DOMINGO 29 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Pide respetar derechos
La embajada de EU, atenta ante posible desalojo en BCS
Georgina Saldierna Ť La embajada de Estados Unidos y su consulado en Tijuana se encuentran atentos al previsto desalojo de familias estadunidenses ubicadas en la lengüeta arenosa de Punta Banda, en Ensenada, Baja California Sur, zona que por resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe regresar a sus legítimos dueños.
En tanto, la Confederación Nacional Campesina (CNC) en voz de su secretario general, Heladio Ramírez López, solicitó a la SCJN revalorar su fallo sobre el ejido Coronel Esteban Cantú, por lo que pidió una solución producto del diálogo y no de la intervención de la fuerza pública, pues con ello sólo se agravaría el conflicto.
Ramírez López manifestó su solidaridad y respaldo a los campesinos del país en la defensa de sus derechos sobre la tierra y sostuvo que los ejidatarios nacionales residentes del lugar no estarían cerrados a la negociación, pese a que durante 27 años tuvieron la posesión de los predios.
Por su parte, tres funcionarios de la representación diplomática de EU se trasladaron el pasado viernes a la ciudad de Ensenada, en donde se han mantenido en contacto tanto con las autoridades mexicanas como con los residentes de Punta Banda.
Stephen Morisseau, agregado de prensa adjunto de la embajada y uno de los funcionarios que viajaron a BCS, dijo que las autoridades del vecino país están preocupadas porque se respeten los derechos de los ciudadanos de su país, de acuerdo con la ley mexicana, y su integridad física.
Emplazamiento a Robledo Rincón
El pasado lunes, la SCJN emplazó al secretario de la Reforma Agraria, Eduardo Robledo Rincón, a cumplir con una sentencia de amparo y le advirtió que de no hacerlo en 10 días naturales sería separado de su cargo y consignado ante un juez de distrito.
El emplazamiento se debe a que no cumplió con la resolución de un tribunal colegiado que data de 1995, según la cual, la SRA debía restituir 18 hectáreas a la empresa Purúa Punta Estero, afectada por una resolución presidencial que dotó de tierras al ejido Coronel Esteban Cantú, el cual recibió de manera equivocada las 18 hectáreas propiedad de la empresa. Esta se amparó, pero a pesar del litigio, la Secretaría de la Reforma Agraria convalidó un convenio entre los ejidatarios y una empresa constructora para la edificación de un centro turístico.
De manera ilegal se construyó el complejo Baja Beach & Tennis Club, que cuenta con un hotel, 18 cabañas y 23 casas, restaurantes, bares y piscinas, cuyos dueños, en su mayoría, son estadunidenses.
La CNC manifestó que integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional también viajaron a Baja California para prestar la asesoría legal necesaria a los campesinos nacionales y expuso como alternativa de solución al conflicto que se acate la fracción 16 del artículo 107 de la Constitución, que establece que cuando el daño es mayor que el beneficio podrá considerarse el cumplimiento sustituto.
Así, para la CNC esta fracción pareciera estar hecha para poner fin a la controversia, pero "ni la Corte ni el Ejecutivo federal han mostrado disposición para aplicarla".
La CNC expresa preocupación por el mandato de la Corte, pues considera que los ejidatarios del núcleo agrario no son invasores, sino propietarios legítimos situados en los terrenos gracias a una resolución presidencial ejecutada por el gobierno federal, al que ahora, después de 27 años, le corresponde desalojar a los que en su oportunidad dotó de tierras.