DOMINGO 29 DE OCTUBRE DE 2000

Zedillo "legaliza" la ocupación militar

Hasta los últimos días de su mandato Ernesto Zedillo sigue insistiendo en promover la guerra en Chiapas. El todavía presidente de México decidió entregar al Ejército tierras del ejido Amador Hernández, municipio de Ocosingo, para construir un cuartel.

Esta decisión es una auténtica declaración de guerra contra las comunidades zapatistas que desde hace más de un año mantienen un plantón contra la ocupación militar de este lugar.

En este caso, el gobierno de Vicente Fox se encontrará con hechos consumados que contradicen sus declaraciones en favor del diálogo de paz en Chiapas en las que manifestó su disposición a retirar al Ejército de las comunidades indígenas. Este acto se da en un momento en el que se menciona al general Mario Renán Castillo (responsable de la estrategia contrainsurgente en ese estado de 1994 a 1997) como futuro secretario de la Defensa Nacional. ƑMera coincidencia?

Para Zedillo la guerra contra los pueblos indígenas es "causa de utilidad pública"; así lo ratifica en su decreto publicado el 18 de octubre pasado en el Diario Oficial de la Federación, donde expropia tres hectáreas y media a los tzeltales de Amador Hernández para que la Sedena proceda a "la construcción de instalaciones militares para adiestramiento de destacamentos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, y al desarrollo de actividades castrenses".

Esta decisión presidencial desmiente las propias declaraciones de Zedillo y las del secretario de Gobernación, quienes rechazaron todo el tiempo las denuncias de los indígenas que mencionaban la construcción de un cuartel en sus parcelas de cultivo.

Esta historia empezó el 8 de agosto de 1999 cuando 500 soldados llegaron por aire y tierra al ejido Amador Hernández, ubicado en la entrada de la reserva de la biosfera de Montes Azules, con el pretexto de "proteger" la maquinaria y a los trabajadores de una empresa que construía una carretera de 19 kilómetros para comunicar este lugar con San Quintín (sede del cuartel militar más grande de la selva chiapaneca).

Desde el 25 de agosto del año pasado, cientos de indígenas zapatistas mantienen un plantón para protestar contra la invasión militar. La construcción del camino se suspendió pero los soldados permanecen en sus tierras.

Atrás quedaron las justificaciones oficiales y se evidenció el verdadero propósito de la ocupación militar de Amador Hernández: no fue para construir una carretera, ni para combatir el narcotráfico, ni para cuidar la reserva de la biosfera ni para evitar la violencia. El Ejército ocupó estas tierras para realizar tareas contrainsurgentes como parte de la guerra que libra el gobierno actual contra los pueblos indígenas rebeldes.

El decreto de Zedillo "legaliza" la presencia del Ejército en ese lugar (en un momento en que había un proceso judicial contra la ocupación ilegal de los militares de las tierras de los indígenas) y viola la Constitución mexicana, la Ley Agraria, los derechos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Nada de eso le importa a Zedillo, ciego por el rencor que tiene contra el EZLN, esa "piedra en el zapato" de su gobierno.

El decreto de Zedillo es una provocación premeditada. ƑQué dirá Fox de esta decisión? ƑCuál será la postura de don Luis H. Alvarez, encargado por Fox para promover la paz en el estado? ƑQué dirá la sociedad que votó el 2 de julio esperanzada por un cambio que hoy enfrenta decisiones de un régimen que ha apostado a la guerra en Chiapas?

Aunque todo cambie, decía el líder de la burocracia Joel Ayala hace un par de años, frente al presidente Ernesto Zedillo, "se queda con nosotros lo que más engrandece a la persona, la lealtad".

Quizá esa frase fue evocada por el presidente la noche del miércoles, en Los Pinos, cuando los líderes de la burocracia lo encararon al grito de "šbono, bono, bono!".

Quien abrió fuego se llama Joel Ayala, y es líder moral de los trabajadores de la Secretaría de Salud, además de secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Ese cargo era un anhelo de Ayala desde 1989. Tres veces lo intentó y falló. Pero en marzo de 1998 lo consiguió, pese a la oposición de muchos sindicatos federados, y gracias al detalle de que fue candidato único.

En aquel año, algunos líderes de la burocracia consideraron que la buena estrella del ahora senador Ayala tenía que ver con el hecho de que fue compañero del presidente Ernesto Zedillo en la escuela secundaria 18 de Marzo, en Mexicali, Baja California (Masiosare, 6 de junio de 1999).

Ahora, cuando los aliados "históricos" del régimen comienzan a marcar su raya (ver las declaraciones de José El Pajarito Ramírez Gamero el pasado jueves), los burócratas no son la excepción.

La revuelta comenzó en Los Pinos, salió a las calles de la ciudad de México y amenaza con extenderse durante varios días. Y a la cabeza está el líder que, como diputado, votó a favor de una ley que prohíbe los pagos extraordinarios, incluido el peleado bono sexenal.

Unos días antes de la revuelta de los burócratas, miles de maestros miembros del SNTE en Baja California repudiaron a sus líderes empeñados en encabezar las protestas contra el gobierno estatal panista.

Quizá para evitar ser "rebasado" por sus bases, el senador Ayala encaró al presidente Zedillo en su propia casa y le demandó el pago del dichoso bono sexenal, además de otras prestaciones.

Ayala consolida así su idea de extender su mandato al frente de la FSTSE, una pretensión contra la cual se habían manifestado muchos líderes.

Gracias a su súbita combatividad, Joel Ayala puede encabezar la transformación de la FSTSE y echar abajo las posiciones y reformas que él mismo promovió.

Por ejemplo, quizá pueda desdecirse de la acusación que lanzó contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando éstos decidieron sentar jurisprudencia en materia de libertad sindical: obedecen a intereses de "grupos ultraconservadores".

En cuanto a las reformas, quizá el nuevo Joel Ayala promueva la eliminación del artículo 43 de su federación que establece que la Secretaría de Acción Política tiene entre sus funciones "promover campañas de proselitismo y afiliación al PRI".

O bien el apartado que obliga a los líderes a buscar "cargos de elección popular para los miembros de la FSTSE y promover a la federación ante el PRI". O el artículo 94 que obliga a los sindicatos de burócratas a mantener "relaciones permanentes con el CEN, los comités estatales y del Distrito Federal del PRI", para conocer y participar en el fortalecimiento del partido.

En todo caso, lo que empieza a hacer crisis es el destino de los 74 sindicatos de la FSTSE y sus líderes con un nuevo gobierno porque, como recordó su ex dirigente Carlos Jiménez Macías, la federación de los empleados públicos "nace bajo el más absoluto régimen de sindicalismo de Estado, como una parte e instrumento del Estado para agrupar a sus trabajadores. Nace con una concepción extremadamente corporativista".