VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Grupos altruistas se quejan de que se les use para avalar esquemas clientelares

Critican ONG su exclusión en el diseño de programas para la niñez

Ť Propondrán, ante la falta de "acciones con una visión integral en favor de la infancia", trabajos entre autoridades y sociedad civil para controlar las políticas en todos los niveles de gobierno

Víctor Ballinas Ť Más de 50 organizaciones sociales que trabajan en favor de niñas, niños y adolescentes, destacan en su diagnóstico y propuestas para atender los problemas de este sector, que "en ocasiones la creciente participación ciudadana en la solución de este problema social, ha servido como cínico pretexto para reducir la inversión social y la responsabilidad pública en los programas para menores".

En el documento Elaboración de las políticas públicas para niñas, niños y adolescentes, que en breve presentarán al presidente electo, Vicente Fox, las organizaciones altruistas señalan que los espacios abiertos para que las organizaciones participen en los programas "han quedado mediatizados a través de esquemas clientelares y estrategias previamente definidas a las que sólo se les pretende avalar con la presencia ciudadana".

Estas propuestas son resultado del trabajo de las mesas de diálogo de las organizaciones de la sociedad civil con el equipo de transición de Vicente Fox, que coordina el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), pero en las que participan muchas organizaciones ajenas a ese centro.

A diez años de que México firmó la Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, en el país aún hay millones de menores que no viven en condiciones aceptables. "Informes de la Unicef señalan que en el medio rural 42.8 por ciento los menores de cinco años padecen desnutrición y 16.9 por ciento es de alto grado; 27 por ciento de la población de cuatro y cinco años no recibe educación prescolar y otros 2 millones de menores no van a la escuela primaria, además de que la escolaridad de la población indígena es de 3.2 años en promedio, menos de la mitad del promedio nacional.

Otros informes de las organizaciones no gubernamentales (ONG), aseveran que "3.5 millones de niñas y niños trabajan, y de ellos un millón lo hace como jornalero agrícola, y que en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, el estado de excepción en que vive la población, por encontrarse en sus comunidades el Ejército, impide el pleno desarrollo de los menores".

Advierten que "sin los mecanismos y la información adecuada para afectar de manera sistemática las decisiones de política social y supervisar su aplicación", la participación ciudadana no rebasa el ámbito de consejería o consulta. Subrayan que "es grave constatar que la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, y los instrumentos de este tipo, tanto del ámbito internacional como nacional, no son todavía de fácil acceso a las organizaciones que trabajan con menores, y son desconocidos para muchos funcionarios de gobiernos locales".

En el diagnóstico del problema sobre menores, las ONG indican que no obstante que el gobierno mexicano ratificó la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez en 1990, a diez años de distancia permanece un consenso de que las condiciones de vida en que se debaten millones de niños y adolescentes están muy alejadas de ser las óptimas para su desarrollo.

En resumen, aseveran, lo que se ve es que hay "ausencia de programas y acciones con una visión integral en favor de la infancia, que permita resolver los problemas, manifestar sus decisiones y hacer valer sus derechos; hay una falta de coordinación entre las dependencias federales con los estados y los municipios sobre los programas educativos, deportivos, culturales y recreativos orientados a beneficiar a este sector; faltan programas y servicios en los que se atienda el maltrato, las agresiones y la inseguridad creciente de que son objeto no sólo en el ámbito familiar sino en los espacios públicos y comunitarios".

La presencia de niños, niñas y adolescentes en la calle se incrementó en 3.5 por ciento en tres años, lo que provoca que en el país existan 150 mil menores trabajadores y de la calle, además de que se estima que 50 mil menores cruzan la frontera norte sin acompañantes adultos.

Etiquetación de presupuestosDe esta forma, las organizaciones proponen crear un sistema de coordinación para la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, integrado por un conjunto de órganos, entidades y servicios del gobierno y la sociedad civil que formulen, coordinen, integren, orienten, supervisen, evalúen y controlen los programas, políticas y acciones de interés público a escala nacional, estatal y municipal.

Ese sistema podría basarse, apuntan las organizaciones filantrópicas, en un programa nacional de atención a los derechos de la niñez y la adolescencia, que implicaría la transformación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con las siguientes características: que cuente con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con autonomía de gestión y funciones de autoridad.

Además, las organizaciones sociales proponen que se etiqueten los presupuestos públicos de atención a los menores, que no se excluya a nadie -como ahora ocurre- y sin discriminación de ninguna clase, así como la coadyuvancia en la integración de un comité nacional ciudadano de vigilancia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que tenga representatividad desde lo local hasta lo nacional.

Otras de las propuestas de las organizaciones son: modificar el artículo 4 de la Constitución en los siguientes aspectos: la consideración de niño y niña como todo ser humano menor de 18 años de edad; el reconocimiento del Estado mexicano de que todo niño o niña tiene derecho a vivir en condiciones de bienestar y la obligación de que todas las medidas que se adopten deben atender a su interés superior.

La modificación también debe considerar que sea obligación del Estado garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo del niño y asegurar el cuidado y la protección necesarios para su bienestar, y establecer en el artículo 73 constitucional la facultad para que el Congreso legisle en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, en el entendido de que se trata de un tema de prioridad de la Federación.

Entre las organizaciones que participaron en la discusión de las propuestas sobresalen Ednica, Thais, Comexani, Fundación Casa Alianza, Fundación Quiera, Educación con el Niño Callejero, Alternativa Callejera, Asociación para el Desarrollo Integral, Casa Daya, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, Casa San Francisco, Casa de las Mercedes, y Fundación Pro-Niño