Ť Algunos países ya son rehenes del abasto por parte de particulares

Privatización eléctrica: grandes mentiras

La privatización de la industria eléctrica se ofrece a los mexicanos como la única salida viable para evitar en un futuro cercano carencias de energía hasta ahora poco explicadas con fundamentos reales. Se insiste en que abrirla al capital extranjero para su distribución y comercialización generaría una baja en las tarifas por la supuesta competencia, pero en realidad la experiencia ha sido contraria en diversos países, además de que incluso algunos, como Estados Unidos, se han vuelto rehenes del abasto privado.

Con un lenguaje engañoso se habla de "apertura" y no de "privatización", cuando de ser lo primero no haría falta modificar la Constitución, lo que pretende hacer el equipo foxista. La "apertura" en la materia ha sido anunciada reiteradamente por Vicente Fox -lo hizo en España y Alemania-, pero aun los propios panistas han considerado que el sector eléctrico mexicano es eficiente comparado a nivel mundial.

Así lo señalaron para oponerse a las modificaciones pretendidas por el gobierno de Ernesto Zedillo. El nuevo esfuerzo privatizador es sólo un intento más para beneficiar a los inversionistas, por encima de los intereses de la población y de la nación.

Zedillo y Fox, almas gemelas

Las grandes mentiras sobre la privatización eléctrica

Vicente Fox y su equipo ya decidieron el camino: presentar la privatización de la industria eléctrica como mera "apertura" a la inversión privada. Quieren así evitar lo sucedido con la iniciativa de Ernesto Zedillo y Luis Téllez. Pero no cambian los argumentos: ponen por delante el monstruo de los apagones inminentes, de la catástrofe que nos dejará a oscuras, y encadenan mentiras con medias verdades para justificar su proyecto.Las armas de la desinformación y el engaño ya fracasaron una vez. ƑEl nuevo gobierno aprenderá esa lección?

Luis HERNANDEZ NAVARRO

Si hubiera que evaluar las semejanzas y diferencias de las políticas de Ernesto Zedillo y Vicente Fox a partir de sus propuestas de privatización de la industria eléctrica podría concluirse con facilidad que ambos son almas gemelas. La propuesta, los argumentos utilizados para justificarla, el desprecio con que se han tomado los juicios de especialistas y sindicatos y la forma en la que se ha tratado de presentarla ante la opinión pública son casi los mismos. El futuro presidente se propone hacer ahora la tarea que el actual mandatario no pudo cumplir.

En febrero de 1999 el presidente Ernesto Zedillo anunció públicamente la propuesta de reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para privatizar la industria eléctrica. Su objetivo era promover la introducción de particulares en el sector bajo el supuesto de que el mercado promovería mayor inversión, mejor servicio y menores costos. La cercanía de la sucesión presidencial, los escándalos del Fobaproa y el rescate de carreteras, la falta de consenso dentro del PRI, la fuerte resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el rechazo de un amplio sector de la opinión pública, el juicio crítico de los profesionistas y técnicos del sector y la objeción del PRD impidieron que la propuesta avanzara. El proyecto presidencial quedó en la congeladora.

Casi un año y medio después, a contracorriente de las opiniones expresadas por el PAN entre mayo y septiembre de 1999, y del documento de su fracción legislativa llamado Estado y eficiencia en la industria eléctrica nacionalizada, Vicente Fox pretende reformar la Constitución. Ya lo había anunciado el 18 de junio, pocos días antes de la elección presidencial. Desde entonces, no ha escatimado esfuerzos para mostrar la importancia que le asigna a su propuesta. En su viaje a Canadá afirmó que en México la mesa está puesta para la apertura del sector eléctrico. Tanto en su gira a Europa como en la discusión sobre el presupuesto del sector público ha señalado que se trata de una medida prioritaria. Ha llegado incluso a afirmar que la posibilidad de cumplir con su oferta de campaña de que la economía crezca en 7% depende de que el Congreso apoye la reforma. Alberto Fernández Garza, el dirigente de la Coparmex que propuso cerrar la UNAM, se sumó rápidamente al coro demandando la privatización de las industrias petrolera y eléctrica (La Jornada, 14 de octubre de 2000).

