SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2000

Ť El factor Vladimiro Montesinos perpetúa un peligroso estado de caos


Posible, una salida a la yugoslava en Perú a corto o mediano plazo

Ť El retorno del asesor de inteligencia pone en peligro las elecciones en medio de rumores de golpe

Ť Evidente, que regresó de Panamá con la complicidad del alto mando castrense de su país, acusan

Ť El deseo de Fujimori sería dejar un fantoche al frente de un gobierno de reconciliación nacional

Carlos Fazio Ť Desde que Vladimiro Montesinos regresó a Lima, los peruanos duermen sin saber quién gobierna. Saben, sí, que el trinomio Alberto Fujimori-Montesinos-cúpula militar perpetúa el estado de caos en que el país sudamericano vive desde hace varios meses. La economía está paralizada, el Congreso en un virtual receso y la renuncia del vicepresidente de la república, Francisco Tudela, acentúa la sensación de un vacío de poder que, con sectores de la po- blación movilizados en las calles, dibujan el escenario posible de una "salida a la yugoslava" a corto o mediano plazo.

La grave crisis política generada por el regreso del ex asesor de inteligencia que había pedido asilo en Panamá, pone en peligro las prometidas elecciones adelantadas, y persisten los rumores de un nuevo golpe de Estado auspiciado por Fujimori, paradójicamente, para apartarse del poder y dejar instalado en el Palacio de Pizarro a un fantoche civil a cargo de un gobierno de "reconciliación nacional" bajo la tutela de las fuerzas armadas, que dé curso a un proceso electoral previa aprobación de una ley de amnistía que decrete la impunidad de militares y policías involucrados en presuntas violaciones de los derechos humanos y narcotráfico.

Es evidente que regresó con la complicidad del alto mando castrense. El diario La Prensa de Panamá reveló que el ministro de Defensa peruano, general Carlos Bergamino, tuvo participación decisiva en el episodio, por instrucciones del propio Fujimori.

Bergamino se comunicó varias veces con Montesinos a través del celular 904-9100, PERU-25 asignado a la comandancia general de la fuerza aérea y garantizó con su presencia en el grupo aéreo número nueve, ubicado en las cercanías del puerto de Pisco, la llegada de Montesinos. Montesinos contó después con un helicóptero y un vehículo escoltado para sus desplazamientos a diversas unidades del ejército peruano, e incluso habría estado alojado en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), a pocos metros del cuartel Alfonso Ugarte, donde funciona la división de fuerzas especiales.

El general retirado Walter Ledesma declaró que los hechos ocurridos demuestran la conexión entre el rechazo de asilo a Montesinos en Panamá, el pedido de los militares para aprobar una ley de amnistía y el endurecimiento del gobierno ante la mesa de diálogo. De aplicarse la amnistía que propone el gobierno, el ex asesor sería uno de los beneficiados, ya que el propio Fujimori lo considera como uno de los estrategas de la lucha contra la subversión y el narcotráfico.

Si la justicia estadunidense, o de otra nación, pretende extraditar a Montesinos, tropezaría con la inmunidad que le otorgaría la norma que Fujimori quiere que se apruebe como condición para convocar a las elecciones del 8 de abril. Ese sería el motivo por el cual Montesinos dejó Panamá.

La agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, ofreció al narcotraficante panameño preso Boris Foguel inmunidad a cambio de información sobre los nexos de Montesinos con el cártel de Los Camellos, testimonio que podría ser clave para que un tribunal federal estadunidense abra proceso en contra de Montesinos y gestionar así una eventual extradición. La estrategia de la DEA no es nueva. Es la misma que aplicó en 1989 contra el general Manuel Antonio Noriega.

Los casos de Noriega y Montesinos guardan algunas similitudes: ambos trabajaron para la CIA y recibieron cursos en 1965 en la controvertida Escuela de las Américas, conocida entonces como una fábrica de dictadores latinoamericanos. Noriega tomó el curso de operaciones en la selva; Montesinos el de cadete. Pero ambos se dedicaron también a acumular información sensitiva.

En el affaire Noriega, la DEA consiguió que un ex oficial del entorno del general, el teniente coronel Luis del Cid, declarase en su contra. El testimonio bastó para que el panameño fuera procesado por narcotráfico por un tribunal de Miami. Noriega purga una condena de 40 años; Del Cid vive en Estados Unidos bajo protección del gobierno.

