SABADO 4 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť El sistema que propone parece un electrorrenave

El proyecto foxista descuida la inversión en el sector eléctrico

Ť La iniciativa fue elaborada por la empresa texana Enron, interesada en participar en la comercialización de la energía

Luis Hernández Navarro Ť Se ha dado a conocer el proyecto foxista para reorganizar la industria eléctrica. De acuerdo con distintas fuentes, esta propuesta original fue elaborada por la empresa texana Enron, interesada en participar activamente en todos los negocios de energía en México. Esto significa que se habría comisionado para la elaboración del proyecto a quien podría beneficiarse con él.

Esta compañía es conocida mundialmente por su participación en India, dentro de la joint venture Dabhol Power Company, y su comportamiento irregular e irrespetuoso en la construcción de una planta de ciclo combinado de gas natural que provocó elevados precios en el costo del fluído eléctrico, absolutamente desventajosos para los consumidores; corrupción y sobornos para lograr la aprobación del proyecto; adquisición irregular de los terrenos para instalar la planta y destrucción ambiental y ecológica. La gravedad de los hechos requirió de la intervención de la Suprema Corte de Justicia de India, y de una misión de observación de Human Rights Watch.

La propuesta del equipo de transición abandona la nomenclatura del proyecto de Ernesto Zedillo, en la que se hablaba de privatizar o de abrir a la inversión privada el sistema eléctrico nacional, pero no resuelve los problemas que los asesores del presidente electo señalan como existentes. Sin embargo, ofrece un cambio cuyo único efecto será el encarecimiento de la energía, para que algún particular se lleve ese dinero.

En efecto, el plan en cuestión deja la generación, la transmisión y la distribución del fluido en manos de quienes ahora tienen esas funciones, es decir: la CFE, Luz y Fuerza del Centro, los productores independientes (porque se debe tener presente que hay actualmente compañías privadas que generan electricidad, sin necesidad de modificar la Constitución, ni abrir un mercado que ya está abierto) y las empresas que tienen excedentes de lo que para su propio uso generan. En cambio, se establece un intermediario que le pagará la electricidad a los que nos la entreguen y nos la cobrará a los usuarios, obviamente a un precio mayor.

El problema central del sector eléctrico, como atinadamente señala el equipo de Fox, es que las tarifas actuales no permiten a la CFE capitalizarse, de forma que pueda desarrollarse conforme lo requiere el crecimiento del país. Sin embargo, el que exista un intermediario que se encargue de la cobranza (la que no se reporta como problema) no lo resuelve.

Estos intermediarios, llámense "comercializadores" o "concesionarios de la distribución" no van a invertir nada o muy poco en el sector; apenas se limitará a lo que necesiten para instalar sus oficinas. Tampoco van a generar empleos más que en forma mínima. Es mucho más probable que se pongan de acuerdo entre ellos a que establezcan competencia y es inimaginable que vayan a pasar los beneficios a los usuarios.

En el documento del equipo de transición se ve que los ingresos que la CFE obtiene con las actuales tarifas (que, tal como allí se muestra, son de las más bajas del mundo) le permiten obtener una utilidad bruta de 15 por ciento, que ciertamente no es mala, después de cubrir sus costos operativos, incluidos la depreciación de sus activos, los indirectos y los costos financieros. Lo que pasa es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le carga un impuesto especial, que llama "Aprovechamiento", de 41 por ciento sobre las ventas brutas y, para que se lo pueda pagar, le asigna entonces un "subsidio". ƑHay algún negocio privado que pueda sobrevivir a este tratamiento? ƑNo queda clara la razón por la que CFE no dispone de fondos para invertir en nueva capacidad?

Si se quiere asegurar el abasto de energía eléctrica y mejorar la calidad del servicio (que está al nivel de Francia, para dar un ejemplo) sin que el Estado tenga que aportar recursos, lo que hace falta es permitirle a la CFE que se maneje como cualquier otra empresa, que tenga ingresos razonables y que pague impuestos como los que estaría dispuesto a aceptar cualquier inversionista privado.

Si se concesiona la distribución y cobro del servicio eléctrico, no se está metiendo un centavo en aumentar la capacidad de generación, que es lo que se necesita. Entonces, la propuesta de Fox no ataca el problema. Simplemente le está dando entrada a la fuente de muchos otros, sobre todo, de corrupción. El sistema que propone parece un electrorrenave.

Si los problemas estuviesen en el sistema comercial de la CFE, tendría sentido hacer algo parecido a lo que propone el equipo de transición, pero se da el caso que, para atender sus usuarios, CFE cuenta, en 110 zonas del país, con el sistema SICOM, mediante el que se puede realizar telefónicamente cualquier trámite, excepto, lógicamente, el pago en efectivo. También tiene en operación 434 equipos CFEmático, que son cajeros automáticos, abiertos las 24 horas, en los que se puede efectuar cualquier operación; de hecho se realizan más de 600 mil mensuales. Además, 189 usuarios principales tienen un sistema de telemedición, por el cual se obtiene la lectura de su consumo en forma remota y se transfiere electrónicamente al sistema de facturación, con lo que se eliminan totalmente los errores humanos. Seguramente que sería conveniente ampliar estas facilidades, pero la necesidad no se ve tan urgente como para entregar el negocio a otras manos, amén de que sólo 25 municipios en el país tienen más de 500 mil habitantes, por lo que en muchos sitios, el sistema presente, más primitivo, es el adecuado.

Cabe entonces preguntarse: Ƒa quién se busca beneficiar con la propuesta de reorganización de la industria eléctrica nacional elaborada?

El SUTERM y su rechazo a la privatización

El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana rechazó "categóricamente" la privatización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en cualquiera de sus formas, pero consideró "necesaria" la apertura a capitales privados en la producción de energía eléctrica.

Rodríguez Alcaine definió en días pasados a La Jornada la distancia entre ambas posiciones: "la diferencia es que el gobierno de la República tiene la rectoría del sector eléctrico en todos sus aspectos. La apertura es para que haya un riesgo de la iniciativa privada; para que ellos produzcan y nos den su generación a la CFE, para nosotros transmitir y distribuir en donde tenemos toda la infraestructura".

En el 14 Congreso Nacional Ordinario del SUTERM, el CEN determinó que su rechazo a la privatización de la industria eléctrica responde a que "el país no podrá crecer, generar nuevas industrias, crear nuevos y mejores empleos bien pagados y con excedente de energía. Estamos a favor de la rectoría del Estado en el control de la generación y que se garantice la estabilidad laboral del SUTERM, que todo se ajuste a los términos de ley y al contrato colectivo de trabajo". (Fabiola Martínez y Alma E. Muñoz)