MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Condena del gobierno de Euzkadi; marchas en repudio en cinco ciudades

Atentado en Madrid; mueren un magistrado y otras dos personas

Ť Aznar insta a no caer en el desánimo pues la lucha antiterrorista será "larga y difícil", advierte

Ť Se trata del segundo miembro de la judicatura española asesinado por el grupo armado vasco

Ť El estallido de un coche-bomba provocó además 66 heridos, en una acción atribuida a ETA

Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 30 de octubre Ť Un coche-bomba cargado con 20 kilos de explosivos mató hoy al magistrado militar del Tribunal Supremo de España, José Francisco Querol Lombardero, a su guardaespaldas y a su chofer e hirió a más de 66 personas, en una acción atribuida por la policía española a la organización armada vasca ETA.

Junto con Querol Lombardero, quien ostentaba el grado de general y era también magistrado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, perdieron la vida su guardaespaldas, Jesús Escudero, y su chofer, Armando Medina; la explosión provocó daños a unas 500 viviendas y a 30 vehículos.

De los 66 heridos, 12 permanecían hasta el cierre de esta edición internados en hospitales. Dos de los heridos, entre los que figura una niña de 11 años, estaban en "estado muy grave".

El presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, instó a la población a "no caer en el desánimo", pues advirtió que la lucha contra ETA "será larga y difícil".

La potente explosión ocurrió a las 9:15 de la mañana, cuando el automóvil oficial -sin blindaje- de Querol Lombardero circulaba por la calle Torrelaguna, en la colonia de La Concepción, al este de la ciudad. Según las primeras averiguaciones policiales, la bomba fue activada a control remoto por los supuestos etarras, quienes presuntamente se encontraban a pocos metros del lugar del atentado.

Querol Lombardero, de 69 años, con cuatro hijos y natural de Tarragona, Cataluña, es el segundo miembro de la judicatura española asesinado por ETA desde el grupo armado rompió, en diciembre pasado, el fin de una tregua unilateral de sus acciones armadas que mantuvo durante 14 meses.

Con estas últimas tres víctimas mortales, se ha atribuido a ETA la muerte de 19 per sonas desde el fin de la tregua, en un total de 32 atentados. La lista de víctimas incluye a tres militares, dos guardias civiles, un policía autonómico, un policía nacional, cuatro concejales del Partido Popular (PP, derecha, en el gobierno), dos dirigentes socialistas, el líder de los empresarios de la provincia vasca de Guipúzcoa, un miembro fundador del Foro de Ermua, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un funcionario de prisiones.

El juez del Tribunal Supremo, a quien le faltaba un mes para su jubilación, hizo su carrera judicial en el seno del Ejército.

García Escudero, de 53 años, llevaba nueve días fungiendo como guardaespaldas del magistrado asesinado; y el chofer Armando Medina, de 57 años, tenía 15 años trabajando para el Tribunal Supremo.

La explosión provocó que el coche en el que viajaban el juez militar, su escolta y su chofer, que quedó completamente calcinado, volara ocho metros pasando por encima de un autobús municipal de pasajeros, y se incrustara en la parte delantera del vehículo.

Fuentes hospitalarias dijeron que el conductor del autobús, Jesús Sánchez Martínez, de 35 años, es uno de los dos heridos graves. El otro es una niña de 11 años. Se informó que entre los demás ocupantes del autobús no hubo heridos de consideración.

Sin embargo, el paso casual del camión por delante del automóvil que fue hecho estallar sirvió de "parapeto" de la explosión. El delegado del gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuástegui, aseguró que "si el autobús se hubiera adelantado un poco hubiera ocurrido una verdadera masacre".

Asimismo, unas 500 viviendas y 30 automóviles resultaron afectados por el incendio que siguió a la explosión, según los informes del Ayuntamiento de Madrid.

Tras el estallido, los servicios hospitalarios instalaron una tienda de campaña en la que se atendieron a las decenas de heridos por esquirlas y vidrios de cientos de ventanas que se rompieron por la onda expansiva; se informó que serán retiradas cerca de 16 toneladas de escombros.

Al lugar de los hechos acudió el juez español, Baltasar Garzón, quien se encuentra esta semana de guardia en la Audiencia Nacional.

