Ť Desechan queja de ambientalistas sonorenses 

Cierra comisión del TLC caso sobre confinamiento tóxico

Ť El tiradero de desechos está a seis kilómetros de Hermosillo

Ť Cytrar cumple con los requisitos para su operación: CCA

La Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) ?instancia dentro del Tratado de Libre Comercio? cerró el expediente que presentaron grupos ambientalistas de Hermosillo, Sonora, en torno al caso del confinamiento de desechos peligrosos Cytrar, situado en el fraccionamiento Las Víboras, a seis kilómetros de esa ciudad del norte del país.

Al dar a conocer su determinación, la CCA indicó que la compañía recibió la autorización en 1987 para utilizar ese sitio para confinar desechos peligrosos. El permiso, abundó, se dio antes de que la norma sobre la selección de la ubicación de los sitios destinados a ese tipo de instalaciones entrara en vigor.

Por ello, la CCA determinó que ''la elaboración de un expediente de hechos no se justifica debido a que la ley referida en la petición no es aplicable respecto de la preocupación ambiental planteada en la misma''.

La queja ante esa instancia trinacional fue presentada en 1998 por la Academia Sonorense de Derechos Humanos y Domingo Gutiérrez Mendívil. En ella, los denunciantess argumentaron que la cercanía de las instalaciones del confinamiento viola las normas mexicanas, las cuales establecen que ese tipo de instalaciones deben ubicarse a no menos de 25 kilómetros para poblaciones mayores a 10 mil habitantes, con proyección al año 2010.

De acuerdo al estudio Residuos industriales en México: Una torre de babel ecológica, del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Asociación Mexicana para el Control de los Residuos Sólidos Peligrosos, las instalaciones de Cytrar funcionaron normalmente hasta fines de 1997.

En ese año, se presentó un derrame de tierras contaminadas provenientes de la empresa Alco Pacífico, Baja California ?clausurada?, en una espuela de ferrocarril cercana a las instalaciones de Cytrar. La Profepa determinó que el derrame no significó riesgo sobre la población o los ecosistemas y que en todo caso Cytrar no tuvo responsabilidad en el mismo, ya que éste se presentó durante actividades externas de transporte y no en la operación del confinamiento.

Grupos de ciudadanos exigieron el cierre de Cytrar, uno de los dos únicos confinamientos de servicio público en funcionamiento en el país. Bloqueos de carreteras y protestas ante la Cámara de Diputados obligaron a intervenir a la Comisión de Medio Ambiente de la pasada legislatura, la cual citó a la secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias, para que explicara la situación.

Las autoridades ambientales insistieron en que la instalación de Cytrar cumple con los requisitos para su operación y que no existen violaciones a la normatividad que pudieran conducir a su clausura o justificar su reubicación. (Matilde Pérez U.)