MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Cientos de policías y empleados de la SRA cumplieron la resolución de la SCJN
Irrumpe la PFP y desaloja terrenos de Punta Banda, en Baja California
Ť Miembros del ejido Esteban Cantú y estadunidenses propietarios de casas, echados a empellones
Ť El gobierno mexicano nos traicionó: Leigh Zaremba, representante de Baja Beach Homeowners
Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Ensenada, BC, 30 de octubre Ť Más de 200 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) irrumpieron esta mañana en los terrenos de la lengüeta arenosa de Punta Banda, al sur de este municipio, para dar cumplimiento a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y restituir 18 hectáreas de terrenos costeros a sus legítimos propietarios.
Encabezó el operativo Wilfrido Robledo, comisionado nacional de la PFP, quien ordenó usar la fuerza pública luego de intentar proceder pacíficamente dialogando con los ejidatarios del predio Coronel Esteban Cantú, que mantenían bloqueado el acceso con barricadas de tierra y escombro.
Los agentes de la PFP, armados únicamente con toletes, arribaron al lugar poco después de las 8 de la mañana a bordo de seis camiones, acompañados por agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME), y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), quienes se limitaron a vigilar el acceso al lugar.
Resistieron a los policías poco menos de 50 integrantes del ejido Esteban Cantú y ciudadanos estadunidenses, a quienes se desalojó a empujones. El operativo duró unos tres minutos; algunos ejidatarios prácticamente fueron cargados y puestos a un lado del camino para dar paso a un trascabo, sin que se registraran heridos.
Posteriormente se advirtió a los habitantes de la zona residencial, en su mayoría estadunidenses, que contaban con cinco horas para desalojar pacíficamente sus casas, que valen en promedio medio millón de dólares.
Momentos después del desalojo, los elementos de la PFP enrejaron los terrenos del complejo para evitar una nueva invasión por parte de los inconformes.
Leigh Zaremba, habitante del lugar y representante de Baja Beach Homeowners, que agrupa a casi todos los 200 extranjeros que adquirieron los terrenos en arrendamiento con los ejidatarios, dijo que luego de 12 años de habitar en el lugar, se siente "traicionado" por el gobierno federal mexicano.
"Compramos aquí confiados en que la operación era perfectamente legal y contaba con el respaldo del gobierno del estado, toda vez que se nos mostraron documentos oficiales que así lo dejaban ver", afirmó.
El complejo turístico fue comercializado en el sur de California, y buena parte de los compradores fueron extranjeros retirados, quienes en conjunto han invertido más de 48 millones de dólares en construir en el ejido. Hoy, los estadunidenses fueron advertidos de que si desean mantener su vivienda, deberán negociar con los nuevos propietarios de la tierra en un plazo no mayor a 30 días, o de lo contrario perderán todo.
El problema es que los socios de la empresa Purúa Punta Estero SA, beneficiada con la resolución de la SCJN, advirtieron que no podrán respetar el contrato de arrendamiento por el cual los extranjeros ocupaban la lengüeta arenosa, y han solicitado hasta 150 mil dólares para respetar los contratos negociados entre los habitantes el grupo empresarial Koster, SA y los ejidatarios.
En el operativo de este lunes, un día antes de que venciera el plazo fijado por la SCJN para dar cumplimiento a la resolución emitida desde 1995, primeramente se restituyó a la empresa Purúa Punta Estero, S.A. el centro turístico Baja Beach & Tennis Club.
Luego, representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) procedieron a la restitución de los predios en los que se ubican las casas de los estadunidenses, quienes por recomendación de la embajada de su país comenzaron a retirarse sin resistencia ante las autoridades.
El viernes, la misma legación envió a Ensenada a tres representantes para vigilar los derechos humanos y la integridad física de sus connacionales.
El operativo de desalojo tuvo lugar luego de que la semana anterior Eduardo Robledo Rincón, titular de la SRA, afirmó en la ciudad de México que de inmediato daría cumplimiento a la sentencia que ordena la restitución jurídica y material de las tierras en disputa a la empresa privada Purúa Punta Estero, adjudicadas en 1987 al ejido Coronel Esteban Cantú.
La sentencia de la SCJN indicaba que el proceso habría de darse en un plazo de diez días naturales, y autorizó a la SRA el uso de la fuerza pública, lo que los ejidatarios consideraron una injusticia, pues en 1973 el entonces presidente Luis Echeverría les dotó la lengüeta arenosa de Punta Banda.
Con esta resolución, 60 familias campesinas del ejido Coronel Esteban Cantú recibieron 15 mil hectáreas. Sin embargo, en 1995, el Poder Judicial otorgó el beneficio del amparo a particulares que reclamaron derechos sobre diversos terrenos afectados por la concesión.
Actitud "excesivamente rigorista", según la CNC
La Secretaría de la Reforma Agraria desplegó topógrafos, abogados, notarios públicos y personal administrativo para cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de regresar 18 hectáreas de la franja arenosa conocida como Punta Banda en Ensenada, Baja California, a la empresa privada Purúa Punta Estero.
La Confederación Nacional Campesina (CNC) calificó la acción de la autoridad como actitud "excesivamente rigorista" que puede sentar el precedente o ser el inicio de una "campaña anticampesina destinada a destruir la propiedad social y la obra del agrarismo revolucionario.
"Los campesinos no son delincuentes ni desconocen la autoridad de las instituciones, sólo defienden la posesión de las tierras que, en un acto legal y legítimo, les confirmó el gobierno mediante la correspondiente resolución presidencial, dijo el dirigente cenecista Heladio Ramírez López.
La disputa por el predio se desarrolló durante 27 años, a partir de la resolución presidencial que dotó al ejido Esteban Cantú de 15 mil hectáreas.
Juicios de amparo, recovecos administrativos creados por las autoridades, que permitieron a los extranjeros adquirir propiedades cercanas a la playa a pesar de que la Constitución lo prohíbe, y una constante lucha legal, derivaron ayer en la restitución de la propiedad a los empresarios de Purúa Punta Estero.
En escueto comunicado, la SRA aseguró que las acciones se realizaron "en absoluta tranquilidad y sin incidentes". Estuvieron presentes el cónsul de Estados Unidos en Tijuana, Richard González, "quien dialogó permanentemente con sus connacionales", y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ramírez López afirmó que la CNC insistirá en que se respete el derecho de los campesinos "agraviados por la resolución del Poder Judicial, en forma pacífica, pero firme y persistente, hasta que el espíritu del mandato constitucional sea respetado".
En un comunicado, el ex senador por Oaxaca exigió que concluya el "juicio que se ventila en el juzgado tercero de distrito sobre la nulidad de actos y documentos en los que se consideran apócrifos los títulos de propiedad expedidos por la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería con los que fueron amparados, lo que obligaría a restituir al ejido Coronel Esteban Cantú la superficie en disputa". (Matilde Pérez U.)