DOMINGO 29 DE OCTUBRE DE 2000

Los dos incendios del Lobohombo

Un "problema de semántica" -entre la sentencia de amparo y la suspensión provisional- desató un rudo choque entre el gobierno de la capital y los jueces federales, a raíz de la tragedia en el bar Lobohombo. La guerra de argumentos jurídicos sacó del armario un viejo debate sobre la facilidad con la que los juzgadores dan entrada a los juicios de amparo, pero del otro lado, la sombra de la corrupción cayó sobre la administración perredista. Detrás de los muertos en Lobohombo, hay una larga historia de complicidades, guerras sucias y oportunismo político

Daniela PASTRANA

Alejandro Carrillo Castro mandó llamar a Alfonso Suárez del Real, presidente del Movimiento Pro Dignificación de la Colonia Roma y puntilloso vigilante de la expansión de los llamados "giros negros" en la delegación. Eran los últimos días de 1996. Carrillo Castro, tercer delegado político en Cuauhtémoc durante la administración de Oscar Espinosa Villarreal, extendió sobre la mesa 53 expedientes, cada uno correspondiente a un juicio de amparo distinto promovido por los dueños del table dance de moda: Titanium.

"Es imposible cerrarlo", concluyó el funcionario.

* * *

El asunto no es nuevo. Desde 1994, distintos funcionarios del gobierno de la capital se han lamentado de la complacencia, por decir lo menos, de los jueces de distrito para interpretar la Ley de Amparo, pues aunque generalmente se niega este beneficio en la sentencia final, permite a los dueños de establecimientos ilegales "jugar" con las suspensiones provisionales en tanto dura el juicio.

El incendio que cobró 20 vidas en el bar Lobohombo la semana pasada resucitó la polémica, al conocerse que el dueño había promovido 11 demandas de amparo que, aunque no fueron concedidas, permitieron alargar la clausura.

Pero detrás de los escombros del Lobohombo hay mucho más que artimañas jurídicas. La tragedia dejó en evidencia una red de complicidades y corruptelas que amenazan con alcanzar al primer nivel del gobierno perredista. A la guerra de declaraciones y deslindes se le agregaron buenas dosis de oportunismo político, mientras el dueño del Lobohombo, Alejandro Iglesias Rebollo -identificado por las autoridades como jefe del Grupo Titanium y zar de la vida nocturna en la capital-, sigue sin aparecer.

El origen de la tragedia anunciada se ubica en diciembre de 1995, cuando la delegación Cuauhtémoc, encabezada por Jesús Dávila Narro, otorgó la licencia de funcionamiento del restaurante-bar Omega, en un predio de mil metros cuadrados ubicado en el número 95 de Insurgentes Centro.

*El primer nudo: son dos predios

Al entrar la administración perredista, Alfonso Suárez del Real se incorporó al equipo de Jorge Legorreta como subdelegado de zona en Juárez-San Rafael.

Ahí recibió, en 1998, la solicitud de licencia de apertura del restaurante-bar La Barda de San Rafael, en el número 97 de Insurgentes Centro. La solicitud estaba a nombre de un tal Tufit Huacuja Taja.

En los registros de la subdelegación no se encontró el número oficial 97, por lo que el 15 de mayo de 1998 se canceló el trámite.

En cambio, el proceso de traspaso de licencia en el número 95, donde estaba el restaurante-bar Omega, no tuvo ningún impedimento. El local estaba acreditado por la licencia de 1995 y revalidado en los dos años siguientes, según consta en el expediente 321.18/79/95.

El traspaso se firmó el 13 de mayo de 1998. El dueño de Omega, Víctor Contreras Carmona, cedió sus derechos a Alejandro Iglesias Rebollo, entre ellos la licencia CUAMO 5004, para operar como restaurante-bar con pista de baile, de 7 de la noche a 2 de la mañana.

Al calce quedó la leyenda: "Esta licencia será válida siempre que al ser requerida por las autoridades respectivas se presente con la boleta del último pago de impuestos de giro autorizado. Deberá revalidarse anualmente y será cancelada cuando a juicio de este departamento sea necesario".