La propuesta, sin embargo, navega en un mar de declaraciones confusas y contradictorias, y de afirmaciones sobre el sector que son medias verdades o mentiras completas. Un día (Reforma, 24 de octubre de 2000) el equipo de transición del presidente electo y legisladores del PAN afirman que ya se acordó una iniciativa. Al día siguiente (La Jornada, 25 de octubre de 2000) el senador panista Juan José Rodríguez Pratts asegura que no hay aún acuerdo, y que no está definido si se apoyará la propuesta de Zedillo con algunas modificaciones o se elaborará una nueva. Simultáneamente, los integrantes del equipo de transición filtran las líneas básicas de la nueva iniciativa tales como la creación de la figura de comercializador privado y la concesión a particulares de las redes de distribución (La Jornada, 14 de octubre de 2000).

Los inminentes apagones profetizados por el gobierno de Ernesto Zedillo si no se apoyaba la reforma, que nunca llegaron, hoy vuelven a ser anunciados por el equipo de transición. "Tan graves son los problemas de desabasto que podrían explotar en el corto plazo", afirma Juan Bueno (ibid.).

No deja de ser una ironía la posición que Vicente Fox asumió después de su triunfo electoral. Aunque el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados durante la pasada legislatura, Carlos Medina Plascencia, fue tajante al señalar que Acción Nacional no tardaría cinco años como los ingleses, ni tres como los franceses, en tomar una decisión de fondo, especialmente cuando "se ha visto lo inepto que es el gobierno para privatizar", durante meses su partido mantuvo sobre la iniciativa una posición confusa y esquiva. En un comienzo dijo estar dispuesto a analizar la reforma y hasta llegó a afirmar que urgía sacarla. Incluso la prensa filtró la realización de algunas reuniones entre legisladores de ese partido y la Secretaría de Energía. Sin embargo, su dirigente nacional las desmintió: son -dijo Luis Felipe Bravo Mena- "sueños guajiros de los funcionarios y políticos priístas que se autoengañan, pues en este momento no hay ningún punto de acuerdo entre el PAN y el gobierno sobre la privatización del sector eléctrico".

Entre mayo de 1999 y julio de 2000 el PAN sostuvo posiciones sensiblemente distintas a las que enarbola hoy en día. Según este partido, de permitirse la participación de la iniciativa privada en Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC) se pondría en riesgo al sector, ya que en caso de que el gobierno asumiera un "quebranto económico" se estaría en riesgo de otro Fobaproa, al tener una deuda contingente de 60 mil millones de pesos.

En el documento Estado y eficiencia en la industria eléctrica nacional, la bancada panista anunció que de acuerdo con el balance que realizó del sector, se deduce que es eficiente, en comparación con compañías o empresas de generación eléctrica, transmisión, distribución y comercialización en el ámbito mundial, sean públicas o privadas, por lo que no apoyará su privatización. Para ello propuso: otorgar autonomía financiera y estratégica al sector a través de la supervisión del Poder Legislativo; eliminar subsidios cruzados; que la inversión privada sea sólo para complementar la que genera la misma industria a través de CFE y LFC; incremento gradual de tarifas, y política de subsidios para los sectores de escasos recursos vía recibo.

El PAN llegó a decir que para apoyar la reforma eléctrica debía tener una opinión fundada y consensada con la ciudadanía de temas controvertidos como la privatización... pues "no se trataba de privatizar a como dé lugar y como sea..."

Sin embargo, su estrategia de ganar tiempo y condicionar la discusión de la iniciativa a la realización de una reforma en las telecomunicaciones y en el 115 constitucional y de promover la renuncia de Guillermo Ortiz llegó a su fin. Ha sonado la hora de los negocios. Y, para hacerlos, parece estar dispuesto a todo, incluso a no tomar en cuenta algunas posiciones que ese partido sostuvo en el pasado y a repetir los argumentos de Zedillo.

