En días recientes, el presidente electo Vicente Fox y su equipo de trabajo han empezado a cobrar conciencia de las severas limitaciones en las que habrán de ejercer el poder a partir del primero de diciembre. El miércoles, Fox reconoció que, ante la escasez de recursos, sólo 20 o 30 de los 120 proyectos gubernamentales originalmente concebidos podrán ser aplicados el próximo año. A mayor abundamiento, ayer el próximo titular del Ejecutivo federal dijo que los recursos fiscales y petroleros son insuficientes para que el gobierno cumpla sus obligaciones constitucionales, y pidió comprensión y apoyo para su propuesta de reforma fiscal. 

Ciertamente, el equipo foxista heredará de la administración de Ernesto Zedillo una camisa de fuerza presupuestal, con el 80 por ciento de los recursos públicos amarrados al servicio de la deuda externa e interna y a los "rescates" bancario y carretero, entre otros. Paradójicamente, los legisladores panistas aprobaron, en su momento, la conversión de deuda privada en pública, legalizaron el enorme quebranto a las arcas públicas que significó el Fobaproa y contribuyeron, con ello, al enorme descalabro al que tendrá que enfrentarse Fox, quien desde antes de tomar posesión del cargo ha empezado a gastar su capital político inicial en la promoción de medidas tan impopulares como la imposición del IVA a productos de consumo básico, como alimentos y medicinas. 

No es fácil, sin embargo, conciliar esta propuesta con la promesa de que los beneficiarios de la reforma fiscal habrán de ser "los más pobres, los excluidos y los marginados": al margen de consecuencias en la popularidad, si hubiera congruencia en el espíritu de eliminar las exenciones que benefician a las familias más ricas del país, habría que empezar por los impuestos al ingreso y no por los gravámenes al consumo. Un ejemplo significativo de exenciones indebidas y cuantiosas es el de los grandes conglomerados televisivos y radiofónicos, que gozan de un régimen de tasa cero en materia de impuesto sobre la renta. 

En suma, la próxima administración tendrá que salir del terreno de la ambigüedad y definirse: o continúa las políticas fiscales y presupuestales actuales, privatizadoras, concentradoras de la riqueza y generadoras de miseria, o bien se compromete a recaudar y ejercer los recursos públicos con un sentido social.