VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Presentó los fundamentos jurídicos de la iniciativa aprobada por la ALDF


Pide el Gobierno del DF a la Suprema Corte reconocer validez de la ley sobre aborto

Ť Improcedente, la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados locales, afirma

Laura Gómez Flores Ť El Gobierno capitalino solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad de las reformas al Código Penal, que permiten a las mujeres la suspensión de su embarazo en determinadas condiciones, solicitada por un grupo de diputados, y reconozca la validez de esa ley.

Además, presentó, de manera cautelar, las razones y los fundamentos jurídicos que sostienen la iniciativa aprobada el pasado 18 de agosto. Afirma que no contradice lo establecido en la Constitución, pues el producto de la concepción no goza de las garantías individuales establecidas por la carta magna, toda vez que su disfrute solamente corresponde a personas.

El litigio, argumentó, se constriñe únicamente a esclarecer si existe contradicción o no entre una norma general y la carta magna, de ahí su solicitud de sobreseimiento de la demanda presentada por diputados, quienes no cumplieron con un requisito básico establecido en el artículo 105, en el sentido de que cuando menos 33 por ciento de los integrantes de la Asamblea Legislativa la firmaran.

Al incurrir en esta omisión, configuraron la causal de improcedencia de la demanda, turnada para su instrucción a la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero. Además, también hacen una indebida interpretación del artículo 22 del Código Civil del Distrito Federal, al concluir falsamente que el producto de la concepción es una persona con todos los atributos de la ley.

En este sentido, la despenalización del aborto eugenésico se plantea como una posibilidad de permitir a la mujer embarazada que determine libremente la decisión de tener o no un hijo que requiera de cuidados especiales para sobrevivir. "No se pretende atentar contra la vida, sino valorar y respetar la vida de la mujer, quien tiene el derecho constitucional de decidir de manera libre, responsable e informada", destaca.

En el documento entregado a la SCJN se aclara que en el informe de ley, "absolutamente nadie ha señalado estar de acuerdo con el aborto y mucho menos planteado a éste como un método de planificación familiar".

La finalidad de la reforma es evitar que se agudice el grave problema de salud pública que implica en México la realización de miles de abortos anualmente, la mayoría de los cuales se llevan a cabo en condiciones de insalubridad, con serio riesgo para las mujeres que se someten a esa práctica; e implica la reforma la posibilidad de atender con celeridad a las víctimas de violación.