Por memoria histórica, el concepto "privatización" no es bien recibido por la población. Fox y su equipo lo saben, y pretenden esquivar la desconfianza que genera en la sociedad presentar una iniciativa que contenga este concepto. Así, el fracasado proyecto de privatización del sector eléctrico que presentó el presidente Zedillo en febrero de 1999 lo retoma Fox con el giro de un proyecto de "apertura" a la inversión. La propuesta es exactamente la misma, lo que cambia es el verbo. 

Hablemos claro: el nuevo gobierno pretende privatizar el sector eléctrico nacional. La "apertura" es matiz. Durante su reciente gira por Europa, ante empresarios españoles y alemanes el presidente electo habló de "apertura total", y enfatizó que no pretende privatizar el sector. La apertura a la inversión privada en la industria eléctrica existe desde 1992, entonces --por qué hablar de apertura, cuando el sector ya está abierto.-- 

No es legítimo pretender desinformar y desorientar a la opinión pública cambiando el sentido de las palabras; abrir un sector a la inversión privada es algo diametralmente diferente a privatizarlo. 

Al entregar el sector eléctrico nacional a manos de empresas privadas, la generación y el abastecimiento de este bien público pierde su función social, y se convierte en un producto cuya finalidad es venderse y generar ganancias a particulares. Las compañías privadas no operan con criterios sociales, sino de acuerdo con las leyes del mercado. Con la venta del sector, ganamos un producto, pero perdemos un bien social. 

Quienes promueven la propuesta engañan al argumentar que las tarifas eléctricas van a bajar con "apertura", cuando las tarifas en México son de las más bajas del mundo, gracias a que la Comisión Federal de Electricidad, como compañía estatal, puede fijar los precios por largos periodos. 

Los argumentos de Fox son los mismos que utilizaron en su momento el presidente Zedillo y su secretario de Energía, Luis Téllez. Todos esos argumentos han sido desmentidos: el servicio eléctrico nacional es de buena calidad, la situación financiera de la CFE es sana y el suministro de energía está garantizado, por lo menos, hasta el año 2004. 

Hay en todo este proyecto un claro contenido de pretendida imposición a México por organismos internacionales. Debe estar, desde luego, la presión de grandes empresas trasnacionales, para las que 100 millones de habitantes ?o 120, en un futuro no lejano? representan un gran mercado. 

Es una irresponsabilidad ofrecer un patrimonio nacional como un simple producto. Es una falta de sensibilidad ante las necesidades sociales dejar en las manos del mercado una obligación que compete al Estado, al Estado responsable. 

Nadie se opone a una mejora, a un fortalecimiento del sector que, desde luego, es necesario. Han sido planteadas diversas alternativas, que deben apreciarse en la serenidad que requiere un servicio que, en varios países del mundo, ha mostrado ineficacia al quedar en manos privadas. Y en ese análisis, para evitar una dañina imposición, que el equipo de transición explique claramente lo que es "privatización".