La revalidación de la licencia al traspaso, firmada en mayo de este año, fue ventilada esta semana como supuesta prueba de que el delegado saliente, Jorge Legorreta, avaló el funcionamiento del Lobohombo.

No es tan exacto. El traspaso ampara la operación del restaurante-bar en los mil metros que tenía el Omega. Pero en los 437 metros del número 97 nunca hubo permiso. Ese fue el origen del pleito.

*La guerra sorda

El nuevo bar inició sus actividades como un lugar para "chavos dark", en el que sólo se vendía cerveza. Por regla general cerraba sobre las 2:15.

Pero Suárez del Real no le perdió el rastro al local de Alejandro Iglesias, a quien los güigüis -los enganchadores de clientes para los antros- ya identificaban como cabeza del Grupo Titanium, su dolor de cabeza desde 1994, cuando era líder vecinal.

En octubre de 1999, instalado en la coordinación de asesores del delegado, Suárez del Real fue informado de que se estaban realizando obras en el interior del Lobohombo, aunque en la ventanilla única no se tenía registrado ningún trámite. Por esos días corría también el rumor de que "se iba a abrir el table dance más grande de la ciudad".

Alertado, el funcionario ordenó la primera inspección, que se realizó el 27 de octubre. La confirmación de que se habían realizado obras de ampliación del local sin autorización permitió la primera orden de clausura, el 16 de noviembre.

Era el principio de una guerra "sorda y muy intensa", entre los propietarios y las autoridades delegacionales, que terminaría por reventar un año después.

El 8 de diciembre, la delegación presentó una denuncia penal en contra de los propietarios por el rompimiento de sellos de clausura. La multa de 66 mil pesos no impidió que dos días después volvieran a romper los sellos.

Fue entonces el primer intento de conciliación, a mediados de mes. En una reunión en la oficina del delegado, los representantes del Lobohombo manifestaron su interés en regularizarse. La respuesta -según la reconstrucción de algunos actores involucrados- fue la misma: no había ningún problema con los mil metros de lo que fue el Omega, pero el resto estaba ilegal. Y para certificarlo se requería, en principio, de una consulta vecinal.

En lo referente a la clausura, la delegación solicitó el cumplimiento de 11 requisitos, entre ellos un avalúo y la suspensión definitiva de las obras. Nada se cumplió.

*Tragedia evitable

El Lobohombo estaba de moda. El tamaño -habilitado para mil 200 personas- y la presentación de artistas como Oscar de León y Gloria Stefan, le permitieron ganar popularidad en los cinco meses que funcionó. Tanto, que iba a ser sede de la final del Primer Encuentro Deportivo de Salsa, convocado por la Asociación Unica de Baile del DF y la Confederación Deportiva Mexicana. Según la convocatoria, auspiciada también por Conaculta, las eliminatorias comenzaron el 28 de septiembre en los principales salones de baile de la ciudad. La final sería en Lobohombo el 12 de noviembre.

Cuando se inició el incendio pasaba de las 5 de la mañana (debía haber cerrado tres horas antes), según se dijo, porque hubo una fiesta privada.

Pero quizá lo que conmocionó a la opinión pública es que las muertes pudieron evitarse. Los testimonios son terribles: con las salidas de urgencia selladas, las víctimas quedaron atrapadas al derrumbarse el puente de acceso, después de que los guardias impidieron que salieran sin pagar.

Y los peritajes revelaron que el lugar no contaba con las medidas de seguridad establecidas en la ley.

Una más para el Gobierno del Distrito Federal, que no ha atinado a clarificar las versiones de que habría avalado las condiciones de seguridad del local, a pesar de saber que no cumplían la ley.

El origen está en un oficio fechado el 13 de enero de 2000 y firmado por Dionisio Encina, subdirector de Protección Civil delegacional, en el que informa a la subdelegación jurídica que el análisis "en mesa" del programa de seguridad presentado por los dueños de la empresa no tiene ninguna irregularidad. Sin embargo, el mismo documento aclara que "queda pendiente la evaluación ocular del contenido del programa en la empresa".

