JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE 2000

Ť Clemente Valdés fustiga a presidentes vitalicios de barras de abogados

Apoya el equipo foxista las reformas sobre amparo

Gustavo Castillo y Jesús Aranda Ť Aquellos que se erigen como detentadores de la verdad en materia de derecho deben dejar atrás los ataques al anteproyecto de ley de amparo, porque esta tarea no es propiedad de quienes tienen como feudos las escuelas o las barras de las que son presidentes vitalicios, afirmó Clemente Valdés, miembro de la comisión jurídica del equipo de transición de Vicente Fox, quien planteó que lo importante es mejorar el funcionamiento del juicio de garantías.

En entrevista, el jurista y autor del libro El juicio político, la impunidad, los encubrimientos y otras formas de opresión consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe contar con facultades para establecer las reglas de trámite procesal.

Clemente Valdés, quien participará como ponente en el Congreso Nacional de Juristas -en el que se analizarán las propuestas de reforma a la Ley de Amparo- que se realizará los días 6, 7 y 8 de este mes en Mérida, dijo que "es necesario revisar los principios sobre los cuales se sustenta la división de poderes en México, porque resultan obsoletos después de 250 años de haberse instituido" y han propiciado una "disputa por adquirir más poder y controlar a los otros".

Adelantó que en el congreso expondrá que "el amparo ha sido y es el único medio específicamente diseñado para proteger las libertades individuales en México. Desgraciadamente, como sucede respecto de todos los problemas sociales, en el campo del derecho no existen soluciones perfectas ni tampoco soluciones eternas".

En su opinión, en lugar de atacar el proyecto de ley de amparo "lo que debemos hacer los abogados es discutir con seriedad para qué sirve, para qué queremos que sirva y cómo podemos hacer más útil y eficaz este ordenamiento legal".

Dijo que "para tratar el amparo y sus reformas es indispensable evitar los recursos de los vendedores callejeros de remedios, que usan falacias elementales como son los ataques a las características personales y los títulos de quienes participaron en la elaboración del proyecto, o aquellos argumentos que sus autores piensan que son muy profundos, derivados de si las organizaciones a las que pertenecen aquellos que colaboraron en ese proyecto no son las escuelas que tienen los críticos como feudos o las barras de las que son presidentes vitalicios. Es igualmente irrelevante y ajeno a la discusión el argumento de que algunos de los que participaron tengan también sus propios feudos, porque es claro que esto no tiene qué ver con el amparo".

El ex abogado general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) indicó que uno de los puntos que deben discutirse "es si las modificaciones que se propondrán deben concentrarse únicamente en la Ley de Amparo o comprender también reformas a la Constitución. Desde mi punto de vista las reformas que deben hacerse son las que se necesiten, las que se requieran y donde se requieran, porque de lo que se trata es de encontrar los mejores medios para lo que es el objetivo final: la protección de las libertades de los seres humanos".

Valdés afirmó que en el libro citado expone que el Ministerio Público debe ser independiente del gobierno y contar con una "participación y vigilancia directa de la sociedad, para acabar con el manejo oculto de sus funciones y lograr una verdadera imparcialidad".

También que una de las causas "más perniciosas" para que las estructuras políticas en México no hayan tenido avances sustanciales "es la limitación de la separación de poderes, adjudicándole únicamente a tres órganos los muchos poderes o funciones nuevas, diferentes, indispensables en las sociedades modernas".

Mencionó que en casi todos los países desarrollados con alta estabilidad política la separación de poderes se da en más de tres órganos, tales como las llamadas Cortes constitucionales, que no forman parte de algún órgano judicial o de lo que en México se denomina Poder Judicial.

Indicó que "esas entidades conocen de la revisión de constitucionalidad de las leyes y de conflictos entre órganos de gobierno", mientras en México esa tarea corresponde de manera exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente consideró que "desgraciadamente para la población mexicana, el enorme poder que tiene el Ejecutivo, al poseer el monopolio del poder penal, esto es el poder exclusivo de promover o impedir el castigo a los miembros de la sociedad, no es el único. El Ejecutivo tiene además el poder exclusivo de vigilar, controlar, revisar y castigar a los empleados de la sociedad como si fueran sus sirvientes".