JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Emilio Pradilla Cobos Ť
Planeación, política y sociedad
En época de cambio de gobiernos, hay temas que adquieren relevancia para el futuro. Una explicación muy frecuente de los graves problemas de las ciudades, en México y otros lugares, es "la falta de planeación"; pero se trata de una verdad incompleta. La Zona Metropolitana del Valle de México y el Distrito Federal, cuya crisis no escapa a esta justificación, cuentan, al menos desde 1996-1997, con documentos de planeación urbana globales y para sus partes; lo que hay que explicar es por qué la realidad no se ajusta a lo propuesto en los planes, aún cuando tengan carácter de ley.
La más grave limitación de la planeación en general, y de la urbana, es que en la economía de "libre" mercado, en la que predominan los grandes monopolios trasnacionales y la globalización, el adelgazado Estado, sobre todo local, carece de los instrumentos adecuados y suficientes para aplicar la planeación y atender los graves problemas que diariamente produce el desordenado actuar de esta forma de organización social. En la compleja ciudad, millones de actores sociales actúan según sus necesidades e intereses individuales, frecuentemente enfrentados entre sí y con la norma, y cuya sumatoria está lejos de ser conveniente para la ciudad y los ciudadanos como colectivo. Así, los primeros en transgredir el plan urbano son los ciudadanos, aun si participaron en su elaboración; las pruebas las leemos en los diarios.
Modificar la realidad urbana exige que planes con visión de largo plazo y políticas estratégicas para el periodo, aplicadas desde su promulgación; pero su temporalidad se somete a los periodos de gobierno. Cada nuevo gobernante, aun si es del mismo partido que propuso el plan, cambia la política y, si está facultado, el plan mismo. Los gobiernos de las partes de un ámbito territorial --delegaciones, municipios, entidades, federación-- aplican su propia política al margen del plan general y de lo que piensen sus vecinos gobernantes, a nombre de la diversidad política y la soberanía local. Dentro de cada gobierno, la estructura administrativa funciona sectorialmente, y cada dependencia elabora su programa sectorial, sometido a sus objetivos y presiones, sin preocuparse del plan global o, en ocasiones, oponiéndose. Cada funcionario, preocupado por el siguiente periodo electoral y su Programa Operativo Anual, gobierna en función del corto plazo y deja de lado lo que sólo sería visible en el largo plazo en el cual, como decía algún economista, "todos estaremos muertos", aunque, añadimos, la sociedad y la ciudad estarán vivas y padeciendo los problemas que hoy no resolvemos.
No existen en el México presidencialista gabinetes de gobierno formales que establezcan la coherencia de las acciones de acuerdo al plan; tampoco cuentan los gobiernos locales con organismos de planeación bien estructurados, estables y con recursos para el ejercicio permanente de la planeación y evaluación. La práctica corriente es contratar los planes con instituciones externas, privadas casi siempre, sin relación adecuada con el gobierno y su operación, que en un corto tiempo elaboran textos-producto rígidos, alejados de la planeación-proceso continuo, indispensable ante los cambios sociales acelerados.
La planeación urbana y las finanzas públicas tienen su propia lógica: estructural y de cambio a mediano y largo plazo la primera; coyuntural, de proyección de tendencias y de corto plazo la segunda, pues no existen presupuestos plurianuales ni de periodo de gobierno. Entre el plan urbano, propuesto por el Ejecutivo y aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), y el programa de gobierno del gobernante, no sometido a aprobación legislativa, no existe vínculo obligatorio real y la ALDF carece de instrumentos efectivos o de voluntad para exigir el cumplimiento del plan a autoridades y ciudadanos. Y hay mil mecanismos para que los actores sociales transgredan el plan y las normas, según su interés particular, que va de la corrupción administrativa, policial y judicial, a procedimientos legales como el amparo, según ejemplifica la situación de los giros negros.
Por obligación legal está en revisión el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; por acuerdo de los gobernantes del estado de México y el DF, pronto se llevará a cabo la revisión del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. La Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal recién aprobada, a pesar de sus limitaciones, aporta elementos importantes para subsanar algunos de estos problemas. De su aplicación seria y creativa depende la superación de algunos límites de la planeación y, más importante, de la forma como se aborde en el futuro la solución de los graves problemas estructurales de la metrópolis.