VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Juicio oral en Argentina por el crimen del general constitucionalista chileno

Prats recibió amenazas de muerte antes de ser asesinado

Stella Calloni, corresponsal/I, Buenos Aires, 26 de octubre Ť Cuatro días antes del asesinato en esta capital del general Carlos Prats González y su esposa Sofía Curthbert, en la madrugada del 30 de septiembre de 1974, el militar refugiado en Argentina le confió a Gladys Marín, actual secretaria general del Partido Comunista de Chile, que recibía numerosas amenazas de muerte, y lo mismo había escrito a Hortensia Bussi de Allende, viuda del ex presidente socialista Salvador Allende.

En una charla reciente con La Jornada, Marín recordó aquellos días y admitió que es posible que ella misma haya escapado de la tragedia pues había pensado verse de nuevo con el general Prats.

En estos momentos transcurre en Buenos Aires el juicio oral que se realiza al único detenido por el caso, el ex agente chileno Enrique Lautaro Arancibia Clavel --de la policía política de la dictadura de Augusto Pinochet--, quien usaba, entre otros, el nombre de Felipe Alemparte, para determinar responsabilidades en el asesinato.

Los abogados de la familia Prats, por su parte, solicitaron la extradición del ex dictador Pinochet como máximo responsable de aquel crimen, el pasado 19 de octubre.

"Yo también soy Prats. No nos mataste a todos", le gritó ayer un nieto de Prats a Arancibia Clavel en el juicio oral. No se informó el nombre del joven, que fue invitado a retirarse de la sala.

Apareció también una chilena, Laura Elgueta, que dijo que fue secuestrada en Argentina en 1977, e identificó a sus captores como fuerzas conjuntas parapoliciales, entre quienes estaba Arancibia.

Salvo este incidente, en el juicio no surgió nada novedoso de lo que a través de los años las diversas investigaciones familiares, periodísticas y de organismos humanitarios habían logrado reconstruir.

Esta semana un diplomático chileno, Miguel Poklepovic Klammer, aseguró que el acusado Arancibia Clavel utilizaba la valija diplomática para enviar sus informaciones y correspondencia.

No es ésta tampoco una sorpresa porque cuando en 1978 Arancibia Clavel fue detenido por sus amigos de la seguridad argentina, en plena época de la dictadura militar, en el marco de una posible guerra entre ambos países por un conflicto de límites en el canal Beagle, confesó cuál era su verdadero papel aquí.

Arancibia Clavel fue liberado entonces y el 18 de enero de 1996 volvió a prisión por orden de la jueza María Servini de Cubría, quien lleva el caso Prats aquí, al fundamentar que el crimen del ex general chileno no era una acción individual, sino que involucraba a la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina) de Chile.

Las hijas de Prats, Sofía, Angélica y Cecilia, habían denunciado en 1983 que por las informaciones recogidas, incluso en Estados Unidos, el crimen había sido realizado por la Dina y con cómplices.

En 1995, Servini de Cubría no logró respuesta de Chile a una solicitud para conocer el expediente sobre el asesinato del canciller Orlando Letelier en Washington (septiembre de 1976), donde esperaba encontrar elementos ligados al caso Prats.

Pero el fundamento para detener a Arancibia Clavel estaba dado por los datos obtenidos por la jueza y que surgían de las declaraciones de Michael Townley, agente de la Dina y la CIA y testigo protegido en Estados Unidos, ante el juez italiano Giovanni Salvi, quien llevó adelante un juicio por el intento de asesinato del político democristiano chileno Bernardo Leighton y su esposa, en Roma, en octubre de 1975.

Allí Townley imputó al general Manuel Contreras, jefe de la Dina, al coronel Eduardo Iturriaga Newman y a los ultraderechistas italianos Stéfano Delle Chiae y otros, así como a cubanos de Miami, que participaron también en el asesinato de Letelier.

Asimismo, estaba el informe de los informes de Argentina cuando Arancibia fue detenido en 1978 y encontrados en Chile por la periodista Mónica González, que retomó el Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Chile, donde el agente de la Dina hacía referencia a la criminal Operación Colombo (1975) entre ambos países.

Arancibia mencionaba su trabajo en la Dina de espionaje a chilenos en Buenos Aires, entre ellos Prats. En su casa fueron encontradas fotos de algunos de los 119 desaparecidos chilenos que Naciones Unidas le reclamaba a Pinochet entonces.

Y allí también se explayó sobre sus colaboradores aquí, refiriéndose especialmente a la Alianza Anticomunista Argentina y a la forma como enviaba sus mensajes, gracias a la Secretaría de Informaciones del Estado y a personal de Interpol.

Institucionalizado en 1976 el Plan Cóndor, cuando llegó la dictadura militar argentina, las llamadas "operaciones ilegales" o los "grupos paramilitares" se hicie- ron legales en su tarea de muerte.