En la opinión pública no se distingue dónde termina la iniciativa Téllez-Zedillo y dónde comienza la de Fox. Estas son algunas de las grandes mentiras (o las verdades a medias) sobre la privatización de la industria eléctrica divulgadas y defendidas a dúo por quienes se van y quienes llegan al gobierno.

*Primera mentira

No se trata de privatizar la industria eléctrica sino de abrirla a la inversión privada.

Frente a un grupo de los más importantes empresarios españoles, Vicente Fox ofreció que buscará que la generación de energía eléctrica "se abra totalmente" a los inversionistas (La Jornada, 4 de octubre de 2000). La misma oferta hizo un día después a los empresarios alemanes. En el marco de su gira europea durante octubre de 2000 advirtió: no se trata de privatizar el sector sino de abrirlo.

Días después, Juan Bueno, coordinador del sector eléctrico del equipo de transición, afirmó que la propuesta de reforma eléctrica no pretendía "privatizar los activos existentes, sino reducir la inversión pública" (La Jornada, 14 de octubre de 2000).

Visionario, el "amigo" de Vicente Fox, Leonardo Rodríguez Alcaine, había declarado desde el 12 de noviembre de 1999: "Los electricistas del SUTERM nos pronunciamos por un no a la privatización y un sí a la apertura del sector a la inversión productiva".

Tales declaraciones resultan extrañas. La industria eléctrica ya está abierta a la inversión privada. En 1992 el Congreso de la Unión aprobó cambios importantes en la legislación que modificaron la estructura de la industria. Los particulares pueden intervenir en la generación de energía eléctrica bajo esquemas de autoabastecimiento, cogeneración y producción independiente de energía.

Los esquemas de "autoabastecimiento" y de "cogeneración" permiten a inversionistas privados asociarse con grandes consumidores de electricidad para que, dentro del esquema de "servicio privado", puedan generar electricidad destinada exclusivamente a sus socios. Los sobrantes de la producción sólo pueden ser vendidos a la CFE ("Certidumbre sí, servidumbre no", José Luis Manzo, La Jornada, 8 de octubre de 2000).

De acuerdo con el director de la CFE, "los proyectos de participación privada representan aproximadamente 49% de las inversiones planeadas para el sector en el periodo 1996-2000, y casi la totalidad de las inversiones en generación (...) A la fecha operan ya cuatro de estos proyectos de generación con una capacidad total de mil 30 megavatios; los restantes entrarán en operación durante los siguientes tres años (Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE, ante comisiones del Senado de la República).

ƑPor qué el futuro gobierno habla de "apertura" de la industria eléctrica cuando ésta ya existe? Porque lo que busca es, precisamente, privatizarla, pero sin reconocer que esa es su intención. Apertura significa en este caso privatización. Desde el Fobaproa y el rescate de carreteras, la venta de las empresas estatales en México no goza de buena reputación en la opinión pública. Una de las razones por las que la propuesta de reforma eléctrica del presidente Zedillo y Luis Téllez fracasó fue porque no pudo presentarse como una simple apertura y no una privatización. Vicente Fox pretende ahora no caer en el error de sus antecesores.

*Segunda mentira

Se requiere reformar la Constitución para permitir la inversión del sector eléctrico.

Es posible, sin cambiar la Constitución, obtener financiamiento para generar energía eléctrica. No hay problema, si se arranca desde ahora, en tener una planta grande trabajando en dos años. Como lo han señalado Claudia Sheimbaum y Víctor Rodríguez (Masiosare, 20 de agosto de 2000), no se requiere de una reforma para atraer inversión privada: actualmente se encuentran en proceso de construcción, o ya firmados, contratos con productores externos por 3 mil 721 megavatios y licitaciones por cerca de 2 mil 500 megavatios adicionales. En todos los concursos se han recibido suficientes ofertas y se ha tenido un buen margen para seleccionar los precios más competitivos.

