LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Iván Restrepo Ť
Estela
La agencia para la protección ambiental de Estados Unidos, mejor conocida por sus siglas EPA, acordó que para fines del año próximo queda prohibida la producción de un compuesto químico muy utilizado en ese país y en gran parte del mundo para combatir algunas plagas que se presentan en jardines y en el hogar. Se trata del cloripirifo. Luego de insistentes peticiones de científicos y grupos ambientalistas, la EPA reconoció que los plaguicidas que contienen dicho compuesto y se comercializan bajo diversos nombres, como dursban y lorsban, pueden perjudicar el sistema nervioso y alterar el desarrollo cerebral, especialmente de los niños. Igualmente, causar dolores de cabeza, debilidad muscular, problemas de visión y náusea.
Los estudios de la agencia estadunidense demostraron que al aplicar dicho compuesto para, por ejemplo, proteger de algunos insectos a frutas, vegetales y granos, quedan residuos que afectan después la salud pública. Es el caso de tomates, manzanas, peras y uvas, las cuales se venden por doquier en el vecino país. También las personas están expuestas al utilizarlo para combatir insectos en casas, jardines y en los collares antipulgas para perros y gatos.
La prohibición levantó acres comentarios de quienes exigían al gobierno que obligara a la industria química a no elaborar más dicho plaguicida. Alegan que si la EPA comprobó luego de muchos estudios que es dañino, debió retirarlo del mercado de inmediato y no dar más de un año de plazo para ello. El tolerar que hasta fines del 2001 se sigan vendiendo fórmulas con dicho compuesto se interpretó como una concesión a la industria química. Sin embargo, está ya prohibido usarlo en escuelas, guarderías infantiles, parques, hospitales, tiendas y centros comerciales.
En nuestro país, cualquiera puede adquirir sin problema alguno los plaguicidas de uso agrícola y doméstico que contienen clorpirifos. Según la Red de Acción Contra Plaguicidas en México, más de 20 compañías lo expenden bajo diversos nombres. Los más comunes son Raid, Hartz y Black Flag. Se desconoce la cantidad que se consume pero las autoridades de salud aseguran que es diez veces menor que en Estados Unidos. Aún así, no hay duda de que, tarde o temprano, será necesario prohibir su uso. Y mientras eso ocurre, reglamentar la publicidad y el etiquetado de esos productos.
Al respecto, el usuario en su inmensa mayoría desconoce los peligros a que se enfrenta al comprar y aplicar fórmulas químicas para combatir insectos y plagas en hogares y jardines. En todas, las advertencias sobre manejo y posibles daños a la salud están en letra tan pequeña que se requiere lupa para leerlas. Peor ocurre con varios agroquímicos todavía más tóxicos y peligrosos que se venden sin cuidado alguno por litros y kilos en tiendas y centros de abasto del país.
Por otro lado, aunque nuestra legislación habla de evitar daños a la salud por las sustancias utilizadas para combatir plagas, en la realidad sucede lo contrario. Una prueba de ello son los jornaleros que soportan el efecto nocivo de los agroquímicos que aplican, por ejemplo, en los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Nayarit, El Bajío, el Soconusco, Baja California y La Laguna. Así, tanto en la ciudad como en el agro, entre ricos y pobres, los plaguicidas dejan daño. Pero es mucho mayor entre quienes se ven por necesidad obligados a aplicarlos sin la menor protección.