperanza), las enfermeras afirmaron que las cabañas se construyeron con fines habitacionales, ante el incremento de la planta laboral del nosocomio.
Las enfermeras declararon a La Foja Coleta que las casas mencionadas no son utilizadas ''para irse con los soldados''. Agregan: "Nos fue necesario construir dos habitaciones rústicas de madera para el descanso del personal de nuevo ingreso".
Informan que en los meses recientes se han incrementado los empleados en el hospital, y también los usuarios que acuden al pueblo abandonado para recibir atención médica. Las trabajadoras de la salud solicitaron a los medios de comunicación ''que se aclare esta situación, que daña su imagen como mujeres y profesionistas''.