SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Contravienen orden de una juez en Tijuana


Soldados impiden desalojo en predio ocupado por el Ejército

Ť El instituto armado edificó en terrenos particulares, hace 9 años

Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC, 27 de octubre Ť Militares impidieron que el actuario del juzgado quinto de lo civil, Ricardo Verdugo Gómez, diera cumplimiento a la orden de desalojo de un predio de 10 hectáreas, invadido por el Ejército Mexicano en la región de El Aguaje de la Tuna, municipio de Tijuana.

Más de una decena de soldados con armas en la mano impidieron que se llevara a cabo la orden judicial, por supuestas órdenes del teniente de justicia militar del 28 Batallón de Infantería, Alejandro Augusto Juárez Castillo.

El mandato de la juez Rosario Plascencia obedece a la causa penal 224 de 1996, interpuesta por Juana Carrillo viuda de Ruiz en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, por la invasión de un predio de 10 hectáreas de extensión, en donde fueron construidas viviendas por parte de la Zona Militar.

La abogada Josefina Fregoso de Eskauriatza, representante legal de la demandante, informó que la invasión se registró desde hace nueve años, cuando el Ejército Mexicano amplió sus instalaciones de El Aguaje de la Tuna sobre varios terrenos particulares.

Sin embargo, fue hasta 1996 cuando se interpuso la demanda, misma que fue radicada en el juzgado quinto civil, cuya titular falló en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, la dependencia apeló la sentencia y cuando el mandato judicial fue confirmado, recurrió al amparo, mismo que en su oportunidad también fue rechazado, por lo que finalmente la juez Plascencia ordenó el desalojo del predio, con el uso de la fuerza pública, en caso necesario.

Este viernes se presentaron a las instalaciones militares la abogada Fregoso de Eskauriatza; el actuario del juzgado quinto civil, Ricardo Verdugo Gómez; el representante de la propietaria del predio, Jorge Ruiz Carrillo; así como el perito Jorge Mora, quien determinaría la ubicación topográfica del predio.

Sin embargo, tras casi una hora de espera para que acudiera al sitio el representante legal de la Zona Militar, Alejandro Augusto Juárez Castillo, finalmente no se llevó a cabo el mandato judicial.