Un ejemplo de ello, entre otros, es el de la planta Termoeléctrica del Golfo. Generará 230 megavatios, quemando coque de petróleo en lecho fluidizado. La CFE porteará la energía a 13 plantas cementeras de Cemex y también les dará respaldo y comprará los excedentes. Empezará a operar a fines de 2002 (La Jornada, 21 de marzo de 2000). Otro más es el de la asignación a dos compañías estadunidenses de una planta de 600 megavatios en San Luis de la Paz, Guanajuato. La CFE contrató con ellas la compra de 495 megavatios durante 25 años, y el resto para industrias asociadas (autogeneración). La planta entrará en operación en noviembre de 2001 ("Financing completed for Mexican CCGT plant", Power Engineering International, agosto de 2000, v. 8, n. 7, p. 11).

Estos ejemplos, entre otros, demuestran que con el actual marco legal no hay problema en obtener inversiones en generación.

*Tercera mentira

La "apertura" permitirá que las tarifas eléctricas bajen.

En distintos momentos del debate se ha afirmado que la privatización eléctrica permitirá bajar el costo de las tarifas, en la medida en la que la libre competencia de distintas empresas las obligará a bajar costos. Con frecuencia los empresarios mexicanos han abrigado esta ilusión.

Tal afirmación es incorrecta. Las tarifas eléctricas en México son de las más baratas del mundo porque están subsidiadas. La tarifa doméstica y la tarifa agrícola tienen un subsidio muy alto. Este año se transferirán 26 mil millones de pesos; esto es más que el Progresa y el Procampo juntos. Es el subsidio más alto del gobierno. La "apertura" del sector no va a bajar los precios. Por el contrario, si la intención es privatizar la industria las tienen que subir, porque si no, no habrá quién compre.

La lógica que rige la fijación de precios por la venta de servicios o mercancías entre una empresa pública y una privada puede tener importantes diferencias. Una compañía estatal, como la CFE, puede fijar precios estables o incrementos de precios predeterminados por un año u otro periodo largo, y mantenerlos. Una compañía comercial privada reacciona a las condiciones instantáneas del mercado con variaciones súbitas y desmesuradas en los precios, lo cual, en modo alguno le conviene a los consumidores. Aun suponiendo que pudieran tener coberturas financieras para estas fluctuaciones, el costo de las mismas gravitaría sobre sus precios.

Pero, además, la tendencia del mercado eléctrico es hacia la concentración. Donde teóricamente debería haber competencia se han establecido cuasi-monopolios privados (véanse los recientes casos de España o Inglaterra), que tienen capacidad para fijar el precio a pagar por sus servicios sin contrapesos. Ello obliga a que, por más liberal que sea un gobierno, éste tenga que intervenir si quiere garantizar una mínima competencia y que los usuarios reciban alguna ganancia.

Mientras una empresa pública puede operar con criterios sociales y de promoción del desarrollo nacional, las empresas privadas funcionan sobre la base de obtener ganancias rápidas y seguras. Si un inversionista no saca el beneficio que quiere, puede no cumplir con sus promesas de pago o de costos. El que su negocio tenga por materia un servicio público fundamental, como es el eléctrico, no lo fuerza a cambiar su patrón de comportamiento. Si la generación eléctrica se convierte en un negocio y no en un servicio público, quien lo emprende debe sacar los costos, incluyendo los financieros, y una utilidad (por lo menos, mayor que los intereses que se obtienen de los bonos). Si la CFE tiene una de las tarifas más bajas del mundo, Ƒcómo esperar que las tarifas no vayan a subir si el servicio lo toma la iniciativa privada?

