Ť En LFC el costo laboral es excesivo; se harán compromisos de eficiencia

Aumento de tarifas eléctricas, plantea la reorganización de Fox

Ť Propone apertura total en la comercialización de energía y fomentar la participación privada

Ť Considera que la oposición de los trabajadores del sector es un punto crítico para la iniciativa

Ť Es necesario cambiar la estructura de esta industria para garantizar el abasto, sostiene

Roberto González y Emilio Lomas M. Ť Concluido desde hace un mes, el proyecto para la reorganización de la industria eléctrica nacional del presidente electo Vicente Fox Quesada plantea una ''apertura total'' en la comercialización de energía, acabar con el esquema actual de Productores Independientes de Energía (PIEs) y fomentar la participación en el sector de inversionistas privados bajo ''mecanismos de mercado''.

Contrario a lo que se ha dicho, prevé un aumento de tarifas que asegure la sustentabilidad del sector en el mediano y largo plazos, y aunque no menciona el término de privatización, la propuesta foxista emplea a lo largo del texto el término de ''reorganización'' de la industria, mediante la cual se abrirá la inversión al sector privado en el área de comercialización, precisamente donde no se requieren inversiones y se genera el grueso de las utilidades, creando así un nuevo intermediario.

El proyecto identifica en la oposición de los trabajadores del sector uno de los ''puntos críticos'' para hacer prosperar la iniciativa. Particularmente, afirma que la junta de gobierno de Luz y Fuerza del Centro ''está controlada por el Sindicato Mexicano de Electricistas'', además de que esa empresa opera con un costo laboral ''excesivo'' en medio de prácticas laborales ''tendientes a hacer disminuir la productividad'' y con ''pasivos laborales insostenibles''. Por ello, propone modernizar a esa entidad mediante ''cambios al contrato colectivo de trabajo y el establecimiento de compromisos de eficiencia y calidad''.

También señala que por el momento no se plantearán cambios en los mecanismos de distribución, debido a que 80 por ciento de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) labora en esta área, aunque la propuesta incluye cambios que entraría en vigor entre el 2002 y el 2005.

Elaborado por la Coordinación para la Reorganización de la Industria Eléctrica del equipo de transición económica, el proyecto parte del diagnóstico de que el desempeño de las empresas del Estado ''no es el óptimo'', así como de que las tarifas actuales ''son insuficientes'' para compensar los costos debido a que ''tienen un subsidio importante''.

A partir de las mismas premisas que sustentaron la frustrada iniciativa para privatizar la industria eléctrica que propuso en febrero de 1999 el presidente Ernesto Zedillo, la propuesta del equipo económico de Vicente Fox asegura que el crecimiento económico del país requiere una fuerte expansión del sistema eléctrico. ''Es necesario --asienta el documento-- cambiar la estructura de la industria para garantizar el abasto de energía''.

Fechado el 5 de octubre de 2000, el documento justifica la apertura del sector eléctrico como una condición necesaria para que el próximo gobierno pueda cumplir algunos de los compromisos económicos y sociales hechos por Vicente Fox Quesada durante su campaña electoral.

''Las metas económicas planteadas requieren un fuerte incremento en la capacidad eléctrica'', señala el documento. Así, destaca que para crear un millón 350 mil nuevos empleos cada año --como ofreció Fox en campaña-- se requiere que la economía crezca al menos 7 por ciento anual y, para hacer posible y sostenible ese ritmo ''es necesario que la capacidad del sistema eléctrico nacional aumente al menos 9 por ciento anual''.

Tres mil millones de dólares anuales para atender el crecimiento del sector

El documento elaborado por los asesores del presidente electo establece que se requieren al menos 3 mil millones de dólares anuales sólo para satisfacer la demanda en nueva capacidad de generación de energía eléctrica. Para justificar el planteamiento de permitir mayor apertura al capital privado, sostiene --al igual que la iniciativa del actual jefe del Ejecutivo-- que la expansión en la demanda implica montos de inversión sumamente elevados, y argumenta que el sector no genera actualmente suficientes recursos para soportar el incremento en la demanda.

Asegura que los recursos que el Estado tendría que destinar para aumentar la capacidad de generación podrían ser empleados, en caso que se permitiera una mayor participación privada, en financiar programas de asistencia social en beneficio de la población más empobrecida del país.

El proyecto de modernización y apertura a la inversión privada gira en torno al ''modelo de mercado'', que en materia de transmisión mantendría las redes como propiedad del Estado, que sería responsable de la construcción, mantenimiento y como único dueño de los equipos asociados.

