VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2000

Ť La iniciativa incluye reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles


Propondrá el PRD en la Asamblea tipificar como delito la operación de giros negros

Ť Los panistas, sin facultades para promover juicio político contra Dolores Padierna: Clara Brugada

Gabriela Romero S., Raúl Llanos S., Bertha Teresa Ramírez y Susana González Ť Tras reiterar que Acción Nacional está manipulando políticamente la tragedia ocurrida el fin de semana pasado en la discoteca Lobohombo, la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa anunció que propondrá tipificar como delito la operación de giros negros en la ciudad de México.

Alejandro Sánchez Camacho, vocero de la fracción perredista, explicó que para ello se presentará una iniciativa de modificaciones o adiciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles del DF en los artículos 97, 98, 99 y 100. "Se busca otorgar mayores facultades a las jefaturas delegacionales, ya que es necesario que a través de sus representantes legales las 16 jurisdicciones puedan constituirse en coadyuvantes del Ministerio Público y evitar con ello que se realicen actividades contrarias al orden público, ofendan la moral o la tranquilidad públicas".

Agregó que se pedirán sanciones más severas para aquellos propietarios de establecimientos que, sin contar con licencia de funcionamiento, organicen, patrocinen o inciten a otros a realizar actividades que impliquen la existencia de giros negros.

Sánchez Camacho señaló que a diferencia del PAN, "que está manipulando la tragedia", el PRD presenta una propuesta parlamentaria para garantizar que haya seguridad.

Por su parte, Clara Brugada lamentó las declaraciones vertidas por un grupo de diputados locales y federales del blanquiazul, encabezados por Francisco Solís Peón, y les aclaró que no pueden promover un juicio político contra la jefa delegacional en Cuauhtémoc, Dolores Padierna.

"Olvidan que los jefes delegacionales no tienen fuero y su remoción está a cargo de la Asamblea Legislativa, a propuesta del jefe de Gobierno y de los diputados locales, pero no a través de un juicio político", puntualizó.

Más aún, remarcó Brugada Molina, los panistas carecen de calidad moral para cuestionar las acciones emprendidas por la jefa de Gobierno, Rosario Robles Berlanga, en contra de los giros negros. "ƑQué hicieron los panistas, el mismo Vicente Fox, ante tragedia de la Central de Abasto de Celaya, Guanajuato? Respondió que desconocía la existencia de permisos ilegales, así como la corrupción de funcionarios públicos de ese municipio", increpó la perredista.

Por su parte, Padierna Luna dijo que al solicitar su renuncia, la fracción del PAN en la Cámara de Diputados trata de "sacar raja para su molino", ya que si verdaderamente ese partido tuviera un interés genuino de conocer el problema y así ayudar, hubiera aceptado que compareciera ante el pleno de la Asamblea Legislativa".

La propuesta se hizo al pleno, recordó, pero "votaron en contra, pese a que yo ahí explicaría paso a paso lo que ha ocurrido. Sin embargo, se trata de un mero golpeteo político". Respecto a las verificaciones que se harán en algunos giros mercantiles por orden de la jefa de Gobierno, comentó que serán revisiones fast track y "se checará cada asunto de los que están informados en el libro blanco, que de acuerdo con la ley nos orienta en los asuntos más urgentes, y yo tengo que actuar en relación con éstos".

En cuanto a su declaración de que los documentos presentados por los dueños de Lobohombo --licencias-- eran falsos, reiteró que esta información está en el expediente que "entregamos a la PGJDF", dependencia que tendrá que dar su veredicto al respecto.

La funcionaria dijo que "meto las manos al fuego" por su coordinador de asesores, Alfonso Suárez del Real, a quien los dueños de Lobohombo acusan de corrupción.

Por su parte, Suárez del Real negó tales acusaciones y adelantó que en breve se denunciará ante Capea la desaparición de una menor de 17 años, cuya identidad se desconoce, desde el día de los hechos.

Jueces han procedido contra la ley

Para el presidente de la organización México Unido Contra la Delincuencia, Guillermo Velasco Arzac, es evidente que durante muchos años los jueces federales han procedido contra la Ley de Amparo, que "de manera clara y sin lugar a error o interpretación" establece que la suspensión provisional no procederá si provoca "perjuicio al interés social", como es el caso de muchos giros negros.

Sin embargo, acotó que debe realizarse una investigación a fondo para aclarar si efectivamente existía una suspensión provisional de la clausura de la discoteca Lobohombo.

De cualquier manera, dijo, esto representa "algo fortuito", toda vez que en el lugar prevalecieron condiciones de inseguridad desde meses atrás y pudo operar con "la protección de algunos jueces".

Velasco Arzac mencionó que los representantes del Poder Judicial no son los únicos responsables de la ilegalidad con la que han operado los giros negros. Indicó que en los actos de corrupción también han estado involucradas autoridades administrativas. No obstante, se abstuvo de señalar al ex delegado en Cuauhtémoc, Jorge Legorreta, como uno de los probables responsables: "Hay que investigar quién hizo la inspección de Lobohombo y dio la autorización respectiva, no se vale atacar a persona alguna sin fundamento".

A nombre de su organización, Velasco Arzac señaló que debe haber una profunda depuración del Poder Judicial y determinar "un criterio jurídico sólido" que unifique los actos de autoridad, así como impulsar la modificación de leyes y reglamentos en torno a los centros nocturnos.

Sobre el cambio de verificadores de centros nocturnos, manifestó que se necesitan funcionarios confiables y se pronunció por que, en caso de incurrir en alguna irregularidad, sean removidos.