LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Debe regresar a San Lázaro: López Martínez

La iniciativa de Ley de Desarrollo Rural "no genera certidumbre"

Ť Lo económico, determinante en el caso, según el miembro del CNA

Ť El documento, que está en el Senado, "no se amarró jurídicamente"

Angélica Enciso L. Ť La Ley de Desarrollo Rural debe proporcionar certeza en torno a las políticas agropecuarias del país y de los montos presupuestales que tendrán que ser aplicados al campo, aspectos que no garantiza la iniciativa que se encuentra en el Senado de la República para su aprobación, por lo que tendría que ser regresada a la Cámara de Diputados y modificarse, consideró Jorge Luis López Martínez, responsable de la Comisión de Desarrollo Rural del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Dijo que el aspecto económico es determinante en el caso, y que el documento que ya fue aprobado por los diputados no lo garantiza. "No genera instrumentos que den la certeza de los recursos", por lo que tendría que modificarse el artículo 40 de la iniciativa. Ahí se tendrá que explicitar que el Presupuesto de Egresos para el agro tendrá que estar acotado por los compromisos de apertura comercial, en los que se comprometieron 11 mil 700 millones de pesos que no se han destinado al sector".

En entrevista, López Martínez explicó que esa situación se dio porque el planteamiento no se amarró jurídicamente y la propuesta del Ejecutivo no se cumplió: no ha habido certeza económica en el campo.

Detalló que la postura del CNA es que la iniciativa sea revisada en otros dos puntos adicionales a los económicos: contiene principios que trastocan la actual legislación que sostiene la estructura del campo --alrededor de 59 leyes y al menos 380 decretos y normas oficiales-- por lo que con un transitorio se puede salvar el problema que se presenta cuando aborda temas como las semillas o lo forestal, rubros que tienen su respectiva legislación.

"En relación con la organización de los productores, en este momento hay organizaciones especializadas de los sectores pecuario y agrícola. Incluso el Senado aprobó recientemente la Ley de Asociaciones Ganaderas, por lo que la Iniciativa de Desarrollo Rural no debería tocar este punto", dijo.

"En el caso de las organizaciones agrícolas o las sociedades económicas, en el CNA creemos que ya existe un marco sólido en las leyes Agraria y de Sociedades Mercantiles, por lo que otro marco jurídico ya no tendría que abordarlo. Lo que sí sería viable formular es una regulación para la interacción entre organizaciones de productores y el gobierno", afirmó.

Consideró que después del análisis que el CNA ha hecho de la Ley de Desarrollo Rural, sistemáticamente se trastoca el marco jurídico del campo, se mete a sanidad vegetal donde ya hay una ley e igual ocurre con las semillas, lo forestal y aguas nacionales.

Insistió en que la principal necesidad del sector agropecuario del país es dar certeza a las políticas agropecuarias, y su principal problema la inseguridad de los recursos presupuestales para ejecutarlas. El marco jurídico debe conllevar esa certeza económica, como ocurre en otros países.

Recordó que con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), el gobierno se comprometió a establecer un programa de apoyos al campo mediante el cual se compensarían las asimetrías de subsidios con otros países.

De esta manera nacieron Procampo, Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria y Alianza para el Campo: este paquete era el programa. Además, se estableció que en la medida que se liberaran recursos de Conasupo, estos pasarían a los productores, pero ello no se cumplió.

Por todo esto, precisó, se requiere un marco jurídico que proporcione certidumbre al sector.

Por su parte Luis Meneses, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales, Campesinas Autónomas, estimó que el campo opera en forma desarticulada, lo que hace necesaria su integración.

"Los que sostienen la posición de que no haya Ley de Desarrollo Rural afirman que el libre mercado regulará el campo por sí mismo y se debe dejar a voluntad y decisión discrecional del gobierno en turno la aplicación de los recursos", consideró.

Estimó importante establecer mecanismos de participación social en el diseño y aplicación de las políticas públicas dirigidas al campo mexicano, así como esquemas que faciliten la solución de las controversias que se susciten.