Sin embargo, adelanta, ''se deberán establecer esquemas de retribución para que cuando los inversionistas privados inviertan en líneas de transmisión que pasen a ser parte del Estado, éstos tengan derecho al usufructo de las mismas'', a través de una figura identificada como ''derechos financieros de transmisión''.

El mismo ''modelo de mercado'' establece que en cuanto a distribución de energía eléctrica, los distribuidores compren energía en el mercado, o directamente a generadores y comercializadores, y transporten energía dentro de su región y la comercialicen a los usuarios que deseen contratar a un distribuidor local.

Por lo que toca a la comercialización, se prevé la creación de un mercado spot para comprar energía mediante contratos bilaterales, además que se establecerían mercados secundarios y financieros.

Por lo que toca a los pequeños usuarios, se prevé que contraten directamente con los distribuidores el servicio, y en un plazo de 10 años, cuando de acuerdo con el planteamiento disminuya el nivel de capacidad generadora, todos podrían comprar energía eléctrica a quien deseen.

Los ''usuarios calificados'' podrán comprar al comercializador, distribuidor, generador o al mercado spot, ''según sea su elección''.

El objetivo de la propuesta es que a más tardar en el 2002 la nueva capacidad privada de generación de energía eléctrica se

realice bajo los mecanismos de mercado, mientras la actual capacidad de generación se mantenga en poder del Estado.

Mientras, en materia de distribución y comercialización se propone que hacia el 2005 existan monopolios regionales y se concesionen las áreas de operación, mantenimiento y expansión, así como una ''apertura total en comercialización''.

Reformas constitucionales

Establece que para lograr esos objetivos es necesario reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para permitir la entrada al sector de inversionistas privados. Además, dice, se requieren cambios en las leyes de Servicio Público de Energía, de Aguas Nacionales, de Entidades Paraestatales, de la Comisión Reguladora de Energía, Orgánica de la Administración Pública Federal y de Adquisiciones, así como expedir una Ley para el Ahorro de Energía y el Fomento de las Fuentes Renovables y una Ley Federal de Infraestructura para Promover y Salvaguardar los Derechos y Servidumbres de Paso de la Infraestructura Energética.

En un pequeño apartado sobre los alcances de la reorganización planteada para el sector eléctrico, la propuesta detalla que el reto mayor de esta industria es garantizar el abasto y suministro del energético que requiere la economía para crecer y generar más empleos.

Sostiene que la reorganización permitirá tener más electricidad, de mejor calidad y con un mejor servicio para las familias mexicanas.

Afirma que no se privatizará el patrimonio eléctrico actual, que seguirá siendo del Estado, y ofrece que la reorganización permitirá destinar los subsidios por el servicio y suministro eléctrico a ''quienes los deben recibir''.

En el corto plazo, apunta, se mantendrá el esquema actual de Productores Independientes de Energía, vigente desde 1992, mediante el cual la iniciativa privada genera electricidad para autoconsumo y vende los excedentes a la CFE. Esta decisión tiene como objetivo evitar la creciente posibilidad de desabasto y fortalecer la capacidad empresarial de la Comisión Federal de Electricidad.

En el mediano y largo plazo, el esquema de Productores Independientes de Energía sería sustituido por otros mecanismos.

Señala que las sociedades de autoabastecimiento y cogeneración podrán actuar en el futuro como compañías de generación libres que entren al mercado, a vender excedentes o comprar faltantes sin restricción.

La reforma también pretende crear un mercado competitivo de energía eléctrica como mecanismo de fijación de precios para dar un incentivo a la inversión, así como independizar de la CFE al operador del sistema y del mercado y fortalecer al ente regulador, que hasta ahora es la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

También plantea que dentro de la política industrial del nuevo gobierno se establezcan incentivos para desarrollar proyectos y crear cadenas productivas entre las pequeñas y medianas compañías del sector y las empresas paraestatales.

Eje fundamental de la estrategia que promoverá el nuevo gobierno, el ''modelo de mercado'', según la propuesta, tendrá como funciones mínimas administrar las tarifas de transmisión a fin de promover el uso eficiente de la red y la expansión de la transmisión y generación.

También permitiría la creación de los mecanismos de mercado necesarios para el manejo de la restricción en la red de transmisión, y haría posible operar el mercado de corto plazo y de servicios conexos.

Este mecanismo planteado por los autores de la propuesta serviría para administrar los sistemas de información sobre las condiciones operativas de la red y del mercado, además que permitiría supervisar el funcionamiento de los mercados para detectar fallas de diseño y manipulación del mismo por el ''ejercicio de poder de mercado''.