SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Estalla bomba en la periferia de Santiago
Pide la justicia de Argentina la extradición de Pinochet
Ť Descarta Insulza que se vaya a detener de inmediato al militar
Ť Los tribunales chilenos resolverán la petición, dice el ministro
Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 27 de octubre Ť Corresponderá sólo a los tribunales chilenos resolver en torno a la solicitud de extradición que formalizó la justicia argentina en relación a Augusto Pinochet, declaró hoy el ministro del Interior, José Miguel Insulza, en una primera reacción del gobierno chileno.
Ante el anuncio de que la justicia argentina emitió una orden de captura internacional con fines de extradición del ex dictador por su presunta participación en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en 1974 en Argentina, Insulza descartó que se le vaya a detener de inmediato ya que "en Chile no opera la Interpol, opera la justicia".
La defensa de Pinochet dijo no reconocer la jurisdicción de los tribunales argentinos, y que aún no recibe la comunicación oficial al respecto. En todo caso, dijo el abogado Gustavo Collao, la solicitud debe ser aprobada por los organismos competentes como la Corte Suprema chilena, antes de ser reconocida oficialmente.
En Buenos Aires, donde se consideraba el pedido de extradición como un vuelco en el proceso contra Pinochet, el fiscal de la causa, Jorge Alvarez Berlanda, dijo que "el juez federal Juan José Galeano ordenó la medida y también pidió a la Interpol el arresto preventivo de Pinochet con fines de extradición, así como de otros seis implicados.
Fuentes de la cancillería argentina dijeron que el pedido de extradición recién será enviado a Chile una vez que se compruebe que el exhorto del juez Galeano "cumpla con los requisitos del tratado de extradición entre ambos países, y de ser así el trámite se realizará vía la embajada argentina en Santiago, con la petición a las autoridades locales.
La petición de extradición, junto a una orden preventiva de detención a través de la Interpol, fue enviada por el juez bonaerense Juan José Galeano, quien remplaza a la jueza del caso, María Servini de Cubría. Tal petición acoge una solicitud del 19 de octubre formulada por la familia Prats.
Insulza dijo que "los tribunales de justicia chilenos tendrán que decidir sobre la petición", en que se pide la extradición a Argentina de Pinochet y de todos los inculpados en el atentado que el 30 de septiembre de 1974 le costó la vida al general Carlos Prats y a su esposa Sofía Cuthbert.
El magistrado, además, ofició a la Interpol para aplicar una orden de detención en contra de los imputados, que junto con Pinochet incluyen a los ex generales Manuel Contreras y Raúl Iturriaga, al ex brigadier Pedro Espinoza, al ex coronel Octavio Zara Holger y a los agentes civiles Jorge Iturriaga y Mariana Callejas.
Parecido, pero diferente
"Este es un caso diferente al del juez español Baltasar Garzón... Acá la bomba fue puesta en Argentina. No hay ninguna cuestión de extraterritorialidad. El gobierno chileno es parte del caso Prats y ya aceptó la jurisdicción argentina", expresó uno de los abogados de la familia Prats, Luis Moreno.
El anuncio del tribunal argentino se produjo al cabo de dos semanas de audiencias públicas en tribunales de Buenos Aires, en el proceso por el asesinato del matrimonio Prats iniciado en enero de 1996, en cuyo caso se ha detenido sólo a Enrique Lautaro Arancibia Clavel, un presunto ex agente de la policía política pinochetista de la Dirección de Inteligencia Nacional.
Sofía Prats, una de las hijas del general Carlos Prats, expresó su satisfacción al señalar que "es una noticia bastante importante para mí porque después de 26 años que hemos estado detrás de la verdad y de la justicia, se hace justicia".
En cambio uno de los directivos de la Fundación Pinochet, el ex general Luis Cortés Villa, rechazó la petición de la justicia argentina bajo el argumento de que se "atropella nuestra soberanía", como ya una vez sucedió en Londres, y atribuyó esta situación a la "desunión de los pueblos", pues entonces se "les pierde el respeto".
En tanto que fuentes de la cancillería argentina señalaban que la petición de extradición "no altera la relaciones bilaterales", en Santiago se informó que será la sexta sala de la Corte de Apelaciones la encargada de resolver las impugnaciones a los exámenes mentales a los deberá ser sometido Pinochet Ugarte, cuya diligencia ordenada por el ministro Juan Guzmán Tapia comenzará la próxima semana.
En otro caso, se reportó que el ex militar Carlos Herrera Jiménez admitió su participación en el asesinato del sindicalista opositor Tucapel Jiménez, ocurrido en febrero de 1982, y con su confesión, trascendió, el inculpado buscaría atenuar la sentencia.
Mientras, esta madrugada se produjo la explosión de un artefacto en Huechuraba, en el norte de la capital, sin causar víctimas, a 48 horas de las elecciones municipales en todo el país. La policía dijo no tener pistas sobre la autoría de este atentado.