La policía informó que el coche-bomba era un Renault 19 rojo con placas falsas, robado el pasado 17 de agosto en Madrid, lo que hace suponer a las autoridades que ETA cuenta con una sólida infraestructura en esta capital, donde ha cometido cuatro ataques desde el final de la tregua anunciado en diciembre pasado, todos ellos empleando coches-bomba. En el primero de estos atentados murió el teniente coronel Pedro Antonio Blanco.

ETA también colocó, el pasado 12 de julio, un coche-bomba en la céntrica Plaza de Callao y otro artefacto similar en la calle Platerías, en agosto pasado.

La única pista con la que hasta ahora cuenta la policía es un video grabado por una cámara de circuito cerrado de una sucursal bancaria frente al lugar del atentado en el que esperan se vea la imagen de los presuntos etarras cuando estacionaron el auto por la noche.

Pasadas las ocho de la noche, Aznar dirigió un mensaje al país, en el que señaló que "respalda a las fuerzas armadas, a toda la judicatura y a los funcionarios públicos contra esa organización terrorista que los considera un obstáculo para sus fines de independencia y de totalitarismo en el País Vasco".

Agregó que "es verdad que en esta lucha (contra ETA) hay días de éxito para nuestro Estado de derecho y hay días de luto por las víctimas; y los primeros no deben llevarnos en ningún caso a la euforia ni los segundos deben hacernos caer en el desanimo".

Aznar reiteró que su gobierno "profundizará en las reformas legales" para luchar contra ETA y su entorno, al tiempo que insistió en que la lucha contra ETA "será larga y difícil".

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado Barrio, leyó una declaración institucional en la que afirmó el "compromiso de todos los jueces y tribunales de España con el Estado de derecho", por lo que, afirmó, "los atentados como el de hoy no tienen la mas mínima posibilidad de afectar al estricto cumplimiento de las funciones que la Constitución les encomienda".

El ministro de Defensa, Federico Trillo, afirmó que "todas las fuerzas armadas hemos sentido en nuestra carne hoy este mazazo".

El vocero del gobierno vasco, el nacionalista moderado Josu Jon Imaz, apuntó que "ETA ha mostrado, con este repugnante atentado, que desprecia la vida y los derechos humanos, que habla de democracia y de 'pueblo vasco' cuando desconoce qué es la democracia y que la palabra 'pueblo' sólo le interesa para mostrar su desprecio ante la voluntad popular y su actitud permanente de chantaje".

El vocero del Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el gobierno local), Iñaki Anasagasti, afirmó que ETA "es una máquina de matar que desoye todos los llamados que le hacen la sociedad y la clase política". El vocero socialista Jesús Caldera afirmó que ETA "no va a conseguir que los ciudadanos se conviertan en esclavos de su fanatismo".

La presidenta de Eusko Alkartasuna (EA, socio del PNV en el gobierno vasco), Begoña Errazti, instó al resto de las formaciones políticas a buscar una "salida política" al conflicto pues, dijo, "ETA puede continuar así mucho tiempo".

El recién nombrado coordinador de Izquierda Unida (IU, comunistas y republicanos), Gaspar Llamazares, hizo un llamado a "los demócratas" para formar un "frente común contra ETA, ya que la división y la descalificación que en estos momentos se produce es una fórmula que está utilizando el entorno de ETA para simplificar en términos de amigo o enemigo" en su beneficio.

El primer ministro de Irlanda del Norte y Premio Nobel de la Paz, David Trimble, señaló en Madrid, donde se encuentra para dictar una conferencia sobre el proceso de paz en el Ulster, que "la actividad de ETA es inútil, ya que en Irlanda del Norte, tras 30 años, se determinó que esta actitud no sirve para nada".

Tras el atentado de ETA, se realizaron concentraciones de protesta en Madrid, Barcelona, Vitoria, Bilbao y San Sebastián. A la marcha de la capital española acudieron unas 2 mil personas, y en ella se leyó una declaración que afirmó que "nada es posible sin el respeto a la vida, a los derechos humanos y a la democracia. Que nadie se equivoque, no conseguirán asesinar la libertad. Lo decimos alto y claro: a pesar de estar sobrecogidos por este acto cruel, estamos aquí manifestados contra el terrorismo y el genocidio de ETA".

Durante la protesta, una persona que gritó: "el pueblo vasco está oprimido", tuvo que ser rescatada por un policía nacional.

Por último, el ex número uno de ETA, Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, fue condenado hoy por la Audiencia Nacional a 30 años de cárcel por su responsabilidad en un atentado en el que murió la fiscal Carmen Tagle.