Ť Consideran ilegal la suspensión de sus cargos por haber efectuado un paro

Ex agentes de la PFP denuncian a Wilfrido Robledo

José Galán Ť Ciento diez elementos de la Policía Federal Preventiva presentaron ayer ante la Procuraduría General de la República una denuncia de hechos en contra del comisionado Wilfrido Robledo Madrid y el Departamento de Asuntos Jurídicos de la dependencia, al considerar ilegal la suspensión de sus cargos como sanción por el paro que efectuaron el pasado 19 de octubre en el aeropuerto de la ciudad de México para protestar por la detención de cuatro de sus compañeros, acusados de tráfico de indocumentados.

Los ex policías que exigen su reinstalación sostuvieron que no han sido notificados oficialmente de su baja, sino que se encuentran suspendidos sin goce de sueldo y sin que hasta el momento la PFP haya determinado su situación jurídica. Confiaron en que el Ministerio Público Federal encuentre hechos constitutivos de delito en el desempeño de las autoridades de la PFP y exigieron al procurador, Jorge Madrazo Cuéllar, actuar en consecuencia.

Cabe recordar que el pasado 19 de octubre los elementos de la PFP asignados a la comisaría 33, ubicada en el aeropuerto internacional capitalino, realizaron un paro de labores en protesta por la detención de cuatro de sus compañeros por parte de elementos militares y de la Policía Judicial Federal adscritos a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR (UEDO), acusados de los delitos de tráfico de indocumentados y de drogas.

Los cuatro elementos quedaron en calidad de arraigados en tanto el MPF integra las respectivas averiguaciones previas, "pero hasta el momento no se les ha podido comprobar nada. Por eso están como arraigados. El MPF hace tiempo para fincarles responsabilidades penales", dijo el abogado de los suspendidos, Sergio López Jaimes.

Entrevistado a las puertas de la oficina de Madrazo Cuéllar, el defensor legal, quien llegó acompañado por cerca de 50 de los elementos suspendidos, afirmó que el primer cargo contra las autoridades de la PFP es la "violación de las garantías individuales", y agregó que los 110 elementos demandaron ya ante el juzgado quinto de distrito en materia administrativa un juicio de garantías y de suspensión de actos de la autoridad, a fin de ser reinstalados en sus puestos con el sueldo íntegro. Agregó que incluso solicitaron ayuda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Hasta el momento, ninguno de los elementos suspendidos ha sido llamado a presentar su declaración ante el Departamento de Asuntos Jurídicos de la PFP, lo que fue considerado por su representante legal como una anomalía que les cancela el derecho de audiencia y a ser escuchados. Informó que han mantenido pláticas con el equipo de transición del presidente electo, Vicente Fox Quesada.

"De acuerdo con el reglamento interno de la PFP, la falta de un día de trabajo se sanciona con un arresto de 24 horas. Pero en este caso fueron suspendidos sin previo aviso y las presuntas bajas no han sido formalizadas", añadió López Jaimes. "Lo único que saben es que están a disposición de las autoridades administrativas de la PFP, pero nadie les ha aclarado su situación", concluyó.