SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Sus residencias, en tierras que están en disputa en BC
Ciudadanos de EU piden apoyo en su país ante fallo de la Suprema Corte
Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC, 27 de octubre Ť Ciudadanos estadunidenses que se verán obligados a dejar sus residencias en la costa bajacaliforniana, una vez que se cumpla la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y se restituya de sus predios a la empresa Purúa Punta Estero, SA, actualmente en poder de miembros del ejido Esteban Cantú, solicitaron la intervención de Duncan Hunter, congresista de Estados Unidos, para mediar una alternativa de solución favorable para ellos.
Los afectados, en su mayoría personas mayores retiradas, aseguraron ser víctimas de un error cometido por la autoridad federal mexicana, y consideraron injusto ser ellos quienes paguen las consecuencias del mismo.
Algunos, inclusive, han contactado abogados para tratar de frenar la resolución de la SCJN y conservar sus residencias, con una valor promedio de 400 mil dólares.
Mientras tanto, la situación continúa tensa en la lengüeta arenosa de Punta Banda, con guardias permanentes por parte de los ejidatarios, quienes colocaron barricadas en los accesos, y de elementos policiacos locales.
Los ejidatarios indicaron que la directiva estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) los abandonó en su lucha, ya que sólo reciben el apoyo del organismo a nivel nacional.
El presidente del comisariato ejidal, Ramiro Moreno Quintero, señaló que hasta el momento, su central no les ha respaldado en su posición de resistir la decisión de las autoridades de disminuir 18 hectáreas de lo que consideran su patrimonio.
Dijo que por la mañana de este jueves, un grupo de 50 campesinos de otros ejidos de la entidad, como Laguna Hanson, Eréndira, San Antonio Necua, San José de la Zorra, López Portillo, Antonio Meléndrez, Santa Catarina y Valle de la Trinidad, acudieron a darles apoyo. La sentencia de la SCJN indica que el proceso se tendría que dar en un plazo de 10 días naturales, los cuales vencen el próximo martes, y autoriza a la SRA el uso de la fuerza pública.
La Constitución mexicana prohíbe a los extranjeros comprar propiedades en una franja de 20 millas (unos 34 kilómetros) lindantes con las costas y aquellas situadas a menos de 35 millas (53 kilómetros) de las fronteras. No obstante, los ejidatarios afirman que la lengüeta arenosa de Punta Banda es de ellos, porque les fue dotada desde 1973 por el ex presidente Luis Echeverría, como parte del ejido.
Entonces, el ejido Coronel Esteban Cantú fue beneficiado por una resolución presidencial, que le entregó 15 mil hectáreas a 60 familias campesinas; sin embargo, en 1995 el Poder Judicial otorgó el beneficio del amparo a particulares que reclamaron derechos sobre diversos terrenos afectados por la asignación.
Por otro lado, el periódico Los Angeles Times publicó en su primera plana de este viernes una nota sobre la situación de varios estadunidenses en la zona costera de Ensenada, donde se vive el conflicto.
La nota refiere que según datos de la embajada del gobierno de Washington en México, unos 600 mil estadunidenses tienen propiedades en territorio mexicano, de los cuales 70 mil residen en Baja California.
Grave, que se autorice usar la fuerza
pública: Comisión de la Reforma Agraria
Andrea Becerril Ť La presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria, de la Cámara de Senadores, Arely Madrid Tovilla, advirtió que una reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia en torno a un conflicto por tierras en Ensenada, Baja California, "es muy grave", toda vez que puede sentar un precedente en materia agraria, al permitir la intervención de la fuerza pública para desalojar predios.
La legisladora chiapaneca se refirió concretamente a la sentencia de la Corte del pasado 23 de octubre, por la que se ordena restituir 18 hectáreas del ejido Coronel Esteban Cantú, del municipio de Ensenada, Baja California, a la empresa privada Purúa Punta Estero.
La senadora priísta insistió en lo delicado de esa sentencia, toda vez que hay muchos ejemplos, con resultados negativos y hasta sangrientos, de las consecuencias de usar la fuerza pública cuando se trata de problemas sociales, como el del ejido Coronel Esteban Cantú, donde hay ya toda una infraestructura hotelera en torno a la superficie en disputa y algunas otras obras, bajo el amparo de una resolución presidencial dictada en 1973, por la que se dotó con 15 mil hectáreas a 60 familias campesinas.
En 1995, agregó, el Poder Judicial amparó a particulares que reclamaban derechos sobre terrenos que forman parte de la lengüeta arenosa conocida como Punta Banda. A través de otras acciones concertadas se logró la restitución de 231 hectáreas, donde se encuentran aproximadamente 30 casas habitación devueltas a los quejosos.
La senadora Madrid Tovilla recalcó que como presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria, reprueba que se exija el cumplimiento de la ley de forma represiva.