JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE 2000
Ť Estudiantes de origen mexicano elaboran infome
EU entregó más de 48 mdd a México para lucha antidrogas
Ť Denuncia estudio los beneficios por militarizar la frontera
Ť Patrulla Fronteriza y SIN, autorizados a usar bases del ejército
Roberto Bardini, corresponsal/II y última, San Diego, 1o. de noviembre Ť "Con el pretexto del combate al tráfico de drogas el Departamento de Estado entregó a organismos de seguridad mexicanos las siguientes sumas: 37 millones de dólares para aviones y helicópteros, 10 millones para equipos de visión nocturna, 1.25 millones a la Procuraduría General de la República (PGR), algunos de cuyos integrantes en ocasiones aparecen vinculados al narcotráfico, y 250 mil dólares en equipos de computación", sostiene el informe El cártel de Washington DC controla la mafia de la frontera.
El estudio -elaborado por un equipo de estudiantes de origen mexicano de la Universidad de California en San Diego (UCSD) y de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU), quienes integran la Coalición Pro Derechos de la Raza- asegura que miles de agentes policiales, políticos, hombres de negocios, comerciantes, trabajadores estadunidenses y corporaciones multinacionales se están beneficiando con los planes de militarizar aún más la frontera.
"En los últimos años, independientemente de quien ocupe el Salón Oval de la Casa Blanca, el gobierno y la empresa privada de Estados Unidos se favorecen con altas ganancias y, además, generan fuentes de trabajo para la clase obrera estadunidense, que es absorbida en puestos de la industria fronteriza, la administración y las fuerzas de seguridad".
De esta forma, "muchos potenciales desocupados sin instrucción universitaria también se benefician con cargos de policías, vigilantes industriales, carceleros, empleados de las cortes, agentes de migración y funcionarios de aduana".
Según el informe, el número de empleados del gobierno destinados a la línea divisoria se compone por más de 6 mil agentes de la Patrulla Fronteriza, más de 20 mil agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización, y más de 4 mil 600 agentes destinados a frenar la entrada de drogas al país, lo que daría un total de más de 30 mil personas.
El subsecretario de Gobernación mexicano, José Angel Pescador Osuna, manifestó recientemente en un seminario sobre Diálogo Migratorio México-Estados Unidos que este país cuenta con 32 mil empleados fronterizos y un presupuesto anual de 5 mil millones de dólares.
Al respecto, el documento elaborado por universitarios de la Coalición Pro Derechos de la Raza cita declaraciones del presidente Clinton en 1999: "Necesitamos 25 mil agentes de la Patrulla Fronteriza para asegurar la frontera".
El reporte menciona que además de la Patrulla Fronteriza, el SIN y el Servicio de Aduanas, hay más diez agencias estatales y federales involucradas en la vigilancia y represión en la línea divisoria, entre las que se cuentan el FBI, la DEA, la Guardia Costera, el Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), el US Marshall, el Internal Revenue Services (IRS), la Oficina del Procurador (US Attorney), el Servicio Secreto y la Guardia Nacional.
Por otra parte, agentes de varios de estos organismos integran la llamada Join Task Force 6 (JTF-6), creada en 1989 durante el gobierno republicano de George Bush, que otorga "poderes especiales" a sus miembros.
Uno de estos "poderes", explica el informe, consiste en que los agentes de la Patrulla Fronteriza y el SIN están autorizados para utilizar bases militares cercanas como campo de detención para todo aquel mexicano o centroamericano que caiga en manos de las autoridades de migración.
"Toda persona que sea apresada por tercera vez tratando de cruzar ilegalmente la frontera, puede ser encarcelada por un mínimo de tres a cinco años y un máximo de 20, además de ser sancionada con una multa de 20 mil dólares", apunta el documento.
Según el análisis, la JTF-6 aplica secretamente desde hace años un plan de contrainsurgencia denominado Distant Shores, que ya se puso en vigencia tiempo atrás con el internamiento de indocumentados cubanos y haitianos en bases militares de EU en Panamá y Guantánamo (Cuba), y este proyecto se aplicará con detenidos mexicanos si la inmigración aumenta.