Lo único que los empresarios requieren para hacer subir los precios hasta donde ellos quieran es frenar sus inversiones. Ese es el caso de Alemania. En ese país ("PEI Report", Power Engineering International, agosto de 2000, v. 8, n. 7, pp. 17-19) la disminución en los precios de la electricidad y la sobrecapacidad han hecho que las órdenes por equipo eléctrico se estén acercando a un mínimo histórico. La incertidumbre sobre el mercado y los efectos de la competencia extranjera hacen que no se invierta en centrales generadoras, pues según dicen los virtuales inversionistas, a los precios actuales el valor presente de esas inversiones es negativo.

En un estudio realizado por Steve Thomas, investigador de la Universidad de Sussex, Inglaterra, sobre la apertura de la industria eléctrica en México (La Jornada, 26 de julio de 2000), se señala que abrir el sector eléctrico encarecerá el servicio. Según la investigación existen altas probabilidades de que se incrementen los precios de la electricidad, de que la propiedad del sistema de suministro pase rápidamente a manos extranjeras y de que el gobierno no obtenga las grandes cantidades de recursos que espera por la venta de los activos existentes.

El mismo equipo de Vicente Fox, en un magnífico ejemplo de su nuevo discurso, reconoció, sin admitirlo, el incremento en las tarifas. Juan Bueno aclaró que el presidente electo no ha decidido aumentar los precios de la electricidad, sino que propuso su adecuación a los costos de operación y reducir el subsidio (La Jornada, 11 de octubre de 2000). Una joya de alocución foxiana: pagaremos más por lo mismo špero los precios no suben!

*Cuarta mentira

No está garantizado el abasto de electricidad; la privatización eléctrica permitirá mejorar el servicio y cubrir la demanda faltante.

De la misma manera en la que se profetizó un apocalipsis si no se aprobaban las reformas constitucionales de Ernesto Zedillo al sector hoy se comienza a advertir de la inevitabilidad de apagones en el corto plazo. Reportajes televisivos y opiniones de empresarios preparan a la opinión pública para la catástrofe. Ello, a pesar de que en una reunión con miembros de la Concamin, el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, aseguró que el suministro de energía eléctrica está asegurado hasta el año 2004 (El Valle, 9 de agosto de 2000).

El integrante del equipo de transición foxista Juan Bueno informó que algunas empresas ya les han hablado de la CFE para que "bajen el switch para no dejar a oscuras a algunas poblaciones" (La Jornada, 14 de octubre de 2000). La advertencia es útil para intimidar a la opinión pública, pero incorrecta. Lo que no sabe el asesor de Fox -y si lo sabe, convenientemente lo calla- es que la CFE, como muchísimas empresas eléctricas de todo el mundo, tiene tarifas industriales interrumpibles, la I-15 y la I-30, según la demanda. Ambas son aplicables únicamente a grandes consumidores (más de 10 mil kilovatios de demanda), quienes deben solicitar su inscripción en ella. A cambio del compromiso de bajar su demanda en aquellos lapsos en que la CFE se los pida, ésta les cobra mucho menos por todo su consumo, durante todo el año. Así es que se trata de un acuerdo previo, que seguramente les conviene a las empresas, porque si no, no se inscribirían en dichas tarifas, y no es que la CFE recurra a la buena voluntad de sus usuarios, para salir de un apuro.

Se ha pretendido justificar la necesidad de la reforma eléctrica argumentando que ésta permitirá cubrir la demanda faltante y mejorar el servicio. Esta afirmación ignora, sin embargo, que una entidad gubernamental puede estar interesada en aumentar la eficiencia en el uso de la energía, pero a una empresa privada lo que le interesa es aumentar sus ventas.

Lo que un sinnúmero de experiencias internacionales de privatización muestran es que el tener un mercado en el que participen varias compañías generadoras privadas no garantiza el suministro eléctrico, ni la inversión, ni la concurrencia en el mercado. Además, que la inversión del sector privado esté sujeta a la ganancia que se pueda obtener por la venta del producto provoca que los márgenes de reserva del fluido disminuyan.

