MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Luis Hernández Navarro Ť
El regreso de la lucha de clases
Las plegarias de Carlos Abascal no surtieron efecto. En lugar del solidarismo y el "humanismo profundo" que el probable secretario de Trabajo de la administración foxista pregona, regresó al país la lucha de clases. La semana pasada los trabajadores al servicio del Estado se rebelaron, los transportistas bloquearon carreteras y campesinos de Baja California levantaron barricadas.
El 25 de octubre en Los Pinos se realizó un encuentro entre el presidente Zedillo y empleados públicos. El grito aislado de una trabajadora exigiendo el pago del bono sexenal se convirtió en una revuelta. De la exigencia del bono se pasó a la amenaza del paro y los puños en alto. Y de allí a la movilización callejera.
Cuando el líder sindical de la SCT, Sergio Chico, advirtió "con todo respeto, señor Presidente, pero las bases nos pueden rebasar", era un poco tarde. Ya los habían rebasado. La protesta es auténtica y viene de abajo. Se alimenta de una larga resistencia de lucha en contra del charrismo sindical. No es el instrumento de un grupo de líderes que buscan acomodo en el nuevo gobierno. Los trabajadores no han esperado las consignas de sus representantes para moverse. De traidor no bajan muchos trabajadores a Joel Ayala, dirigente de la FSTSE. El movimiento, más allá de su demanda central, reivindica la dignidad: "no somos burla de nadie", aseguran los servidores públicos.
El bono sexenal es un paliativo a la carencia de un salario justo, no un privilegio. Como ha señalado Néstor de Buen (La Jornada, 29 de octubre de 2000), su pago tiene base legal. Su obligatoriedad deriva de la costumbre y tiene el mismo valor de una prestación reconocida expresamente. Forma ya parte de las condiciones de trabajo de la burocracia.
El martes 24 de octubre, transportistas miembros de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) bloquearon las tres autopistas del país. Exigían revocar el permiso de operación de la empresa extranjera Easo-MSCarrier. Según ello, el funcionamiento de esta compañía dentro del territorio nacional violenta la reciprocidad de condiciones que deben existir entre los países miembros del TLC. "No es con paros --declaró Herminio Blanco-- como se resolverán los problemas".
El miércoles 25 de octubre, ejidatarios de Coronel Esteban Cantú, en el sur del municipio de Ensenada, levantaron barricadas y establecieron guardias en los accesos de su comunidad para impedir la ejecución de una sentencia de amparo emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ella se restituye un predio de 18 hectáreas de terreno a la empresa Purúa Punta Estero, previamente afectada por una resolución presidencial, que dotó de tierras al ejido.
Estas luchas son, apenas, las primeras burbujas que revientan en un olla con agua a punto de hervir. Se caracterizan por la combinación de demandas elementales (un bono, fin a la competencia desleal, conservación de la tierra) con acciones de gran radicalidad (paros masivos, toma de calles, bloqueos de carreteras, barricadas) conducidas con frecuencia por afuera de los canales de interlocución tradicionales o por dirigentes oficiales presionados por sus bases. Son el termómetro de la temperatura que ha alcanzado el malestar social como resultado de 14 años de políticas de ajuste y estabilización. Son una muestra del enorme rezago que existe entre las demandas de la población, sus liderazgos y los mecanismos de relación con la administración pública. Evidencian la forma en que el neoliberalismo ha segregado a la población hasta el punto de acercar en sus demandas y formas de lucha a actores antes enfrentados.
Otros conflictos sociales están a punto de estallar. La inminente presentación ante el Congreso de la iniciativa de ley para privatizar la industria eléctrica pondrá en la calle a miles de trabajadores electricistas y sus aliados. El repudio a la sexta relección de Leonardo Rodríguez Alcaine al frente del SUTERM y la participación de la disidencia democrática --en un hecho sin precedente en la planilla Cambio y Democracia, que se propone derrocar por la vía legal un cacicazgo sindical de un cuarto de siglo durante el próximo Congreso de los días 3 y 4 de noviembre-- anuncian grandes convulsiones dentro del gremio de los trabajadores de la CFE.
El movimiento urbano popular atraviesa por una fase de reflexión y reorganización que tiene como eje el balance de su relación con los partidos políticos y la lucha parlamentaria. En breve, las organizaciones que lo integran pasarán a una nueva ofensiva. Una situación similar viven amplias franjas del movimiento campesino.
Si el nuevo gobierno espera que en nombre de la democracia las demandas sociales se sigan aplazando se equivoca. Quizá porque, como ha señalado Carlos Abascal, se mantiene vivo "el contenido de los libros de texto de este país, en los que se construyó un mito de la confrontación radical entre obreros y trabajadores", o tal vez, sólo por necedad de la historia, la lucha de clases no desaparecerá. Por el contrario, parece haber regresado para quedarse.