VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Magdalena Gómez Ť
Siete preguntas al Congreso de la Unión
El próximo primero de diciembre, el presidente electo, Vicente Fox, tendrá ocasión de cumplir dos de sus múltiples palabras empeñadas para convencer a los electores de que el voto útil era por él. Me refiero al retiro del Ejército a las posiciones que tenía en Chiapas en enero de 1994 y a la presentación de la propuesta de la Cocopa como iniciativa de reforma constitucional. Con ello se iniciará la creación de condiciones para el logro de la paz en Chiapas y en todo México. Toca así al Congreso de la Unión un papel clave, pues, obviamente, es insuficiente la presentación de la iniciativa si ésta no se aprueba como reforma constitucional.
Supongo que a estas alturas ya quedaron debidamente organizadas las comisiones de trabajo y todo lo relativo al funcionamiento de ambas Cámaras. Es momento de llamar la atención del Congreso de la Unión sobre uno de los asuntos que definirán de qué magnitud es el cambio democrático en nuestro país. Me refiero a las decisiones que habrán de tomar respecto al reconocimiento del derecho indígena en la Constitución. Sabemos bien que ya no son los tiempos del dedazo del Ejecutivo al Poder Legislativo y que los partidos estrenarán sus inéditas posiciones en materia de correlación de fuerzas y de autonomía.
El asunto es complejo y bien podemos preguntar, Ƒes posible pensar que los diputados(as) y senadores(as) se colocarán frente a este tema como mexicanos(as) antes que como integrantes de un partido? ƑSaben el estado que guarda la situación jurídica de los pueblos indígenas? ƑConocen la iniciativa de reforma constitucional que presentó el aún Presidente formal de este país en marzo de 1998, la del Partido Acción Nacional y la propuesta de reforma constitucional que elaboró la Cocopa? ƑEstán conscientes del significado que tiene para el proceso de paz el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés? ƑHan seguido el debate público realizado sobre derecho indígena los últimos cinco años? ƑTienen claro que la autonomía que se demanda no implica balcanización ni atenta en forma alguna contra la soberanía? ƑSaben que deberán reconocer el derecho al uso y disfrute de recursos naturales a los pueblos indígenas y sus comunidades, entre otras cuestiones?
Bien harían los(as) legisladores(as) en empezar a tomar cartas en el asunto, aun cuando no se les puede pedir que sean especialistas en todos los temas, el campo indígena sí debería ser parte del mínimo con el que se colocan los representantes del México pluricultural de cara a la nación entera.
El gran riesgo que tenemos es que el Poder Legislativo asuma y reivindique la más variada gama de prejuicios e ignorancias con que se ha abordado desde el Ejecutivo federal la demanda jurídica indígena. Sería muy útil que desde ahora se concertara un voto de buena fe en torno a esta problemática. No pretendo pecar de ingenua, simplemente pedirles que consideren el grave daño causado a los pueblos indígenas y sus comunidades con la cerrazón practicada en el actual sexenio.
La reforma constitucional es uno de los pasos necesarios para proceder a una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas; relación que no puede quedar en retórica por más constitucional que sea. Los acuerdos de San Andrés implican la apertura de procesos de revisión legislativa y de adecuación institucional. Por ello es muy preocupante que el presidente electo esté operando el asunto de la paz por una vía y la política indigenista por la otra. La autonomía de los pueblos indígenas no tiene nada que ver con la visión "del vocho, el changarro y la tele".
Está en juego la posibilidad de alcanzar la paz. No arriesguemos a que en el futuro inmediato escuchemos un nuevo y esta vez incontenible "šYa basta!".