JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Rechazó cuatro quejas administrativas
El Consejo de la Judicatura no ha recibido quejas contra jueces
Jesús Aranda Ť A pesar de las amenazas de diversas autoridades capitalinas de presentar quejas administrativas en contra de jueces que han otorgado suspensiones provisionales o definitivas (amparos) a favor de giros negros, hasta la fecha el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no ha recibido ninguna demanda en contra de los juzgadores.
En cambio, el CJF rechazó recientemente por improcedentes cuatro quejas administrativas presentadas por la ex delegada en Iztacalco, Diana Bernal, en contra de la juez sexta administrativa, Amanda Roberta García González.
Incluso, una vez resueltas las quejas hace unas semanas, la juez García González fue promovida como magistrada en reconocimiento a su desempeño.
Las quejas en contra de la juzgadora se fundamentaron en que al haber otorgado suspensiones a favor de ese tipo de establecimientos se perjudicó el interés social, lo cual --desde el punto de vista de la parte acusadora-- constituía una conducta irregular.
Después de analizar las quejas administrativas 2402/2000, 2501/2000 y 0802/2000 --ésta incluía dos quejas en la misma demanda--, el CJF determinó que una de las causas era improcedente e infundada y la otras tres improcedentes.
De acuerdo con información oficial, los consejeros encontraron que la juzgadora actuó conforme a derecho y se acreditó con hechos como el que todas sus resoluciones fueron confirmadas por tribunales de alzada.
Además, quedó establecido que en los casos que dieron lugar a que la delegación Iztacalco presentara ante el CJF su inconformidad, la propia autoridad delegacional incurrió en el error de no presentarse a diligencias a las que fueron convocadas y que tampoco entregaron a los jueces en algunos de los casos los informes requeridos.
No hay recursos administrativos en contra de jueces
A raíz del reciente incendio de la discoteca Lobohombo, la delegada en Cuauhtémoc, Dolores Padierna, criticó a los jueces federales por otorgarle amparos a establecimientos de mala reputación como son los casos de giros negros.
Las críticas las hizo directamente ante el presidente de la Suprema Corte y del CJF, ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien en respuesta la exhortó a que presentara una queja en contra de los juzgadores que considerara actuaron al margen de la ley.
Por otra parte, las críticas de la funcionaria provocaron hace unos días la aparición de un comunicado inédito, firmado por 10 jueces de distrito en materia administrativa, quienes aseveraron que la suspensión provisional en este tipo de asuntos "es debido a que el quejoso exhibe la licencia de funcionamiento y revalidación vigentes".
Explicaron que la suspensión provisional sólo tiene el efecto de paralizar "momentáneamente" los actos a que se refiere el quejoso en su demanda de amparo y únicamente respecto de las autoridades autorizadas en la licencia de funcionamiento, "quedando anulada la suspensión provisional en el momento en que se niega la suspensión definitiva".
Los juzgadores destacaron también que las autoridades delegacionales estuvieron en la posibilidad de inconformarse en contra del otorgamiento de una suspensión provisional a favor del Lobohombo, de acuerdo con el artículo 95, fracción XI de la Ley de Amparo, "lo que en el caso de ese establecimiento no hicieron", subrayan.