En mayo, las autoridades ya habían determinado que el Lobohombo "es un peligro inminente para la integridad física de las personas". Dato que confirmaron el 2 de octubre -15 días antes del incendio- con la respuesta al oficio UNAC/0164/00 ingresado a través de la ventanilla única:

"Esta autoridad resuelve no autorizar el programa diseñado para su empresa, toda vez que de acuerdo con el oficio SPC/0116/2000 se le solicitó a usted incluir algunas observaciones a su programa, las cuales no fueron agregadas al mismo".

*Se quema el tigre

4 de mayo. En la oficina de Legorreta, los funcionarios explicaban por enésima ocasión los obstáculos para regularizar el funcionamiento del Lobohombo. Pero esa vez, los propietarios se veían desesperados. Decían que tenían que resolverlo antes del 26 de mayo, fecha en que estaba programada la inauguración, porque ya tenían contratado a Oscar de León.

"Cueste lo que cueste", dicen los funcionarios que decían los dueños.

Al término de la reunión, el representante legal, Eduardo González de la Vega, comentó a Suárez del Real que habían pagado la fachada con un préstamo de la Cervecería Modelo y tenían problemas para cubrirlo.

Quién sabe que tan cierto fuera, pero esa fachada era de antología: una enorme estructura que simulaba piedras, de la cual salían cuatro enormes figuras, un tigre, un león, un lobo y un sol.

En ese momento, les avisaron: "Se está quemando el tigre". El incendio en el tigre no pasó a mayores, pero prendió la alerta.

"Lo primero que pensé fue en el seguro. Si necesitaban dinero iban a querer cobrarlo", recuerda el funcionario, quien ahora enfrenta una acusación por extorsión.

Pero ese incidente fue lo que detonó la segunda ofensiva de la delegación: se ordenó quitar esa fachada.

El 11 de mayo, en coordinación con las direcciones de Servicios Urbanos (DGSU) y de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH), la delegación tumbó el tigre, el lobo, el león y el sol y desmanteló la fachada.

Un centenar de guardias intentó impedirlo, pero 23 de ellos fueron a dar ante el Ministerio Público.

*Jinetear la ley

El mismo día que perdieron su voluminosa fachada, los dueños del Lobohombo iniciaron una estrategia que le ha funcionado muy bien al Grupo Titanium: las demandas de amparo.

Varias, en distintos juzgados, por la misma causa.

Alfonso Suárez lo explica así: "Lo que hacen los dueños de los antros desde 1994, y ellos (los del Grupo Titanium) en particular, es jugar con las suspensiones provisionales. Saben que es muy difícil que un juez les conceda el amparo, pero abren distintos procesos y obtienen suspensiones provisionales mientras dura el juicio".

Es decir, jinetean la ley.

En total, de los 11 juicios que promovieron desde mayo contra la delegación -unos por la clausura y otros por la acción penal por romper los sellos-, nueve fueron sobreseídos (en términos prácticos, negados) durante agosto, septiembre y octubre. Los otros dos estaban pendientes del recurso de revisión.

Casi al mismo tiempo, comenzaron a salir versiones en diversos medios sobre una denuncia en contra Alfonso Suárez del Real y Saúl Arroyo -subdirector de Licencias de Construcción y Uso de Suelo-, por extorsión. La denuncia fue presentada por la contadora de la empresa, Rosa María Beristáin, quien aseguró que se entregaron 139 mil pesos a los funcionarios para quitar los sellos de clausura.

Lo extraño es que quedó como denuncia de hechos, y fue hasta esta semana cuando Alberto Woolrich, abogado defensor de Alejandro Iglesias, reactivó la acusación.

Otras revelaciones surgieron esta semana. Por ejemplo, que el representante de Lobohombo, Eduardo González de la Vega, se desempeñaba como subdirector de Verificación y Reglamentos en diciembre de 1995, cuando comenzó a funcionar el Omega.

*La decisión: no violentar la ciudad

ƑHubo negligencia del Gobierno del Distrito Federal?

