MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Se reunieron el domingo con miembros de Paz y Justicia
Apoyarán el gobierno de Chiapas y diputados a paramilitares detenidos
Ť Los legisladores del PRI contratarían abogados que trabajaron en el Poder Judicial
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 30 de octubre Ť La Secretaría de Gobierno estatal y diputados locales acordaron apoyar a los once líderes del grupo paramilitar Paz y Justicia recientemente detenidos por la Procuraduría General de la República (PGR).
Durante una reunión secreta que sostuvieron el domingo con miembros del grupo armado, los legisladores se comprometieron a pagarles abogados particulares que ocuparon altos cargos en el Poder Judicial de la entidad y realizar acciones de presión en contra de quienes los inculpan, dieron a conocer hoy fuentes oficiales.
Antes, al enterarse de las órdenes de aprehensión en contra de los paramilitares, funcionarios del estado los convencieron de entregarse voluntariamente para agilizar el proceso judicial en su contra y así evitar una crisis política en la región donde operan, que afectaría al Partido Revolucionario Institucional en los comicios municipales del año entrante.
El presidente de la Gran Comisión del Congreso de Chiapas, y el titular de la Comisión Permanente, los diputados priístas Gustavo Cervantes Rosales y Mario Carlos Culebro Velasco, respectivamente, se reunieron la mañana del domingo con el dirigente de Paz y Justicia, el también legislador priísta Raymundo Hernández Trujillo.
Durante el desayuno, efectuado en el restaurante Flamingos de esta capital, sus compañeros congresistas le manifestaron su apoyo, para quien la Unidad Especializada de Delitos Cometidos por Presuntos Grupos de Civiles Armados pide el desafuero, de tal forma que se inicie en su contra un proceso penal por delitos que habría cometido en Yajalón.
En la reunión, los líderes del Congreso manifestaron su apoyo a Samuel Sánchez Sánchez, diputado de la Legislatura pasada, y a Marcos Albino Torres, otro de los principales líderes de Paz y Justicia.
Los diputados priístas aseguraron a Hernández Trujillo que la Secretaría de Gobierno estatal contrataría como abogados defensores de los paramilitares a Federico Corzo, ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y a un ex ministerio público y juez del fuero común, de quien las fuentes sólo mencionaron sus apellidos, Sánchez Bermúdez.
La defensa de los otros nueve detenidos, por no ser de los principales cuadros de Paz y Justicia, sería llevada por Manuel Melchor Gómez y Oscar Gumeta, trascendió.
Además, se comprometieron también a "entablar conversaciones" con los campesinos que, según el expediente penal 188/2000, acusaron a Samuel Sánchez, Raymundo Hernández y Marcos Albino de proporcionar al comando armado que los apoyó en el desalojo del predio Paraíso, de Yajalón, imputaciones por las cuales se giraron las órdenes de aprehensión contra los miembros de Paz y Justicia.
Según los jornaleros acusadores, los hombres armados que llegaron la víspera del desalojo para "apoyarlos" provenían de la comunidad Hidalgo Joschil, municipio de Tumbalá, y fueron enviados directamente por los líderes de Paz y Justicia, incluido el actual legislador priísta, porque así lo acordaron con su dirigente local.
Otro compromiso adquirido por los diputados Culebro Velasco y Cervantes Rosales, es que no cederían ante presiones para desaforar a Hernández Trujillo, pues la fuerza y los votos potenciales de su organización en municipios norteños donde tiene influencia serían de ayuda durante los comicios del año próximo.
Se entregaron voluntariamente
Según dieron a conocer también fuentes oficiales, el gobierno estatal se enteró por Joaquín Armendariz Zea, subsecretario de Gobierno de la zona norte -donde opera Paz y Justicia- y del delegado de Gobierno también de esa región, Iván Cruz Herrera, de las órdenes de aprehensión giradas contra los líderes paramilitares, y a través de los mismos funcionarios los convencieron de entregarse voluntariamente.
El mismo día de la detención, Samuel Sánchez se quedó de ver con ambos funcionarios en la capital del estado.
Horas después se trasladaron a San Cristóbal de las Casas para reunirse con las otras personas que serían aprendidas.
Enseguida, todos juntos se trasladaron a las oficinas de la Unidad Especializada de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se entregaron voluntariamente.
Apenas días antes, el 23 de este mismo mes, Samuel Sánchez y Marcos Albino encabezaron en la capital del estado la toma de las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para exigir la entrega de millonarios recursos que destinarían a "proyectos productivos", según indicaron.
Así, para evitar la crisis política que conllevaría un operativo para detener a los líderes paramilitares, dada la influencia que posee en miles de campesinos de la zona norte de la entidad, el gobierno estatal pactó con ellos múltiples apoyos económicos y políticos, así como auxilio judicial, a cambio de su entrega pacífica y su voto incondicional durante las próximas elecciones.
Por otra parte y ante el temor de que los indígenas que apoyan a los líderes paramilitares detenidos realicen alguna acción de desestabilización en su región como medida de presión y apoyo a los detenidos, este día aterrizaron en el aeropuerto militar de Terán más de cien elementos de la Procuraduría General de la República.
Los policías judiciales, fuertemente armados, se trasladaron de inmediato a los municipios Yajalón, Tila, Tumbalá, Salto de Agua, Sabanilla y Palenque, así como a otras regiones en la zona Altos, donde se localizaron grupos armados que podrían estar vinculados a los ahora detenidos.
La Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos de Civiles Armados les fincó a los once detenidos cargos por terrorismo, asociación delictuosa, delincuencia organizada, motín, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, entre otros.
La propia Procuraduría General de la República calificó esto de una acción histórica, dado que desde la creación de los grupos paramilitares, en 1995, se les había acusado a ese grupo de haber cometido diversos delitos graves, sin que hasta el momento se les haya podido comprobar ninguno.