VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Encausados, por el asesinato de 4 religiosas de EU

En el banquillo de los acusados, dos ex generales salvadoreños

Ť José Guillermo García y Vides Casanova encubrieron los crímenes

Ť Si resultan culpables, deberán pagar 100 mdd como compensación

Blanche Petrich/I Ť Dos viejos generales salvadoreños en retiro, con sus canas teñidas, vestidos de civil --las medallas al mérito militar, bien guardadas en un lejano cajón-- han sido sentados en el banquillo de los acusados en un juzgado federal de West Palm Beach, Florida.

Las familias de cuatro religiosas estadunidenses violadas y asesinadas hace 20 años en los comienzos de la guerra en El Salvador acusan a José Guillermo García, ministro de la Defensa entre 1979 y 1983, y a Eugenio Vides Casanova, jefe de la Guardia Nacional en ese mismo periodo, de haber conocido el crimen y haber encubierto a los asesinos, todos ellos soldados bajo su mando.

García, de 66 años de edad, y Vides, de 61, como muchos otros centroamericanos adinerados eligieron Florida para su dorado retiro, seguros de haber dejado a buen resguardo su negro papel en el conflicto armado de los años 80.

Nunca les preocupó que en el informe de la Comisión de la Verdad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en los reportes de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, en informes del Depar- tamento de Estado y del Congreso estadunidenses, y hasta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), sus nombres aparecieran vinculados no sólo al asesinato de las cuatro religiosas, sino a muchos otros crímenes de guerra, incluso de haber conocido, avalado y encubierto el asesinato del obispo de San Salvador de la época, Oscar Arnulfo Romero.

Error: los hermanos de las cuatro religiosas y el Comité de Abogados por los Derechos Humanos, amparados por la ley de protección a la víctima de tortura, que permite a los tribunales federales estadunidenses procesar a violadores de derechos humanos extranjeros, pretenden demostrar la responsabilidad de García y Vides Casanova bajo un principio de ética jurídica que representa el reverso de la moneda de la ley de obediencia debida de Argentina: la punibilidad de oficiales por actos de abuso de sus subordinados.

El pasado los ha alcanzado

En 1984 un juzgado salvadoreño sentenció a cinco miembros de la Guardia Nacional a 30 años de prisión. Las familias de las religiosasos intentaron que la investigación esclareciera también la responsabilidad de los autores intelectuales, es decir, los jefes de los guardias, pero toparon contra un muro de impunidad.

En marzo de 1998, juristas del Comité de Abogados lograron entrevistarse en El Salvador con los cinco presos y éstos confesaron haber actuado por órdenes superiores.

Poco tiempo después tres de los cinco reos, entre ellos su jefe inmediato Luis Antonio Colindres, fueron dejados en libertad bajo palabra sin haber completado su condena. Hoy, aún se desconoce su paradero.

Vides y García no verán la cárcel pero, de perder el caso, tendrán que pagar a las familias de las cuatro monjas estadunidenses 100 millones de dólares por concepto de "compensación".

Como dijera Montgomery, "considerando cada minuto que estas mujeres sufrieron en manos de los soldados, a 25 millones cada una... es apenas un escupitajo".

Sobre todo, el juicio de West Palm Beach puede sentar un precedente en la misma línea de acciones penales que desde España pretenden que hombres con poder en su momento, como los ex dictadores Augusto Pinochet y Efraín Ríos Montt, o Ricardo Miguel Cavallo, rindan cuentas ante los tribunales por crímenes que se niegan a ser archivados por la historia.

Los generales salvadoreños intentaron sin éxito anular o posponer el juicio mediante 13 mociones presentadas ante el magistrado Daniel Hurley. Su abogado Kurt Klaus perdió las 13 apelaciones.

A diferencia de otras demandas similares emprendidas en contra de un ex ministro de Defensa guatemalteco general Héctor Gramajo, el ex presidente de Filipinas (fallecido) Ferdinand Marcos y el líder serbio-bosnio Radovan Karadzic, estos acusados lle- vaban 10 años residiendo en Estados Unidos. No pudieron eludir a la corte.

Primera sesión

La audiencia concentra su atención en dos hombres mayores, vestidos de traje gris, que ocupan los asientos destinados a los acusados en las cortes estadunidenses. El juez Hurley revive aquella vieja historia ocurrida en diciembre de 1980.

Ita Ford y Maura Clarke habían sido asignadas por su congregación --Maryknoll, una orden dedicada a servir a comunidades marginadas en cualquier parte del globo-- a su misión en Chalatenango, El Salvador.