La pregunta flota incluso entre los perredistas. Y es que, más allá de las triquiñuelas legales de los propietarios, queda la duda de por qué no se actuó con más energía frente a los dueños del Lobohombo.

"Faltó creatividad jurídica para enfrentar las demandas de amparo", dijo el lunes Lenia Batres, subdelegada jurídica y de gobierno entrante.

En realidad, hubo una decisión política. Su historia se remonta al 25 de mayo, el día anterior a la inauguración y el tercer intento de clausura.

Para entonces la tensión entre las autoridades delegacionales y los propietarios del Lobohombo había llegado a su punto más alto. En el interior del local -indican distintos reportes de los verificadores- se mantenía un equipo de guardias de seguridad las 24 horas del día, que ante cualquier acción de la autoridad reaccionaba.

El 25 de mayo por la tarde, se decidió actuar. Sería una acción rápida esa noche.

"Hubo un pitazo", reconoce un funcionario delegacional. Cuando llegaron había un centenar de personas bloqueando la circulación.

Se solicitó el apoyo del cuerpo de granaderos. Pero nunca entraron al local. Cerca de las 8 de la noche, los funcionarios discutían en la calle con González de la Vega sobre la vigencia de la suspensión provisional 328/2000 (se sobreseyó el 30 de junio), cuando llegó la instrucción de la Secretaría General de Gobierno del DF de retirarse.

ƑQué pasó?

En ese momento, los maestros -quienes llevaban semanas de protestas en el DF- iniciaban el regreso al Zócalo de una marcha a Los Pinos. El contingente pasaría cerca, muy cerca de donde los guardias del Lobohombo habían cerrado la circulación.

La instrucción -confirma un funcionario del gobierno central- fue clara: los ánimos están muy calientes. Por ningún motivo deben permitirse provocaciones, nada que violente Insurgentes 95.

Así, sin saberlo, los maestros salvaron al Lobohombo.

*Primer round con los jueces

No había pasado una hora del incendio, cuando la delegada Dolores Padierna -a quien Lobohombo le explotó, literalmente, con apenas dos semanas a cargo de la demarcación- ya decía en la radio: "El lugar no tenía las condiciones para operar, pero operaba con 11 amparos federales".

Rosario Robles se unió a la condena por los "amparos" de los jueces. Rápida como es, la jefa de Gobierno del DF ordenó a la Procuraduría General de Justicia capitalina la "inmediata" detención de Alejandro Iglesias por el delito de homicidio imprudencial múltiple y solicitó al Consejo de la Judicatura Federal una investigación sobre la actuación de los jueces, pues -dijo- los amparos son una "camisa de fuerza" para las autoridades capitalinas. "No podemos permitir que las influencias o el amparo se conviertan en un abuso del particular frente al interés público", afirmó.

En esta línea se fue todo el PRD, incluido el jefe de Gobierno electo, Andrés Manuel López Obrador.

La respuesta furiosa de los jueces no se hizo esperar. El lunes, en un comunicado de prensa, 10 jueces de distrito en materia administrativa con sede en el Distrito Federal fueron contundentes: Lohobombo no gozaba de ninguna suspensión provisional o definitiva vigentes, "ni mucho menos un amparo otorgado que impidiera a las autoridades delegacionales clausurar el establecimiento".

Y más. A partir de agosto "las autoridades delegacionales se encontraban en condiciones de clausurar el negocio".

La ruda respuesta de los juzgadores obligó a Padierna a matizar sus acusaciones y deslindarse de la actuación de su antecesor.

En conferencia de prensa, el martes, dijo: "pedimos al arquitecto Legorreta que nos entregara o nos permitiera tener acceso a los expedientes de los sitios más conflictivos. Hubo negativa, hay que decirlo, y fue hasta el primero de octubre que pudimos tener acceso a estos expedientes... El Lobohombo no está anunciado en el libro blanco de esta delegación... el libro blanco es un documento que urge a la autoridad entrante y le advierte de asuntos delicados, pero ciertamente éste nos sorprendió hasta días después".

