SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Alberto J. Olvera Ť
Tabasco y los límites de la democracia electoral
Las recientes elecciones en Tabasco han vuelto a poner en el centro del debate nacional el problema de las limitaciones e insuficiencias de las instituciones electorales estatales y locales en diversas partes del país. El PRI ha adoptado como estrategia de sobrevivencia la de garantizar el control político y administrativo de los organismos electorales donde quiera que esto es posible. Tal es el caso de Chiapas, donde esta misma semana se ha cambiado la legislación electoral para anular a los consejeros independientes; de Veracruz, donde el PRI está creando un nuevo Instituto Estatal Electoral tan controlado como el actual, y de Yucatán, donde el gobernador quiere eternizar a los dóciles miembros del Consejo Estatal Electoral actual. Seguramente otras entidades controladas por gobernadores priístas seguirán este camino en el futuro cercano.
El problema de Tabasco y la estrategia nacional priísta constituyen lastres formidables en la aún inacabada transición a la democracia electoral que vive el país. Se trata de un proyecto para garantizar la preservación de estados completos como territorio político privado del PRI, con lo cual éste lograría mantener una clientela política estable, disponer de recursos públicos para fines partidistas y crear un contrapeso autoritario a los intentos de democratización que pudieran provenir del centro y de las iniciativas de la sociedad civil.
En esta misma línea se sitúa la recientemente acordada estrategia de los gobernadores priístas de exigirle al gobierno federal entrante mayores recursos y capacidades administrativas. Bajo el pretexto de la descentralización y la federalización se oculta el proyecto de restauración autoritaria en la forma de enclaves políticos relativamente inmunes a la intervención federal. La propuesta foxista de otorgar el manejo de la política social a los gobiernos estatales favorece la estrategia priísta y resulta funcional para los fines de preservación de la cultura del clientelismo.
El PRI está en buena posición para exigir al gobierno entrante que se respeten e incluso amplíen sus cuotas de poder regional. Fox depende del voto del PRI para impulsar las reformas constitucionales necesarias a sus proyectos de privatización y aun para aprobar el presupuesto público y los cambios en el organigrama en el aparato estatal. La capacidad de chantaje del PRI aumentará en la medida en que el PRD asuma una actitud beligerante hacia los proyectos foxistas y no defina un proyecto de recomposición del Estado que le permita ubicar claramente los puntos de coincidencia y de diferencia con el proyecto de modernización política del grupo foxista.
La democratización mexicana ha venido de afuera del sistema político. Primero ha cambiando la cultura política de amplios segmentos de la población, cuya menor tolerancia a los abusos del poder y cuyos reclamos de legalidad y transparencia en el ejercicio de gobierno contribuyeron decisivamente a crear un régimen de competencia de partidos y a transparentar los excesos inauditos del régimen autoritario. La expresión más nítida de esta penetración de la sociedad en el sistema político es el Instituto Federal Electoral, institución híbrida en la que la presencia de ciudadanos sin partido ha constituido la garantía y la precondición de la autonomía política y administrativa de una instancia decisiva para la democratización del país. Es esta presencia de la sociedad, a manera de cuña dentro del sistema político, lo que el PRI quiere eliminar. Lejos de ello, lo que la sociedad civil mexicana está reclamando de muy diversas formas es precisamente la ampliación de esta intervención social en la vida pública, que es correctamente entendida como la única forma de garantizar el avance de la democracia a otros territorios de la vida pública.
Por todo lo anterior, es absolutamente indispensable evitar que Roberto Madrazo se salga con la suya. Equivaldría a darle al PRI una patente para destruir el concepto de ciudadanización de los organismos electorales y crearía enclaves regionales en los que el estado de derecho sería inexistente. El Tribunal Federal Electoral tendrá muy pronto en sus manos un caso decisivo en el cual se mostrará si en verdad existe una autonomía real del Poder Judicial. Se trata de una oportunidad de oro para instaurar el principio del estado de derecho en la vida pública que, si se desperdicia, conducirá a un retroceso notable en nuestra frágil transición a la democracia.