DOMINGO 29 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Antonio Gershenson Ť

ƑQué clase de reforma eléctrica?

El Senado discutirá y, tentativamente al menos, resolverá este año sobre la reforma a la industria eléctrica. Previamente hubo amenazas públicas sobre el tremendo dineral que habría que ver de qué otra partida se sacaba para sostener el ritmo necesario de electrificación y a la industria. En realidad, toda la inversión en plantas nuevas es ya privada, así que sólo se repitió la mentira que sin éxito manejaron algunos funcionarios del régimen saliente cuando quisieron forzar la aprobación de la reforma constitucional en la materia.

Se prevé una polémica intensa, pero creo que ésta debe darse en una forma diferente de la que tuvimos en 1998 y 1999. Más que un "sí" o un "no", se trata de "cómo", y en cierto modo de varios "cómos". Está claro que no se va a vender la industria eléctrica pública, y también que el viejo sistema tiene muchos problemas. Lo que se va a definir es qué clase de industria eléctrica requiere el país. Tal vez antes que eso se definiría en qué momento se irá a fondo en esta discusión, pues leemos la información en el sentido que se acordó incluir el punto en la agenda de este año, pero un conocido senador del PRI dijo que había que ver el asunto con tiempo.

En todo caso, son varios los temas a discusión. Por lo pronto, empezamos por estimar el efecto que tendrá en la discusión la crisis energética en Estados Unidos y, en especial, en el estado de California, donde se aplicaron primero y más a fondo las medidas encaminadas a que sólo el mercado regulara los precios de la energía eléctrica. Se han visto numerosos apagones en el país vecino, y disparos en las tarifas eléctricas que, en el sur de California, llegaron a 700 por ciento, o sea, siete veces la tarifa anterior. Un panorama que recuerda al que amenazaba el saliente secretario de Energía que íbamos a tener en México... si no se tomaban las medidas que se adoptaron allá.

Las redes eléctricas y de gas en Estados Unidos son mucho más cerradas, más densas, que las nuestras. Librada al mercado, su infraestructura permite una mucho mayor integración y uniformidad de los precios. A pesar de ello, las diferencias entre los precios de un punto a otro fueron, en el verano recientemente concluido, enormes. Por ejemplo, el 4 de septiembre el precio de mayoreo, en la Cuenca de San Juan, Arizona, el precio era de 3.12 dólares por millón de BTU. Ya en Topock, todavía en Arizona pero en los límites de California, el precio era de 6.60 dólares, y a la entrada de Los Angeles, de 7.10 dólares.

En materia de electricidad las diferencias llegaron a ser mayores. En Los Angeles hay una compañía propiedad del municipio que suministra electricidad, y los saltos de precios fueron mucho menores que en San Diego, donde ese papel lo desempeña una empresa privada.

En México, con redes de distribución mucho más frágiles para la mayor parte del país, no sólo nos arriesgamos a los apagones y a los disparos de precios, sino a desigualdades de precio mucho mayores que, al cabo de un tiempo, van a ahuyentar la inversión de la mayor parte del país y a concentrarla cerca de las principales fuentes de energía, creando distorsiones en nuestro desarrollo: por un lado, nuevas aglomeraciones sin suficientes servicios públicos al estilo de algunos municipios conurbados del valle de México y, por otro, el desempleo y el éxodo en el resto del país.

Por lo mismo, es fundamental que el nuevo esquema de la industria eléctrica incluya en un lugar fundamental la posibilidad de una planeación racional a largo plazo, dado que los proyectos de generación de electricidad se tardan varios años en brindar resultados y las decisiones principales deben tomarse con años de anticipación al momento en que se presentarían los problemas. Y esto debe ser complemen- tado con una política tarifaria de largo plazo que, por un lado, brinde seguridad a la inversión, y por otro, evite daños futuros a la economía del país y de sus habitantes.