VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2000

COMUNICADO No. 42

La transición educativa/ I

Ť ƑQué respuesta se dará a los temas sustantivos?

Ť Necesario definir el rumbo y atender a los grandes retos

Ť El financiamiento es un problema, pero no es el único

A pocas semanas de que el presidente electo, Vicente Fox, presente a la nación las líneas generales de su programa de gobierno, hay dos temas que inquietan a la opinión pública interesada en el rumbo de la educación. El primero corresponde a la designación de los responsables del sector, particularmente del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual, a diferencia de otras áreas de la administración pública, permanece incierto y depende de la resolución de algunos temas clave. Entre estos últimos sobresale la definición de las líneas de continuidad y cambio del nuevo programa educativo, la posibilidad de articular nuevas relaciones y acuerdos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como la capacidad para ofrecer una propuesta viable, en términos económicos, políticos y sustantivos, como respuesta a los complejos retos educativos del país.

Un segundo tema que concentra la atención es el financiamiento educativo.

Como se recordará, en la campaña del presidente electo, el apoyo a la educación fue repetidamente anunciado como prioridad y, en consecuencia, se expresó la necesidad de duplicar el gasto público del sector. La propuesta concreta que hará el nuevo equipo gobernante está pendiente; sin embargo, a últimas fechas han surgido señales de que la intención anunciada hace unos meses se tendrá que matizar en función de las posibilidades reales de distribución presupuestal y del resto de los programas de gobierno.

Las decisiones sobre los recursos financieros no solamente dependen del Ejecutivo federal; la Cámara de Diputados revisará la propuesta y, en su caso, la modificará y aprobará. Los diferentes grupos parlamentarios han expresado como propósito general un probable incremento de los recursos para la educación, pero la aprobación final del presupuesto depende de una negociación compleja sobre la que, por ahora, no se tiene ninguna claridad.

En espera de las definiciones que sobre estos asuntos se hagan en las próximas semanas, Observatorio considera que el gobierno entrante debe tomar posición con respecto a un conjunto de temas críticos que forman la agenda educativa por resolver, y que, desde luego, van más allá de las propuestas que han alcanzado visibilidad en el periodo de transición (becas, educación permanente y reforzamiento de infraestructura).

Así, el presente comunicado llama la atención sobre una serie de propuestas recogidas en las mesas de discusión del Foro Nacional la Educación en las Plataformas Electorales (mayo de 2000), que sintetizan la opinión de los ciudadanos participantes en ese acto, y que representan una simple muestra del complejo universo de retos y rezagos educativos que habrá de enfrentar la nueva administración.

Hemos organizado estas propuestas en torno a diez grandes retos que se refieren a diferentes aspectos de la problemática educativa nacional. En este comunicado se tratan los primeros cuatro, y en el siguiente se abordará el resto.

Educación pública, laica y gratuita

Parece no haber controversia sobre la obligación del Estado de proporcionar educación de carácter público, laico y gratuito en el nivel básico.

Tal obligación está definida en la Constitución, aunque hay aspectos cualitativos a resolver, por ejemplo: si se reconoce que la educación como tal es un bien público, Ƒse deben aproximar y coordinar las formas de regulación, supervisión y evaluación que se ejercen sobre las instituciones públicas y particulares?, Ƒcómo armonizar los propósitos educativos de identidad nacional con el necesario reconocimiento de nuestra realidad pluriétnica y multicultural?, Ƒse tiene pensado suprimir o regular los cobros adicionales que se hacen en las escuelas públicas, a través de las asociaciones de padres de familia, para su mantenimiento y con otros propósitos?

El tema de la gratuidad cobra otro perfil al situarlo en los niveles de educación media y superior; los argumentos en la discusión oscilan entre afirmar que el Estado debería apoyar el acceso a estos niveles garantizando su gratuidad y, por otra parte, afirmar que todas las instituciones de enseñanza media superior y superior, la UNAM incluso, deberían continuar cobrando cuotas a los estudiantes.

Al parecer la propuesta del nuevo gobierno es más favorable a la segunda opinión, con el matiz de proponer un sistema de becas y crédito educativo para los estudiantes en condiciones económicas desfavorables. Sin embargo, todavía parece necesario abordar el punto en toda su extensión o bien trasladar su debate al Co ngreso de la Unión.

