Ť Del Villar: investigará presuntos delitos de lenocinio y lavado de dinero

Analiza la PGJDF amparo otorgado a Iglesias Rebollo

Ť Claramente intencionales, las acciones y omisiones cometidas por propietarios del Lobohombo, dice

Ť Hoy comparece el procurador de Justicia capitalino ante la Asamblea Legislativa

Susana González G. Ť El incendio en la discoteca Lobohombo, ocurrido el 20 de octubre pasado, representa un "homicidio" por las acciones y omisiones "claramente intencionales" cometidas por los responsables del lugar en materia de seguridad y protección civil, aseguró Samuel del Villar, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

"El simular un hidrante, tener cerrada la puerta de emergencia con cadena y obstruida con mobiliario para aprovechar lucrativamente el espacio no parecen ser meros actos imprudenciales", dijo tras referirse a los exámenes periciales efectuados por la dependencia sobre la muerte de 20 personas. No obstante, aclaró que corresponde al Ministerio Público evaluar todos los elementos que se han integrado en la averiguación sobre el siniestro para determinar las responsabilidades correspondientes.

En conferencia de prensa, el procurador capitalino consideró que la suspensión provisional que obtuvo Alejandro Iglesias, presunto dueño del antro, por parte de un juzgado del estado de México para no ser privado de su libertad, parecería "una estratagema" del empresario para romper el sigilo de la averiguación previa y tener acceso a la misma.

Ante ello, la PGJDF analiza tanto las circunstancias en las que se solicitó el amparo como su procedencia porque no se sabe si el trámite lo llevó a cabo el mismo Iglesias u otra persona en su representación.

Si bien Samuel del Villar afirmó que se actuará conforme a derecho y en un marco de respeto absoluto al Poder Judicial Federal, también advirtió que de acuerdo con la Ley de Amparo, si el caso se refiere a la posible afectación de la libertad de una persona, "existe una excluyente del delito de falsedad para quien lo interponga".

De cualquier manera, precisó que hasta el momento no existe una orden de aprehensión contra Alejandro Iglesias, toda vez que aún se llevan a cabo las indagatorias respectivas para determinar qué responsabilidad tiene en el siniestro del Lobohombo. Admitió que existen elementos para suponer que el empresario ha incurrido en diversos ilícitos --"que en su oportunidad serán presentados ante los jueces"-- e insistió en que la PGJDF efectuará todas las diligencias necesarias para ubicar su paradero y evitar la impunidad en el caso.

El procurador también advirtió que si bien Iglesias parece ser el único dueño del Lobohombo, "hay indicios y elementos que hacen suponer la existencia de una organización de gran envergadura", por lo que la investigación se ha ampliado para descubrir qué otras personas pueden estar involucradas.

En tal sentido, Del Villar habló sobre las organizaciones con alcance internacional en el tráfico de blancas y otros delitos: "Hay hechos que son evidentes, el tráfico internacional de blancas, es decir la organización de lenocinio a nivel mundial, es uno de los problemas mayores que enfrentan las naciones... tenemos información que nos envió Interpol en el sentido de que pudiera haber involucramiento en estos casos y los vamos a investigar".

Tampoco descartó que en "la amplia y complicada" investigación que se lleva a cabo, pueda abrirse una línea por el delito de lavado de dinero en los giros negros manejados por Iglesias, pero dijo que la PGJDF no puede especular sino proceder de acuerdo con las evidencias que obtenga. De cualquier manera, mencionó que hasta ahora no se han encontrado delitosque sean competencia de la PGR con la cual, dijo, "tenemos que ir de la mano".

En torno a la presunta responsabilidad de funcionarios públicos por el incendio de la discoteca de Insurgentes Centro, Del Villar reiteró que se sigue una averiguación en la Fiscalía para Servidores Públicos. Ya se analizan a nivel grafoscópico la autenticidad de diversos documentos proporcionados por las autoridades de la delegación Cuauhtémoc, del Poder Judicial Federal, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, para determinar qué servidores públicos podrían estar involucrados, agregó.

"Hay un acta de inspección donde se constata que había decenas de extinguidores de fuego. Sin embargo, el día de los hechos no se encontraron más que algunos; trece de los pequeños que no eran los adecuados, lo que indicaría que fueron retirados, pero quiero irme con reservas".