En Argentina más de 100 mil personas estuvieron sin energía eléctrica durante 10 días. La empresa Edesur anunció que no pagaría a los usuarios las multas que le habían sido impuestas (La Jornada, 24 de febrero de 1999). En ese mismo país, durante Nochebuena, más de 200 mil hogares de Buenos Aires se quedaron sin energía por siete minutos, por la falla de un generador de Endesa (otra de las que quieren comprar en México). Los 14 millones de habitantes de Buenos Aires sufrieron docenas de cortes de luz durante 1999 (El País, diciembre de 1999).

El 31 de julio de 2000, el gobernador de California, Gray Davis, ordenó la fase 2 de urgencia imponiendo el racionamiento obligatorio de energía eléctrica a algunas empresas, y el voluntario a otras, y recomendando el uso de electrodomésticos sólo en horas de la madrugada. El problema es de insuficiencia de generación del fluido y la posible negativa a venderlo de los proveedores usuales del estado, las compañías eléctricas de Washington, Oregon, Arizona, Nuevo México y Texas, en vista del aumento en la demanda por las altas temperaturas ambientales ("Posible racionamiento de electricidad en California", Notimex). Un artículo de The New York Times del 6 de agosto 2000 señalaba: "El abasto de energía eléctrica está cerca del colapso. Casi todos coinciden en que la desregulación tiene buena parte de responsabilidad en la crisis". Irónicamente, en México no ha habido un problema de esa magnitud desde enero de 1981...

*Quinta mentira

El servicio eléctrico es de mala calidad.

La calidad del servicio está definida por la continuidad, la regulación del voltaje y el control de la frecuencia. Estas variables tienen en la industria nacionalizada un buen desempeño. Así lo reconocen los usuarios domésticos, comerciales e industriales en una encuesta realizada por Consulta, SA, donde califican el servicio de CFE con 8.1, lo que la hace el mejor servicio público del país (El Economista, 7 de julio de 2000).

En entrevista realizada por Guillermo de Toscano (12 de agosto de 2000), Alfredo Elías Ayub reconoció que el sector eléctrico cubre en las zonas urbanas prácticamente 98% de la demanda, y en las zonas rurales más aisladas, 90%.

Hace 10 años el promedio de los apagones en el país era de 2 mil minutos al año por usuario; ahora es de 200, comparable con el sistema francés.

El hecho de que 50% de la capacidad de generación tenga una antigüedad mayor a 15 años no provoca obsolescencia tecnológica de refacciones. Las plantas generadoras se diseñan para 30 años de vida útil y, desde luego, no se da el caso de los automóviles o los electrodomésticos, en que hay unas ciertas refacciones en stock del distribuidor. Las partes de repuesto para los equipos de generación se fabrican cuando se requieren.

Por el contrario, la desintegración del sistema eléctrico como resultado de la reforma en compañías de generación, transmisión y distribución hace mucho más complicada la regulación del sistema, generando mayor riesgo en la calidad del suministro.

*Sexta mentira

La situación financiera del sector eléctrico no es sana.

A pesar de que durante el sexenio del presidente Zedillo se impulsó deliberadamente la caída en la inversión pública en el sector eléctrico, la CFE es una empresa exitosa. En 1999, mientras la demanda de electricidad crecía a más de 7%, la capacidad instalada del sector se incrementaba tan sólo en 1.2%.

El sector eléctrico mexicano no se encuentra en crisis, muestra de ello son los resultados financieros positivos de la CFE y la contratación reciente de cerca de 4 mil megavatios por esquemas de PEE y CAT. Durante 1999 el sector recibió por concepto de ventas 75 mil 792.4 millones de pesos. De acuerdo con el director de la CFE, "el año pasado tuvimos un muy buen año, con una utilidad de 9 mil millones de pesos. El año antepasado tuvimos una pérdida de 800. Este año, lo que ha sido muy bueno para el país es el incremento de los precios del petróleo. Para CFE ha sido difícil, porque la empresa tiene que comprarle a Pemex los energéticos y entonces este año no vamos a tener la utilidad de 9 mil millones que tuvimos el año pasado. Sí vamos a tener utilidades, todavía no terminamos las proyecciones, pero serán unos 2 mil o 3 mil millones de pesos. Pero, como se puede ver, esto es insuficiente".