También dirigió sus lanzas a los verificadores, pues -declaró- "les han llegado al precio, por lo que contratan a madrinas para hacer las verificaciones y simular que no son corruptos".

Por su parte, la jefa de Gobierno anunció que iniciaría personalmente una cruzada de verificación en los centros nocturnos de la ciudad y difundiría ampliamente los nombres de los lugares "reprobados". El gobierno, dijo, se compromete a presentar resultados de esta labor en 15 días.

*Semántica y buena fe

Para cualquiera que no sea abogado, la guerra de documentos esgrimidos por jueces y funcionarios en los medios de comunicación debe parecer un verdadero rompecabezas.

El lunes, en su defensa, los juzgadores argumentaron: "Cuando se otorga la suspensión provisional a negocios como el Lobohombo, se debe a que quien lo solicita, en este caso los dueños del establecimiento, exhiben la licencia de funcionamiento y la revalidación vigentes otorgadas por la delegación".

Al día siguiente, en una amplia entrevista con La Jornada, el ex delegado sostuvo que la autoridad "dejó de actuar" porque los propietarios recurrieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (que no tramita amparos), el que les otorgó una suspensión "cuya fecha de terminación definitiva no está lo suficientemente definida".

En el fondo se trata de un "problema semántico" y de interpretación.

"Para la mayoría de los lectores y de los propios funcionarios, todo se entiende como amparo, pero en términos jurídicos, el amparo se refiere a la sentencia final del juicio", explica Suárez del Real.

A lo que se han referido, entonces, los funcionarios, es a las "suspensiones provisionales", que para efectos prácticos anulan la actuación del Ejecutivo en tanto concluye el juicio, aunque en términos legales los jueces tienen razón.

"Ahora, Ƒqué dice la judicatura? Que en agosto no había suspensiones, pero sí quejas y procesos de revisión que no estaban concluidos y que podían modificar la sentencia".

Lo mismo ocurre con el argumento de Legorreta. El fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no es un amparo (eso sólo le corresponde a los jueces de distrito), pero para efectos prácticos, de explicación a la sociedad, anula el proceso administrativo.

* * *

En el caso de las licencias revalidadas por Legorreta, la explicación es mucho más simple y tiene que ver con el carácter de la ley.

"La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe (Ley de Procedimiento Administrativo del DF, artículo 32)", establece el formato de revalidación que se entregan en la ventanilla única.

Es decir, explica Lenia Batres, subdelegada jurídica y de gobierno, "la autoridad está obligada a actuar de buena fe ante la solicitud del particular". Después procede la verificación.

ƑY cuáles son los requisitos?

-Licencia de funcionamiento (copia simple).

-Manifestación "bajo protesta de decir verdad" en el sentido de que no han cambiado las condiciones en que se otorgó la licencia de funcionamiento original.

-Comprobante de pago de derechos en la Tesorería.

*La guerra política

Miércoles 25. Los escotados pechos de una Carlota de cartón a las puertas del salón delegacional quedan cubiertos por un volante blanquiazul que le coloca atento un joven auxiliar del diputado federal Martín Huerta.

"Es que estaba muy obscena", bromea el panista a su compañero.

El volante que reparten los jóvenes afuera de la oficina de Padierna resulta un tanto burdo, para las presunciones de seriedad de Acción Nacional:

"ƑQuién es el responsable del accidente en Lohobombo?

"šUna vez más la doble cara del gobierno perredista se hace presente en este hecho! šEl delegado Legorreta autorizó la licencia del bar el 15 de mayo de 1998 y la revalidó el 15 de mayo del 2000!

"šNo más pretextos de Dolores Padierna! šUn gobierno que engaña no es un gobierno diferente! šCastigo a los responsables!

"Sistema de Enlace Legislativo. Diputado federal Mauro Huerta".

En medio de la tragedia, algunos han visto la oportunidad para "desnudar" a la administración del Distrito Federal.

El mismo sábado, la fracción del PAN en la Asamblea Legislativa exhibió tres fotografías tomadas el 25 de junio -durante el cierre de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas-, en las que se ven autobuses frente al Lobohombo, con mantas de apoyo a Padierna y López Obrador.

