MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Informe de actividades del procurador enviado a la Asamblea Legislativa
Se reducen delitos, pero aumentan violaciones
Raúl Llanos Samaniego Ť Durante los dos años últimos, la Procuraduría General de Justicia capitalina ha recibido 17 recomendaciones de las comisiones nacional y local de Derechos Humanos, de las cuales 10 se han aceptado totalmente, cinco de manera parcial y dos se rechazaron, precisa el informe de actividades enviado por esa dependencia a la Asamblea Legislativa, previo a la comparecencia del procurador Samuel del Villar.
El texto destaca que 13 de esas recomendaciones le fueron enviadas por el ombudsman de esta ciudad, Luis de la Barreda Solórzano, y el resto le fueron notificadas por el organismo que preside José Luis Soberanes. Se precisa que siete de esos casos de violaciones a las garantías individuales corresponden a 1998 y 1999 y seis al año dos mil.
Aunado a ello, aclara el documento que la PGJDF conoció, de diciembre de 1997 a septiembre de 2000, 7 mil 111 quejas por conducto de su Dirección General de Derechos Humanos y de las comisiones Nacional y del Distrito Federal; se han atendido hasta la fecha 7 mil 178 en virtud de las 404 preexistentes.
Se hace énfasis en el informe del procurador que la recomendación 2/2000, referente al caso de Paola Durante, fue rechazada "porque violentaba el orden constitucional y legal del país al suplantar la función que este reserva al Poder Judicial del Distrito Federal, y al recomendar al Ministerio Público violar sus propias obligaciones constitucionales y legales".
Agradece a diputados invitación
Por la mañana, en una conferencia de prensa, se le preguntó al procurador capitalino si estaba preparado para acudir a la ALDF, en donde su partido, el PRD, ya no es mayoría, y enfrentar las críticas de los legisladores del PAN y del PRI. En respuesta, el funcionario se limitó a responder que está "agradecido" por la invitación que le hicieron los diputados locales para informar sobre el desempeño de sus atribuciones y reiteró su convencimiento de que todos los servidores públicos deben responder a sus actos.
En torno a la pretensión de algunos legisladores de que la falsedad en declaraciones deje de ser considerada como un delito, Del Villar sentenció que debilitar o proteger los testimonios falsos constituye una afrenta mayor al proceso legal. Remarcó que si algo ha afectado estructuralmente el proceso legal ha sido la facilidad con la que se impide el cumplimiento de la ley por medio de documentos y testimonios falsos.
A lo largo de su extenso informe, de más de 100 cuartillas, el titular de la procuraduría presenta el comportamiento que ha tenido la delincuencia en esta ciudad durante el último año de su gestión y asegura, con base en las estadísticas entregadas, que se ha logrado abatir la incidencia delictiva. Así por ejemplo, destaca que de 722 delitos que se perpetraban en promedio diario en noviembre de 1997, el índice para septiembre de 2000 se redujo a 487, es decir 235 ilícitos menos que en el mes de referencia.
De igual modo, destaca que el índice delictivo ha venido disminuyendo en la medida en que aumenta el número de averiguaciones previas consignadas ante los tribunales, que en este año es de 68 por ciento superior al de 1997.
Por lo que se refiere a los delitos que contabiliza esta dependencia, precisa que el robo en sus diversas modalidades: a transeúnte, vehículo, camiones repartidores, casa habitación y a negocios ha mostrado una tendencia a la baja, situación que también se observa en ilícitos como el homicidio y las lesiones dolosas.
No obstante, el hecho ilícito que ha tenido un aumento significativo es la violación, pues mientras en 1993 era de 3.4 casos al día, pasó a cuatro en 1997 y a 4.1, en promedio diario, para este año.
Con relación a las acciones promovidas en contra de funcionarios públicos, el informe destaca que del cinco de diciembre de 1997 a septiembre de 2000, se promovió la consignación de 3 mil 407 funcionarios, lo que significa un aumento de 2 mil 299 por ciento más que los consignados en el trienio anterior que apenas ascendió a 142.
Precisa que de ese total, mil 46 (30.7 por ciento) prestaban sus servicios en la PGJDF; 603 eran policías judiciales, 200 se desempeñaban como agentes del Ministerio Público, 70 oficiales secretarios, 20 peritos y 153 laboraban en áreas administrativas.
Más adelante, el documento cita que en la desarticulación de organizaciones criminales se logró detener, hasta septiembre de este año, a 4 mil 283 asaltantes, secuestradores, asaltabancos, homicidas, corruptores de menores, lenones, violadores y otros delincuentes, "incluyendo a servidores públicos corrompidos, organizados todos ellos en 940 asociaciones delictuosas. Junto con ellos se han consignado a 382 jefes de organizaciones criminales de la mayor peligrosidad.