La industria eléctrica estatal es capaz de financiarse de manera solvente. Pero ello implica que las tarifas deben ser la fuente principal de financiamiento de la expansión de la industria eléctrica. El endeudamiento sólo debe ser una fuente complementaria. Ciertamente, el actual nivel de ingresos de las empresas públicas del sector provoca que éstas no sean sustentables en el largo plazo. Pero, a pesar de la deliberada política de socavarlas, han sobrevivido. Se requiere revisar las tarifas para que CFE pueda afrontar sus compromisos, así como cubrir con recursos propios una mayor proporción de la inversión necesaria para garantizar el abasto de energía eléctrica sin caer endeudamiento excesivo (Claudia Sheinbaum, La Jornada, 12 agosto de 2000).

*Séptima mentira

Sólo se pretende "abrir" la participación de la iniciativa privada a la generación.

En su gira europea Vicente Fox aseguró que la apertura a la iniciativa privada se daría en el área de generación. Sin embargo, más pronto que tarde, su asesor Juan Bueno afirmó que el PAN pretende crear la figura del comercializador de energía eléctrica y a mediano plazo concesionar a la iniciativa privada las redes de distribución y permitirle la venta de electricidad en el país. "Tan graves son los problemas de desabasto -aseguró el ex diputado panista- que podrían explotar en el corto plazo" (La Jornada, 14 de octubre de 2000).

La concesión de la distribución (o más bien, la "comercialización", porque no se van a sustituir ni a ampliar las redes actuales) no resuelve, para nada, el problema de la inversión para la generación del fluido eléctrico. Con la medida no se va producir un kilovatio adicional. ƑEntonces? Con la introducción de un "comercializador" -una medida, sin lugar a dudas, privatizadora- lo único que se hace es meter un intermediario más, que prácticamente no invierte, ni aporta ningún servicio, y sólo encarece su costo. Puesto que no es posible duplicar una red de distribución, la apertura al capital privado en esta área provoca que la calidad del servicio siga siendo la misma y que no haya competencia. Tampoco se abre un mercado a la competencia, porque quienes estamos conectados a la red de distribución somos consumidores cautivos.

En distribución las inversiones son pequeñas, pero la rentabilidad es máxima: no sólo no hay riesgos, ni existe cartera vencida, sino que se genera un flujo muy importante de efectivo. Además, el "mercado" puede emplearse para otros negocios distribuidos: gas, agua, teléfonos,

cobranzas, encuestas, etcétera.

El anteproyecto de la iniciativa foxista significa que a corto y mediano plazo las compañías privadas, nacionales y extranjeras, se harán cargo de la distribución y el cobro del servicio.

*Octava mentira

Lo que la industria eléctrica nacional requiere es promover, exclusivamente, plantas de ciclo combinado a base de gas.

La actual política de generación de electricidad está orientada hacia la utilización de gas natural crecientemente importado, en lugar de la diversificación de fuentes existentes en territorio nacional. Esta política ha privilegiado la construcción de plantas de ciclo combinado.

Las plantas de ciclo combinado a base de gas natural tienen muchas ventajas, particularmente para los inversionistas: inversión relativamente menor, la mayor eficiencia disponible, pueden construirse en etapas, tienen bajo impacto ambiental, etcétera. Sin embargo, como dependen de un solo combustible, son sensibles a las variaciones de precio.