A finales de noviembre ambas viajaron a Managua para asistir a un retiro, y en el vuelo de regreso se encontraron con la monja ursulina Dorothy Kazel, también de nacionalidad estadunidense. Jean Donovan, misionera de la diócesis de Cleveland, fue a recogerlas al aeropuerto.

En la carretera entre el aeropuerto y la capital fueron interceptadas por un comando de la Guardia Nacional salvadoreña, y fueron llevadas a un paraje solitario, sometidas a violaciones tumultuarias y al final ejecutadas. Los soldados las enterraron a pocos metros de la superficie.

Este caso, explica el juez, podría aportar nuevos elementos a la construcción de una nueva doctrina legal que establezca un marco de responsabilidad a superiores militares sobre la acción de sus subordinados.

Acto seguido el juez pregunta, primero a José Guillermo García e inmediatamente después a Eugenio Vides Casanova: "ƑCómo prefiere que me dirija a usted, como general o como míster?"

Ambos ex militares responden "como general". Pronto habrían de retractarse.

Segunda sesión

Comparece en la tribuna, en calidad de testigo de los acusadores, la investigadora Cynthia Arnson, quien señala que el asesinato de las monjas estadunidenses, lejos de ser un acto aislado, respondió a un patrón de conducta de los mandos militares salvadoreños de la época, en el cual se inscribe también el crimen del obispo Romero (marzo de ese año) y la masacre de El Mozote (departamento de Morazán, al norte del país; cerca de 600 personas, la mitad niños en promedio de seis años, fueron ajusticiados en lo que en su momento el ejército reportó como "un enfrentamiento").

En ese momento García aún era ministro de la Defensa y ningún militar fue procesado o castigado por esa matanza.

Arnson, que trabajaba entonces para la organización humanitaria Americas Watch, actualmente directora del proyecto América Latina del Centro Woodrow Wilson, subrayó que en esos años el presidente estadunidense Ronald Reagan había abandona- do las preocupaciones de su antecesor, el demócrata James Carter, sobre la violación masiva de derechos humanos en ese país y había optado por darle a los militares salvadoreños "el beneficio de la duda".

Klaus, el defensor de los generales salvadoreños, la interroga: "Entonces el gobierno de Estados Unidos también es responsable de estos crímenes". La investigadora responde: "Fueron salvadoreños, no estadunidenses, los que cometieron y consintieron esos actos".

Tercera sesión

Sube a la tribuna Robert White, embajador de Estados Unidos en El Salvador en 1980. Refiere que el 2 de diciembre recibió una llamada de un sacerdote, mediante la cual le reportaba la desaparición de las cuatro mujeres en el camino del aeropuerto internacional de Comalapa. White se comunica de inmediato con el general García y se sobresalta al escuchar lo que el militar le pregunta: "ƑVestían hábito?"

"En ese momento --dijo el ex embajador-- percibí que el general ya tenía noticias de lo que ocurría y ya sabía que las monjas estaban muertas. Su pregunta obedecía a un mecanismo de defensa. Al ir vestidas de civil, los militares podían argumentar que parecían sospechosas".

El ex embajador White describe sus incontables y desquiciantes reuniones con el ministro de la Defensa y el entonces coronel Vides, y el cinismo de ambos ante sus reiteradas presiones para que controlaran a sus desbocadas tropas.

En una de esas reuniones, White esgrimió ante García y Vides una lista de cerca de cien nombres de soldados vinculados a los escuadrones de la muerte. Mientras García permanecía impávido ante el reclamo del diplomático, el coronel Vides saltó de su asiento: "šGuillermo, te he dicho cien veces que te deshagas de esos locos!"

Cuarto día

Termina el interrogatorio a White, quien admite que su carrera diplomática concluyó abruptamente en El Salvador en 1981 luego que se negara a "blanquear" un reporte sobre derechos humanos. El entonces secretario de Estado, Alexander Haig, le había "recomendado" destacar inexistentes mejorías en el récord de derechos humanos de los militares salvadoreños.

White señaló que tres años después, en la víspera de una reunión con Vides, el vicepresidente George Bush recibió esa misma lista de oficiales salvadoreños bajo órdenes de Vides y García que al mismo tiempo integraban los escuadrones de la muerte.

Para entonces otros dos ciudadanos estadunidenses, Michael Hammer y Marddk Pearlman, habían sido asesinados por las mismas fuerzas salvadoreñas.

En esta sesión el abogado defensor sostuvo que los excesos represivos de los años 80 eran atribuibles no al ejército sino a la oligarquía salvadoreña, y que en la actualidad los niveles de violencia en ese país son los mismos que en los años de la guerra.

Al concluir la sesión el abogado de la parte acusadora, Robert Kerrigan, anunció que en la próxima sesión el general García tendrá que subir a la tribuna.