Foguel está preso en Panamá acusado de ser uno de los cabecillas de Los Camellos. Según declaraciones de Foguel al periódico La República de Lima, "Montesinos recibía 700 dólares por cada kilogramo de cocaína que saliera del país" andino, droga que era transportada desde los valles cocaleros a los laboratorios de la costa "en helicópteros de la fuerza aérea peruana, alquilados por supuestas empresas mineras". Los pilotos eran recomendados por el propio Montesinos.

Otra versión, publicada por School of the Americas Watch, organización independiente que clama por el cierre de la Escuela de las Américas, señala que Montesinos es socio del coronel peruano Mario Arbulú, quien habría sido su compañero de estudios en el curso para orientación de cade- tes en 1965 en la Escuela de las Américas.

Arbulú estaba al frente de Long View Corporation, con sede en Panamá, hasta la llegada de Vladimiro Montesinos al país canalero. La empresa, que ha sido vinculada por la prensa limeña con el tráfico de drogas, suministraba suculentos ingresos ilegales al actual jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas de Perú, general José Villanueva, lugarteniente de Montesinos cuando éste estaba al frente del SIN.

Montesinos había llegado a Panamá el 24 de septiembre, a raíz de la solicitud del secretario general de la Organización de Estados Américanos, el colombiano César Gaviria, y varios mandatarios latinoamericanos para que ese país le brindara asilo y desactivar así la crisis política en Perú. Aunque en rigor todos se movieron presionados por Washington, que quería un exilio dorado para su ex hombre fuerte en Lima.

El gobierno de Mireya Moscoso, que escucha a Washington con actitud reverencial, dio luz verde para que Montesinos entrara al país por la puerta de servicio, en abierta colusión. En realidad, el tiempo que Montesinos estuvo en Panamá se dedicó a ordenar sus cuentas bancarias y sociedades, y a conspirar contra la democratización en Perú.

La conexión estadunidense

Con el refugio a Vladimiro Montesinos la presidenta Moscoso buscaba que Estados Unidos devolviera el favor excluyendo a su país de la lista negra del Grupo de Análisis de Acción Financiera, donde están los países acusados de colaborar con la corrupción mundial, lo que el diario local La Prensa consideró como "una visión de telenovela del quid pro quo": "Si nos endilgaron a Montesinos es precisamente porque nos tienen en las listas de colores".

En toda esta historia hay algo que choca con las supuestas intenciones de la DEA de investigar y extraditar a Montesinos. En el jet de la empresa panameña Aerolap con que Montesinos se trasladó a Pisco viajaban otras tres personas. Una de ellas era el abogado panameño Amadís Jiménez, ex jefe de la unidad de combate de marina que integró las fuerzas militares disidentes que apoyaron la intervención militar estadunidense a Panamá el 20 de diciembre de 1989.

Posteriormente, Jiménez se desempeñaría como asistente del general Mark Cisneros, jefe del ejército que dirigió la operaciones estadunidenses para capturar al general Manuel Antonio Noriega.

ƑSigue contando Montesinos con la protección de la CIA y el Pentágono? No sería raro. Históricamente, la CIA ha ejecutado operaciones encubiertas con apoyo de diversas organizaciones de traficantes en el marco de escenarios de guerra interna vinculados a conflictos de baja intensidad, e incluso en guerras con aristas internacionales, como Vietnam y Afganistán.

La lista incluye desde el caso del mafioso italiano Lucky Luciano, quien ayudó a las tropas aliadas en el desembarco de Sicilia en 1944, hasta el affaire Irán-contras, que involucró al teniente general Oliver North y al almirante John Poindexter en el trasiego de drogas, armas y municiones entre la CIA y la contra nicaragüense.

El sainete peruano tiene aún otro ingrediente más: según el investigador Carlos Franco, la renuncia del vicepresidente y ex canciller Francisco Tudela, supuestamente por su oposición a la condición militar de decretar una amnistía para llevar a cabo las elecciones adelantadas, respondería más bien a que forma parte de las alternativas de recambio que estarían manejando las propias fuerzas armadas.