SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Están acusados de 8 delitos, entre ellos terrorismo


La PGR aprehendió en Chiapas a 11 integrantes de Paz y Justicia

Ť Un ex diputado del PRI y un ex militar, sus dirigentes

Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 27 de octubre Ť La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo hoy a once integrantes del grupo Paz y Justicia -señalado como paramilitar- que opera en la zona norte de Chiapas, entre ellos a los dirigentes Marcos Albino Torres, ex cabo del Ejército Mexicano, y Samuel Sánchez Sánchez, ex diputado local priísta.

La detención se efectuó esta tarde en San Cristóbal de las Casas en un amplio operativo encabezado por la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados (dependiente de la PGR) en el que participaron 25 policías judiciales federales y agentes del Ministerio Público Federal.

Fuentes cercanas al juzgado primero de distrito dijeron que los once indígenas trasladados esta tarde en varios vehículos al penal de Cerro Hueco -ubicado en Tuxtla Gutiérrez- están acusados de delitos de terrorismo, posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, motín, delincuencia organizada, lesiones, daños y despojo.

Desde 1995 en que fue fundado, el grupo Paz y Justicia -con presencia en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Salto de Agua y Yajalón- ha sido acusado por organismos no gubernamentales de ser una organización paramilitar, pero ninguno de sus integrantes había sido detenido por los delitos cometidos, entre ellos el asesinato de por lo menos -según cifras oficiales- 46 simpatizantes zapatistas en la zona norte de la entidad. La agrupación asegura que en el mismo periodo le fueron asesinados por simpatizantes rebeldes por lo menos 66 de sus integrantes.

Las investigaciones que llevaron a la detención se intensificaron luego de que por primera vez algunos de ellos se dejaron fotografiar y tomar video por periodistas el 4 de agosto pasado en el predio El Paraíso, municipio Yajalón, donde desalojaron a decenas de familias pro zapatistas luego de quemarles varias viviendas.

Las notas periodísticas, las gráficas y la fe ministerial sobre el hallazgo de armas de fuego de grueso calibre en el lugar dieron elementos a la Unidad Especializada ,que encabeza Armando del Río, para aprehender a estas personas, algunas de las cuales eran investigadas desde 1995.

Aunque hasta esta noche la delegación de la PGR y la Unidad Especializada no daban ninguna información sobre la detención, fuentes oficiales señalaron que fue clave la aparición de los hombres armados en El Paraíso para documentar con pruebas "contundentes y fehacientes" los señalamientos de organismos no gubernamentales y diversas personas sobre la presencia de hombres civiles armados en la organización Paz y Justicia.

Fue así como este día la Unidad Especializada de la PGR -creada como parte de los compromisos hechos por el gobierno federal en la carta pública del 7 de septiembre del año pasado dirigida al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para que regresara la mesa del diálogo- ejecutó las órdenes de aprehensión obsequiadas por el juez primero de distrito José Neals André Nalda.

Trascendió que la detención sin violencia se llevó a cabo en las oficinas de la Unidad Especializada de donde los once fueron subidos, esposados, a tres camionetas de la PGR -custodiadas por varios vehículos más con las torretas abiertas- que los trasladaron a Cerro Hueco.

A las cuatro de la tarde, hora en que fueron sacados de la oficina, la calle fue cerrada al tránsito vehicular ante la mirada de decenas de curiosos y algunos reporteros que se dieron cuenta del amplio despliegue de agentes federales. Con el rostro descompuesto y sin creer todavía que estaban detenidos los dirigentes subieron a las unidades.

Cuando era introducido a la camioneta se le preguntó a Samuel Sánchez si estaba detenido y lo único que respondió fue: "Pues, mientras que nos están esposando, supongo que sí".

Los detenidos son Marcos Albino Torres (ex cabo del Ejército) y Samuel Sánchez Sánchez (diputado local priísta en el periodo 1995-98), ambos dirigentes destacados del grupo; Diego Entzín López, Alonso Entzín Pérez, Ricardo Hidalgo López (éste apareció con un arma en el hombro en una foto publicada en la contraportada de La Jornada del 7 de agosto), Rolando Méndez López, Miguel Hidalgo López, Mario Cruz Pérez (enlace entre los dirigentes de Paz y Justicia y los hombres armados), Javier Francisco López, Rosemberg Hidalgo y Abraham Díaz Mendoza.

Fuentes gubernamentales manifestaron que con la detención la organización -presuntamente vinculada al Partido Revolucionario Institucional- "ha sido descabezada" por lo que perderá "movilidad y coordinación" a pesar de que aún quedan libres otros líderes importantes como Diego Vázquez, quien ha sido señalado por sus compañeros de El Paraíso de ser uno de los promotores del grupo, al igual que el actual diputado local Raymundo Hernández Trujillo.

Agregaron que la detención de estas once personas "será un mensaje para otros grupos civiles armados que operan en diversas regiones de la entidad, entre los que se menciona al Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, Los Chinchulines, Los Puñales y Máscara Roja.

Luego de la ofensiva del 9 de febrero de 1995 lanzada por el gobierno federal en contra del EZLN, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y otras agrupaciones acusaron a Paz y Justicia de ser una organización paramilitar y vinculada al Ejército Mexicano y a la Policía de Seguridad Pública del estado, así como con diputados locales y federales del PRI.

De hecho, una de las cinco condiciones que puso el EZLN cuando suspendió el diálogo el 2 de septiembre de 1996 fue: "Fin al clima de persecución y hostigamiento militar y policiaco en contra de los indígenas chiapanecos y desaparición de las 'guardias blancas' (o una ley que las reconozca institucionalmente y las uniforme para que no operen impunemente)".

Sectores gubernamentales creen que con esta detención se allana el camino para que el próximo gobierno federal pueda reanudar el diálogo con el EZLN.