Ello ha quedado claro con la crisis vivida por el incremento al precio del gas natural. Durante este año las empresas mexicanas han sido afectadas por el comportamiento del precio de este producto, que tiene que ver con una relativa escasez en todo el mercado del sur de Estados Unidos (donde se encuentran los mayores yacimientos de ese país, los cuales son explotados por empresas privadas) y México (El drama del gas natural. Estrategia empresarial. Tendencias, informe especial, 21 de agosto de 2000). La promoción hecha por la Secretaría de Energía para el uso de este energético -del que México no es autosuficiente-, además de las políticas de precios de Pemex, ha puesto a temblar la estructura financiera de varias empresas industriales. Los precios del gas importado subieron 221% del 31 de agosto de 1999 a la misma fecha un año después.

Los aumentos en el precio del gas natural provocaron a la CFE un aumento de 2 mil millones de pesos este año en los costos de generación, [aunque el impacto] es mínimo porque sólo se usa para generar alrededor de 10% del total (La Jornada, 11 de octubre de 2000). De haber tenido éxito la promoción que el gabinete energético de Ernesto Zedillo hizo para que la industria eléctrica nacional dependiera fundamentalmente de este combustible, el precio de la energía eléctrica se habría tenido que incrementar sustancialmente, porque más de 50% de su costo corresponde a su uso.

Además, como ha señalado Claudia Sheinbaum, la ley que regula el gas natural permite la concesión de su almacenamiento y distribución a particulares (nacionales o extranjeros) ...pero... La mayor parte del gas natural de que dispone el país en la actualidad proviene de pozos asociados... Pemex ha dejado de invertir en exploración y explotación de nuevos pozos de gas natural no asociado. Al invertir las compañías privadas en plantas CCG se dará una dependencia del extranjero en el suministro de energía [eléctrica].

La política adecuada, que es la que siguió la CFE durante gobiernos anteriores, es diversificar las fuentes de energía, aprovechando al máximo los recursos nacionales. La diversificación permite reducir riesgos de disponibilidad y precio. Hay que tomar en cuenta el gran potencial del país en hidroenergía, geotermia, energía eólica y energía solar... [y] seguir utilizando combustóleo, abundante y barato en nuestro país [que es el residuo que queda después de refinar el crudo. Los ingresos por su venta ayudan a sufragar los costos del proceso]. Gracias a la tecnología de lecho fluidizado, es ahora menos dañino para el ambiente.

*La necesidad de la reforma

El sector eléctrico requiere de una reforma profunda, pero la base de ésta debe ser no renunciar al control estatal de la industria, al carácter público del servicio y su sentido social, ni a su derecho de establecer precios justos y competitivos, y tomar en cuenta la confiabilidad y calidad del servicio que exige el desarrollo nacional, la fortaleza y prestigio de la CFE, así como su compromiso de aplicar, en monto y destino, el subsidio que la sociedad determine. ("Reforma eléctrica sin mentiras", José Antonio Rojas Nieto, La Jornada, 27 de agosto de 2000).

Acelerar la aprobación de la reforma y prescindir del amplio debate generado en los meses anteriores es una imprudencia. Como lo señaló el diputado priísta Mauricio Rossell Abitia: es un grave error discutir al vapor la apertura eléctrica y pensar que "la privatización per se" es la solución (La Jornada, 10 de agosto de 2000).

Pretender justificar una "venta de garaje" del patrimonio nacional, engañando y desinformando a la opinión pública, sólo puede provocar el recrudecimiento del encono político. Ese fue el camino que siguieron Ernesto Zedillo y Luis Téllez, y fracasaron. La sociedad mexicana tiene una profunda desconfianza a los procesos privatizadores. La preservación de la industria eléctrica nacionalizada forma parte de los valores que amplios sectores de la población defienden. Seguir obteniendo ganancias privadas de bienes públicos es una ruta muy peligrosa. Sujetarse a los designios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y dejar la electricidad, fuente clave del poder, en manos de unos cuantos -en su mayoría extranjeros- es abrir las puertas a la desnacionalización del país.

COSTO DE LA ELECTRICIDAD