La conclusión de los panistas: "Es evidente que esta discoteca contó con el apoyo de la actual administración para su apertura".

El jefe de Gobierno electo fue tajante: "Jamás un hampón tuvo que ver con nuestros actos... Yo no tengo trato con mafiosos". Padierna fue más lejos, de plano acusó al PAN de "aliarse con la mafia" para perjudicarla políticamente. Las fotografías, dijo, "sólo se las pudo dar la mafia o el Cisen".

Y la discusión entre panistas y perredistas regresó el martes el circo a la Cámara de Diputados.

Lo cierto es que los perredistas no han podido esclarecer qué hacían las mantas moradas del Lobohombo en el Zócalo amarillo. Se sabe, eso sí, que se colaron entre un contingente del distrito 16 y otro de Benito Juárez. Que fueron precisamente Alfonso Suárez, junto con Abraham Rivera, de la dirección regional norte, quienes les impidieron "meterse hasta la cocina" y les pidieron que se retiraran sus camiones. Lo que causa suspicacias es que en el reporte de la policía hay una contraorden de Cima -clave de una autoridad civil no identificada, que no era Legorreta, pues según fuentes de la SSP su clave era Diamante o Zeus- para dejarles sus mantas.

En todo caso, coinciden los perredistas, "probablemente pensaron que con eso iban a encontrar contactos o algún tipo de protección".

*ƑQué sigue?

Independientemente del enojo de los jueces por el "problema semántico" de los funcionarios, el caso del Lobohombo ha revivido un viejo debate sobre la facilidad con la que dan entrada a las demandas de amparo.

Diana Bernal, actual subdelegada jurídica en Iztapalapa, y ex delegada en Iztacalco, sostuvo esta semana que una red del crimen organizado protege el funcionamiento de "giros negros" en la ciudad de México y en ella están involucrados abogados, servidores públicos y autoridades judiciales y policiacas.

La ex magistrada, quien el año pasado encabezó una cruzada en contra de los "giros negros" en Iztacalco, aclaró sin embargo que "en la mayoría de los casos los jueces no actúan por corrupción, sino por mala interpretación de la ley, indolencia o sobrecarga de trabajo".

Como sea, el problema es real.

Tanto que una de las suspensiones provisionales exhibidas por los representantes del Lobohombo (firmada por el juez noveno de distrito, ante el que se tramitaron cuatro de los 11 juicios) tiene dos fechas de emisión: 27 de junio y 27 de julio, por lo que la Procuraduría capitalina ya investiga la autenticidad del documento.

El martes, Dolores Padierna se reunió con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, con el fin de fortalecer la comunicación entre las dos instancias. Ya en 1996 -cuando se intentó regular el sexoservicio-, el ombudsman capitalino, Luis de la Barreda, había propuesto un mayor intercambio de información entre las delegaciones y la SCJN para contrarrestar el efecto. Nunca se hizo.

* * *

"Nos faltó enjundia", admite Alfonso Suárez, pegado a tres teléfonos, que prácticamente no han dejado de sonar desde el viernes pasado.

"El problema real es que ante el combate a la corrupción, que sí hubo en este gobierno, tenemos ahora en contraparte la adopción descarada de una cultura de impunidad, de decir: si ya no se puede con mordidas, pues ahora por mis pistolas lo hago".

Por eso -insiste- es hora de tomar en serio cartas en el asunto. "No legislemos lo ideal, sino lo real. No podemos, como pensaba Fauzi Hamdan (ex diputado federal del PAN), pretender que vivimos en Suiza y que los empresarios van a responder a cabalidad".

A saber. Lo cierto es que el 19 de octubre el Lobohombo estaba "técnicamente clausurado". Tan así, que una semana antes del incendio (11 de octubre), el apoderado legal, Margarito Garduño, solicitó a la delegación el "levantamiento del estado de clausura".

Y cierto también que ni los jueces, ni los funcionarios, ni los diputados panistas, aceptan responsabilidades.