DOMINGO 29 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Proporcionaron comando armado para desalojar Paraíso, señalan testigos
Nuestra detención es una venganza política: líderes de la paramilitar PyJ
Ť Parte de centros humanitarios y funcionarios del gobierno, afirma Samuel Sánchez
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 28 de octubre Ť Los líderes del grupo paramilitar Paz y Justicia Samuel Sánchez y Marcos Albino Torres señalaron que su detención es producto de una venganza política por parte de centros humanitarios y funcionarios del gobierno.
Sin embargo, durante su comparecencia ante el juez les fueron leídas al menos 20 declaraciones que los señalan como las personas que proporcionaron un comando armado para apoyar el desalojo de campesinos priístas contra habitantes del predio Paraíso, en Yajalón.
Durante más de cuatro horas escucharon las declaraciones que en su contra vertieron 20 personas, algunas de ellas los propios priístas que participaron en el desalojo de 90 personas el pasado 4 de agosto del predio Paraíso.
Manuel Méndez Mendoza, priísta, dijo haber participado en el desalojo y que su líder "Mario Cruz Pérez trajo a un grupo de personas vestidas con uniforme azul, quienes portaban armas de alto poder.
"Estas personas las trajo el ex diputado priísta Samuel Sánchez Sánchez, el diputado Carlos Raymundo Trujillo y Marcos Albino Torres. Vinieron a apoyarnos, a brindarnos protección", subrayó el campesino en su declaración penal.
Otros, como Reynaldo Méndez Mendoza, Mauricio Mendoza Cruz y Gustavo Pérez Mendoza detallan que fueron aproximadamente cinco las personas que llegaron a apoyarlos "vestidas con uniforme oscuro que decía Protección Ciudadana Tumbalá, Chiapas. Son de la comunidad Hidalgo Joshil".
Hay quienes identifican a la persona que logró ser fotografiada por varios periodistas -quien portaba un arma larga, iba uniformado y con el rostro parcialmente cubierto por un paliacate- como El Pancho o Norberto Alvaro Guzmán, originario de Hidalgo Joshil, municipio de Tumbalá.
Añaden que éste y los otros armados provienen de la misma comunidad,
pertenecieron a la Unidad de Protección Ciudadana de dicho municipio, en donde incluso llegaron a ser comandantes por la experiencia que tenían al haber sido miembros del Ejército Mexicano.
"Pero después de unos meses se fueron sin ninguna explicación, se llevaron uniformes, botas, radios y otros equipos. Luego fueron vistos en un mitin efectuado en Tumbalá, a favor de Samuel Sánchez y en contra del presidente municipal", señala en el expediente el actual comandante de la Policía Municipal de Tumbalá, Nicolás Alvaro Jiménez, quien añade que en una ocasión observó que Samuel Sánchez acudió por estas personas.
Otras testimoniales subrayan que tanto Samuel Sánchez como Raymundo Trujillo, días después del desalojo, acudieron personalmente al predio, "iban con uniforme azul y la cara cubierta, pero al llegar se la destaparon y los pudimos ver".
Durante la comparecencia, el líder de Paz y Justicia anotó con detalle cada uno de los nombres de quienes lo inculpaban, mientras meneaba la cabeza y sonreía brevemente. Incluso, preguntaba al personal del juzgado el nombre completo de estas personas y la comunidad de donde son originarios.
Otra de las pruebas que presentó el Ministerio Público fueron los exámenes de balística realizados en el predio Paraíso, en el que consta que durante el desalojo se utilizaron desde bombas molotov hasta armas M-1, AK-47, R-15, rifles de 9 y 22 milímetros, entre otros.
En contra de los otros nueve detenidos existen testimoniales de parte del grupo que fue expulsado, que los señalan como copartícipes del desalojo durante el cual también portaban armas de fuego.
Al término de las declaraciones en su contra, los presuntos paramilitares se reservaron su derecho a declarar. Samuel Sánchez pidió hacer un "pronunciamiento" a nombre de los once detenidos, lo que le fue negado.
En entrevista con los medios de comunicación, dijo que "este es un problema eminentemente agrario. Es el presidente del fideicomiso agrario (Mario Cruz Pérez, uno de los detenidos) el que aparece como responsable directo".
"Nosotros no estamos armados. No somos paramilitares. Obviamente que nuestra detención es una venganza política".
Sobre las acusaciones directas en su contra, señaló: "Dicen que yo llegué encapuchado. Definitivamente no es cierto, yo estoy casi permanentemente en la capital de Chiapas y seguramente que algún jerarca del gobierno va a atestiguar dónde estuve ese día".
En el expediente penal en cuestión existen pendientes por ejecutar al menos otras 10 órdenes de aprehensión. Se dio a conocer también que la PGR solicitará el desafuero del diputado del PRI Raymundo Hernández Trujillo para poder iniciar un juicio en su contra también por los hechos de Yajalón.