LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2000

Ť El fisco no debe cobrar más a los grandes contribuyentes, según el CCE

Gravar el consumo aunque sea doloroso, exigen empresarios

Ť Hasta ahora se ha aplicado una política fiscal ''electorera'' y ''populista'', sostienen

Ť Piden reducir tasa del ISR para incentivar la inversión extranjera, y la deducción de inversiones

David Zúñiga Ť Los empresarios no están de acuerdo con que el fisco le cobre más a los grandes contribuyentes para resolver sus problemas de recaudación en el corto plazo, e insisten en eliminar las exenciones y los privilegios, gravar el consumo ''aunque sea doloroso'' y modificar el régimen de pequeños contribuyentes.

Fernando Ruiz Sahagún, presidente de la Comisión de Estudios Fiscales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y representante del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) ante la Secretaría de Hacienda, sostuvo que hasta ahora se ha aplicado una política fiscal ''electorera'' y ''populista'' que ''persigue beneficiar a ciertos sectores de la economía que producen muchos votos'', y por ello prácticamente no se les cobra impuestos. ''Todo mundo tiene que colaborar. Si se desea fomentar alguna actividad, tendrá que ser a través de otras secretarías como la de Comunicaciones y Transportes o la de Comercio, que den estímulos o subsidios, pero todo mundo tiene que pagar impuestos exactamente sobre las mismas bases, únicamente reconociendo diferencias de capacidad técnica''.

Ruiz Sahagún recordó la irritación de las grandes empresas mexicanas en 1998, cuando a raíz del desplome de los precios del petróleo se les incrementaron los gravámenes, en particular el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), particularmente a las bebidas alcohólicas, lo cual consideraron una injusticia.

Explicó que sólo hay tres renglones que se pueden gravar: la generación de la riqueza, la riqueza en sí misma y el consumo. México, aseguró, se ha inclinado más por gravar la creación de la riqueza por medio del impuesto sobre la renta (ISR).

''Lo justo, lo equitativo, sería gravar la riqueza, pues gravar su generación provoca muchas distorsiones económicas al hacer que la gente prefiera desarrollar unas actividades sobre otras en virtud de las cargas fiscales. Sin embargo, gravar la riqueza es difícil porque se puede esconder, mover o sacar del país. La tendencia mundial es gravar el consumo porque es lo que menos distorsiones crea, lo más equitativo porque grava la capacidad de cada uno'', añadió.

Sobre las críticas acerca de que el impuesto al consumo es regresivo e implica una mayor carga tributaria a los más pobres, reconoció que esto es correcto, pero sólo ''en una primera fase. Si vemos el ciclo completo, no necesariamente es así, porque los mayores recursos que se obtienen a través del impuesto al consumo se deben regresar a la sociedad, y los más beneficiados son precisamente quienes pudieron haber resultado más afectados con el incremento de los impuestos''.

También reconoció que existe un desfase entre lo que se recauda y lo que se devuelve a la sociedad, además de que el supuesto beneficio no llega de inmediato, ''pero a la larga es la única forma en que se puede lograr una distribución real de la riqueza y lograr un ingreso importante para el fisco''.

Advirtió que ninguna política tributaria funciona adecuadamente a menos que tenga la aceptación y el apoyo de la sociedad; para ello es necesario un régimen equitativo ''en el que todos paguen''; asimismo, la gente debe constatar que el dinero se usa en forma transparente en beneficio de la comunidad. Hasta ahora, lamentó, la postura de diversos sectores en torno a la reforma hacendaria se resume en la frase popular ''hágase la voluntad del Señor en los bueyes de mi compadre''.

Las metas de la política fiscal deben ser incrementar la recaudación, redistribuir la carga fiscal, promover el ahorro y la inversión e incentivar la inversión extranjera, para lo cual es preciso reducir la tasa del ISR. El régimen actual, sostuvo, ofrece pocos estímulos al ahorro y la inversión; además, la falta de estabilidad y claridad de las disposiciones genera inseguridad jurídica. Para ello, propuso limitar ''ciertas'' deducciones, eliminar exenciones de impuestos, así como ''revisar'' los regímenes simplificado y de pequeños contribuyentes, el sistema de consolidación y la progresividad de las tarifas, y volver a permitir la deducción inmediata de inversiones.