Afianzar la educación básica para todos

Un logro educativo de este sexenio fue generar una oferta de educación primaria equivalente a la cantidad de niños en edad de cursarla, así como elevar los niveles de retención en primaria y de absorción en secundaria a través de diversos programas compensatorios. No obstante, el reto de cobertura que persiste es múltiple: por un lado afianzar el volumen de la oferta de primaria y secundaria para hacer realidad la obligación del Estado de proporcionar educación básica a todos los mexicanos, lo que incluye a la población urbana y rural, aun en zonas de alta dispersión demográfica y a los grupos definidos como de necesidades especiales.

Otro reto es lograr plena correspondencia entre los grados escolares y las edades de los estudiantes, además de asegurar plena cobertura en la educación preescolar para la población de cinco años y avanzar significativamente en los niveles de enseñanza preescolar para los niños de tres y cuatro años, así como extender los programas de educación inicial (atención a los niños de cero a cuatro años). Desde luego, es necesario resolver los severos problemas de rezago y deserción de la educación secundaria. Pero quizás el reto principal en torno al objetivo de una educación básica para todos es conseguir equilibrar los niveles de atención, en calidad y cantidad, entre todas las regiones y grupos sociales que forman el mapa nacional.

Abatir el rezago

Es urgente y un desafío lograr que la población que abandonó la escuela antes de completar el ciclo básico cuente con oportunidades para completarlo y que, a través de programas de educación para adultos, reciba una formación básica de calidad y pertinente para la vida y el trabajo.

No está de más recordar que el actual nivel de rezago educativo es de 35 millones de personas mayores de 15 años sin concluir su educación básica o analfabetas. Por otra parte, según el sexto Informe de Gobierno, el promedio de escolaridad de la población de mayores de 15 años es de 7.7 grados, nivel todavía muy inferior al de los países desarrollados, en donde dicho promedio es prácticamente el doble.

Además, de los jóvenes de 20 a 24 años 55.2 por ciento (área urbana) y 83.6 por ciento (área rural) tienen menos de diez años de instrucción y no están estudiando, y de los jóvenes de 15 a 24 años, 24 por ciento (área urbana) y 31.4 por ciento (área rural) ni estudian ni trabajan (datos tomados de Panorama Social de América Latina, 1999-2000, CEPAL).

Lo que esta información sugiere es la necesidad de un intenso programa de formación de adultos que permita cerrar algunas de las brechas de rezago prevalecientes, en particular que abra oportunidades de terminación de estudios y de adquisición de competencias laborales al segmento de la población económicamente activa en plena edad productiva, y tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Un programa de esta naturaleza tendría que proponer objetivos precisos de calidad, equidad y pertinencia, ser abierto y flexible, convertir los centros de trabajo en espacios educativos y contar con medios eficaces para llegar a la población no integrada a las actividades productivas.

Profundizar el federalismo educativo y la autonomía universitaria

A partir de la transferencia de los servicios educativos a las entidades federativas que se inició con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 (proceso pendiente únicamente para el caso del Distrito Federal), la promulgación de la Ley General de Educación al año siguiente y la creación en 1997 del Ramo 33 (Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal) del Presupuesto de Egresos de la Federación, se ha intentado establecer un nuevo tipo de relación entre la Federación y los estados en la función educativa. Sin embargo, varios temas permanecen sin una definición clara y otros son motivo de preocupación.

A la fecha, el proceso de federalización se ha limitado a la transferencia de recursos y operación de los servicios escolares en los estados, pero no se ha discutido realmente qué tipo de relación es deseable entre los diferentes niveles de gobierno, las atribuciones que les debieran corresponder y sus ámbitos de responsabilidad. Tampoco se ha aclarado cuál es el esquema que habría de seguirse para distribuir los recursos financieros a los estados y qué reservar a la Federación; ni cómo garantizar la correcta aplicación de los recursos y a quién rendir cuentas.

Hasta ahora la distribución se ha conducido más bien bajo criterios discrecionales y poco equitativos. Es necesario que a la brevedad se tomen decisiones y se den los pasos necesarios para darle un mayor alcance y sentido a la federalización educativa, esto es, transitar de un esquema de distribución de recursos a un modelo de descentralización de las decisiones y la operación del sistema.

En el nivel de la educación superior prevalece la distinción entre universidades autónomas e instituciones superiores dependientes del gobierno. No obstante, la autonomía académica de todos los centros de estudios superiores es un objetivo deseable y posible, aunque requiere de nuevos diseños que aseguren su coordinación, así como la existencia de mecanismos generales de evaluación y acreditación que garanticen la calidad de los programas y establecimientos que ofrecen educación superior.

Observatorio Ciudadano de la Educación

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