SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Critica Raúl Melgoza tortuguismo de juzgadores para emitir resoluciones

Exhorta catedrático a capacitar a jueces y magistrados

Triunfo Elizalde Ť La impartición de una justicia ''completa e imparcial'' es responsabilidad absoluta de jueces y magistrados; sin embargo, para ello se requiere como presupuesto indispensable el contar con juzgadores probos, honestos, eficientes, capaces, debidamente preparados y conscientes de la delicada función que les ha sido encomendada, y ''en eso tienen una responsabilidad los Consejos de la Judicatura, pues no hay que olvidar que un buen juez no se improvisa, sino que requiere de años de estudio, de preparación y de práctica, para estar en actitud de desempeñar adecuadamente la función jurisdiccional'', señaló ayer el maestro en derecho procesal Raúl Melgoza Figueroa.

Al hablar de la Administración de la Justicia y los Derechos Humanos, en el ciclo de Jornadas de los Derechos Humanos y Política Criminal que por tres días -incluido el de hoy- organizó la Comisión Nacional de Derechos humanos, subrayó la importancia que tienen los procesos de selección, preparación, capacitación y especialización de las personas que habrán de tener acceso a los cargos de jueces y magistrados.

Respecto del derecho constitucional que todos los mexicanos tenemos de recibir una impartición de justicia no solamente gratuita, sino además expedita, completa e imparcial, el catedrático Melgoza Figueroa recordó que ''es a las autoridades de alzada y a los tribunales de amparo a quienes corresponde proteger ese derecho a favor de todo gobernado, restituyendo el goce y disfrute de la garantía violada, cuando ese derecho se ha visto vulnerado en el caso concreto por cualquier órgano jurisdiccional de instancia''.

Sin embargo, apuntó que partiendo de las normas comentadas, debe advertirse de la obligación que tienen, en lo general, el Consejo de la Judicatura y los órganos correctivos en los estados de la República, de vigilar que la justicia que imparten jueces y magistrados ''sea completa e imparcial, a través de resoluciones revestidas de la calidad y la excelencia que exigen los preceptos constitucionales en cuestión''.

Luego de referirse al tortuguismo que existe entre jueces y magistrados para emitir sus resoluciones, y sus graves consecuencias para las personas que no cuentan con los medios suficientes para contar con un abogado que esté pendiente del fallo, hizo notar que ''lamentablemente, parece ser que hasta ahora los Consejos de la Judicatura no han tomado plena conciencia de esa obligación que les impone la Constitución, pues no se advierte, al menos en el ámbito federal, que se hubiese adoptado alguna medida o que se hubiese instrumentado algún mecanismo que permita conocer si las resoluciones que emite un determinado juez o magistrado reúnen los requisitos de calidad y excelencia que exige el artículo 100 de la Constitución".